'Alarma' que en Jalisco no se soliciten auditorías especiales

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2013).- En las entidades federativas han aumentado las auditorías de desempeño y la mayoría de los Congresos puede solicitar fiscalizaciones por situaciones especiales. No obstante, “alarma que en siete estados”, encabezados por Jalisco, el Congreso local o cualquier ente o persona no puedan solicitar auditorías por situaciones especiales, lamenta el estudio “Auditorías Superiores locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”.

Precisa que sólo en Colima, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León y Yucatán la legislación local establece que las denuncias ciudadanas pueden ser valoradas para ser incluidas en una revisión en el programa anual de auditorías.

En el indicador de “Transparencia de la fiscalización”, el diagnóstico subraya que hay avances de la legislación para dar un fundamento jurídico adecuado a las labores técnicas del órgano fiscalizador, a las auditorías y a sus procedimientos, pero no se han visto acompañados por previsiones para fomentar la transparencia. En este punto, Jalisco obtuvo en la medición cinco puntos de 10 posibles.

“Este concepto presenta un déficit legislativo en la mayoría de las entidades federativas; por ejemplo, no en todos los casos los programas anuales de auditorías son públicos (como ocurre en Jalisco). Además, en algunos casos, la eficacia del carácter público del informe final de resultados de la Auditoría se supedita a que el Congreso concluya la revisión de la cuenta pública”.

En el indicador de “Consecuencias de la fiscalización” se señala que el punto culminante de las labores de una Auditoría local es el informe que contiene los resultados y hallazgos de las investigaciones. Sin embargo, como áreas de oportunidad para mejorar, resalta la ausencia de una obligación expresa para que haya seguimiento a las observaciones, recomendaciones y procedimientos iniciados con motivo de los resultados de las auditorías, aunque puede ser que en la práctica se apliquen.

“En 14 legislaciones se observó esta ausencia: Jalisco, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz”.

El documento menciona las prácticas ejemplares de algunas Auditorías locales en las “Consecuencias de la fiscalización”, pero no figura Jalisco: en el Distrito Federal existe un programa de recomendaciones; Estado de México tiene un sistema digital para dar seguimiento a recomendaciones y procesos, y Colima entrega un informe semestral de recomendaciones.

El promedio general del ordenamiento jurídico sobre la fiscalización superior en el ámbito estatal es de 78.30 puntos sobre 100, pero en este indicador Jalisco está rezagado en la posición 26 nacional, con una calificación de 71 puntos.

El Estado con la calificación más alta es Colima, con 98 puntos. Además, Quintana Roo, Guerrero y Baja California tienen las mejores leyes de fiscalización.

A FAVOR Y EN CONTRA
Problemas y posibles soluciones

Las fallas identificadas

Las leyes de fiscalización locales tienen fuertes deficiencias en puntos clave del proceso de fiscalización porque someten a la voluntad política las decisiones sobre sanciones a funcionarios.

En 16 entidades la ley no obliga al Congreso a dar seguimiento a las observaciones y procedimientos iniciados por la Auditoría; entre ellos está Jalisco.

Las Auditorías y los Congresos no son transparentes ni informan a la ciudadanía sobre los resultados de las auditorías practicadas.

Las Auditorías no publican los informes finales de auditorías en sus portales electrónicos. Si no los difunden, los ciudadanos no pueden conocer el desempeño financiero de sus autoridades.

En 25 entidades federativas las Auditorías deben publicar el Informe de Resultados; sólo siete lo hacen; Jalisco está entre las omisas.

Las Auditorías no publican las sanciones a funcionarios ni el seguimiento a las mismas en sus portales electrónicos. Sólo siete publican información, pero desactualizada o incompleta: Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Zacatecas.

La mayoría de los congresos no publica el dictamen final de la cuenta pública o lo hacen de forma desactualizada. Jalisco destaca por la total opacidad en este tema.

Recomendaciones generales

Reformar los ordenamientos legales para dar plena autonomía a las Auditorías para decidir sobre su gestión interna y resoluciones.

Someter la decisión final sobre la determinación de responsabilidades y el inicio de procedimientos a la Auditoría.

