El pasado 27 de agosto, vecinos de la colonia Los Amiales, en Tonalá, comenzaron a escuchar gritos de auxilio: “¡Ya déjenme por favor!”, se lamentaba uno de los cinco hombres torturados en una finca ubicada en el cruce de las calles Crisantemo y Margarita.Tras recibir una denuncia telefónica, la Policía estatal llegó al sitio. Reportó que una de las víctimas había fallecido. Las otras cuatro presentaban lesiones.Jalisco es la Entidad con el mayor número de casos de tortura en lo que va de este año, con 69 (entre enero y mayo), según el informe Galería del horror, de la organización Causa en Común. En esos cuatro meses ya se superaron los 55 de todo 2020. La organización reporta que en el primer cuatrimestre del año hay un aumento considerable en los casos de tortura en todo el país. Pasaron de 86 a 171. Anuar García, presidente de SOS México en su Capítulo Jalisco, considera que el Estado queda a deber en la lucha contra este delito. Recuerda que en 2017 se aprobó una ley para combatir la tortura, la cual exigía la creación de una unidad especializada, pero no se ha puesto en marcha.“Salgo de mi cuarto y veo cómo los policías estaban encapuchados, estaban golpeando a mi padrastro y golpeaban y aventaban a mi mamá. Luego me agarraron, me detuvieron, me sacaron a la fuerza. No me mostraron ningún papel ni orden de aprehensión. Nunca me leyeron mis derechos. Me llevaron detenido y en el camino me iban pegando en la cabeza, en la espalda, me aventaban…”, narró un joven detenido en diciembre de 2019 por elementos de la Fiscalía del Estado, en la colonia San Marcos en Guadalajara. Al llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, los elementos le mostraron videos de personas torturadas y otras prácticas de extrema violencia. Le decían que si no confesaba haberse robado una camioneta le pasaría lo mismo, según se narra en la recomendación 133/2021 emitida en mayo pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y dirigida al fiscal Gerardo Octavio Solís; es decir, casi un año y medio después de que se registrara la detención arbitraria. Entre 2019 y 2020, el organismo recibió 75 quejas por presuntos actos de tortura, pero en sólo seis casos se han emitido recomendaciones. El resto se encuentra en archivo, fue enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se mantiene en periodo probatorio o en recepción de informes, entre otros. En el primer cuatrimestre de este año, la Comisión ha recibido 12 quejas por este delito. No se han emitido recomendaciones. Según el recomendación 133/2021, el joven fue detenido por un supuesto delito de narcomenudeo, “y cada que lo sacaban de donde estaba, lo cambiaban de ropa, le apuntaban en la cabeza con un arma, le cortaban cartucho y le enseñaban una chicharra eléctrica”.El organismo comprobó que los elementos de la Policía Investigadora del Estado agredieron física y psicológicamente al quejoso, “lo que derivó en actos de tortura, así como tratos crueles, inhumanos o degradantes”.En mayo pasado, este medio publicó que en Jalisco hay 65 policías (20 de la zona metropolitana y 45 del interior del Estado) que tienen una orden de aprehensión por abuso de autoridad, principalmente. Además, hay otros 22 amparados, según la Fiscalía estatal.Tras recibir una denuncia anónima el pasado 19 de abril, elementos de la Policía de Guadalajara acudieron a una finca ubicada en la avenida Chapalita al cruce con la calle Capuchinas. Durante el operativo se detuvieron a 33 personas, se liberó a seis más y se aseguraron tres casas de tortura.En el lugar se desató una balacera en la que perdieron la vida dos presuntos delincuentes y una persona más resultó lesionada de gravedad. En lo que va de este año, la Fiscalía del Estado ha informado sobre el aseguramiento de siete fincas utilizadas como casas de seguridad en distintos municipios, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara. Además de Chapalita, las casas clausuradas por la autoridad se ubican en la colonia Colina de los Robles, en Zapopan; en el Fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco de Zúñiga; en Tepatitlán y en la colonia Monumental en Guadalajara. Presuntamente, esta última casa de seguridad fue uno de los primeros puntos a los que fueron llevados los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno, quienes fueron plagiados y asesinados en mayo pasado. Luego de estos hechos, las autoridades han realizado llamados para que la ciudadanía denuncie a los vecinos o las actividades sospechosas que observen en su entorno. Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, declara que, a pesar de que en muchas ocasiones las casas de seguridad son fáciles de distinguir, la ciudadanía tiene miedo de denunciarlas. “Siempre hay manera de distinguirlas. Lo que no hay es confianza en la denuncia. Desde que se hizo el señalamiento de que las corporaciones están infiltradas con el crimen organizado, pues las personas prefieren no denunciar”. Señala que las casas de seguridad han crecido porque es una cuestión sistemática que se ha permitido en la Entidad. “Es por las fallas del sistema de seguridad. Sobre las Policías, muchas están infiltradas por el crimen organizado. Y el Escudo Urbano C5 no funciona, entonces no se tiene una información real”. Agrega que la mala labor por la falta de investigación de la Fiscalía del Estado y los altos niveles de impunidad y corrupción que existen en el Poder Judicial empeoran las cosas. “Es una tormenta perfecta para que todo esto prevalezca y la forma en cómo el crimen organizado ha logrado doblar a las autoridades y a la ciudadanía, con la finalidad de seguir haciendo lo que les dé la gana”.De acuerdo con el Artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. El Artículo 231 puntualiza sobre la notificación del aseguramiento y abandono. “El Ministerio Público deberá notificar al interesado o su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro del aseguramiento para que manifieste lo que a su derecho convenga”.PUNTEOEntre enero de 2020 y hasta mayo pasado, en Jalisco se han registrado mil 161 víctimas de atrocidades: entre fosas clandestinas, calcinamientos, mutilaciones y maltrato extremo, entre otras, según el informe Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos, de la organización Causa en Común.De éstas, 345 corresponden al primer cuatrimestre de este año. El pasado 20 de mayo, la Fiscalía estatal informó que hasta esa fecha se habían extraído 90 bolsas con restos humanos de la fosa localizada en una finca de la colonia Alamedas de Zalatitán, en Tonalá.Jalisco se ubica como la Entidad con más fosas clandestinas a nivel nacional, con 133, de las 509 que se han detectado en todo el país en ese periodo. En el informe se destaca que el dolor que estas atrocidades provocan en las familias y las comunidades debe tener una traducción social, así como institucional. “Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los Gobiernos locales y federal, al menos la resolución de los casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas y reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias, como los bajos sueldos, las prestaciones incompletas, la capacitación deficiente y la infraestructura y equipos inadecuados”. La organización Causa en Común puntualiza que, aunque probablemente los eventos de mayor impacto estén contemplados de alguna manera en las estadísticas oficiales, “no existe en nuestro país, por parte de las instituciones gubernamentales o instancias privadas, un seguimiento sistemático de eventos que puedan ser catalogados como atrocidades”.GUÍATELÓN DE FONDOA cuatro años de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública pusiera en marcha el Modelo Óptimo de la Función Policial, los cuerpos de seguridad presentan una serie de retrasos. En capacitación, de los seis protocolos mínimos de actuación, el avance promedio de todas las Policías del país es de 29.5% de cumplimiento. Las corporaciones están reprobadas en los indicadores de prevención y reacción, violencia de género, uso legítimo de la fuerza, primer respondiente, cadena de custodia y para la atención a víctimas o grupos vulnerables. Jalisco se ubica por debajo de la media nacional, con un promedio de 20%, según el Modelo. De los cuatro mil 315 policías estatales, ninguno fue capacitado en el protocolo de actuación en materia de género, ni en atención a víctimas o grupos vulnerables.La meta para alcanzar el 100% de la capacitación se estableció para 2019; es decir, superan un año de incumplimiento.Con relación a este tema, la Secretaría de Seguridad de Jalisco respondió que “trabaja bajo la premisa de una mejora constante. Desde la Academia se ha puesto mayor énfasis en las materias y cursos relacionados con los derechos humanos, perspectiva de género y estándares internacionales de protección de las personas privadas de la libertad y derechos de las personas indígenas, contra la tortura y malos tratos, así como uso racional de la fuerza”. Sigue #DebateInformador¿Qué opina de las sanciones contra policías acusados de tortura?Participa en Twitter en el debate del día @informador