Establecer responsabilidades del Congreso y la Auditoría para dar seguimiento a los resultados del proceso de fiscalización.

Generar obligaciones para una política de apertura y transparencia en documentos clave.

Hacer uso de los portales electrónicos para informar sobre las actividades de fiscalización.

Cumplir la ley respecto a las obligaciones de acceso a la información.

Emplear los portales para incluir a la ciudadanía en el proceso de fiscalización.

Mejorar la coordinación con el sistema judicial estatal para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Crear mecanismos electrónicos o impresos para dar seguimiento a las recomendaciones y sanciones producto de las auditorías.

GUÍA
Por qué el estudio es novedoso

Cuáles son las novedades

No se había realizado un análisis integral de los sistemas de fiscalización superior de las entidades federativas que examinara, en conjunto, el marco normativo, algunas prácticas usadas por los órganos de fiscalización superior y la interacción entre ambos. Este estudio viene a llenar ese hueco.

Además de este enfoque integral, los estudios previos no contemplaban las reformas a la Constitución federal de 2008-2009, que modificaron la naturaleza y autonomía de las Auditorías locales, el nombramiento y duración en el cargo del titular de estas entidades y los principios que guían la función de fiscalización.

Objeto de la evaluación

Los ordenamientos jurídicos básicos en materia de fiscalización superior de las 32 entidades federativas. Se utilizaron las constituciones, leyes, reglamentos y otras normas vigentes al 31 de diciembre de 2012.

Objetivos de la investigación

Elaborar un diagnóstico de la calidad de los ordenamientos jurídicos básicos que regulan la fiscalización superior del gasto público, a través de las cuentas públicas, en el ámbito estatal; hacer una evaluación comparativa entre las leyes mencionadas, identificar los principales problemas y las prácticas ejemplares.

El dinero que se va por la corrupción

“Los gobiernos estatales se han acostumbrado a hacer mal uso de los recursos públicos y los ciudadanos a escandalizarnos temporalmente, pero no hay consecuencias”. Así presentan el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara un resumen ejecutivo sobre el estudio que hicieron a las Auditorías Superiores locales de México, y del que proceden las críticas a la Auditoría jalisciense.

En mayo pasado, al presentar el estudio, el Imco liberó también un gráfico interactivo que permite comparar el “costo de oportunidad” de la corrupción estatal: pone como ejemplo lo que se podría haber invertido en gasto social de acuerdo con los desfalcos de que se acusa a políticos como ex gobernadores de Tabasco, Morelos y Chiapas.

Estos desvíos equivalen, en conjunto, a cuatro mil 286 millones de pesos (mil 900 sólo en el caso del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier). Y así, en gasto social dedicado a salud, ese monto habría servido para financiar el programa de Seguro Popular Siglo XXI destinado a niños menores de cinco años, por dos mil 519 millones; más las Caravanas de la Salud (735 MDP), todas las actividades de prevención contra el VIH/Sida de la Secretaría de Salud (365 MDP), la campaña 2012 de prevención contra la obesidad (300 MDP) y aun el Programa de Atención a Personas con Discapacidad de la dependencia (263 millones de pesos).

El interactivo, alojado en la web en http://goo.gl/e7oH5z, permite hacer el mismo tipo de comparaciones con otros rubros del gasto social, como educación, medio ambiente y seguridad. Y sirve para que el estudio subraye la gravedad de carecer de auditorías superiores estatales confiables, pues, por ejemplo, en el caso de Tabasco, las auditorías locales debían haber permitido, si no advertir a tiempo, sí denunciar el presunto desfalco por el que finalmente fue acusado Andrés Granier.

NUMERALIA
Ejemplos

2,008 millones de pesos del Programa Escuelas de Calidad.

1,000 millones de pesos en laptops para niños en quinto y sexto grados de primaria.

797 millones de pesos del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica.

180 millones de pesos en educación para personas con discapacidad.

43.4 millones de pesos del Sistema Nacional de Educación a Distancia.

30 millones de pesos del Programa Nacional de Lectura.

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