La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela una investigación de desempeño finalizada el mes pasado, en la que exhibe las deficiencias para defender a los usuarios de los servicios financieros en México, principalmente por la falta de coordinación entre las autoridades.El resultado de la auditoría se emite cuando los delitos por el robo de identidad están incontrolables en México, ya que este ilícito ni siquiera está contemplado en el Código Penal de la Federación, una falla importante del Congreso de la Unión.“En el periodo 2016-2019, el número de reclamaciones presentadas en la Condusef aumentó a una tasa media anual de 11.9%”, subraya la ASF.Jalisco fue la segunda subdelegación (Estado) con más denuncias ante la Comisión el año pasado, con 693. A nivel nacional fueron cuatro mil 283 reportes.Pero esa cifra se queda corta porque en todo el sistema financiero sumaron 61 mil 015 reclamaciones vinculadas con una posible suplantación de identidad el año pasado, una cifra inédita.Este delito puede consumarse mediante el robo físico de información, por la vía de la apropiación de datos y documentos de identidad de una persona para crear otros en perjurio de la víctima, o por medio de tecnologías de la información, como correos electrónicos falsos en nombre de instituciones reconocidas que pueden contener software malicioso o espía para manipular datos o servicios.Una persona ofrece créditos inmediatos, con pocos requisitos y mensualidades de montos pequeños, a nombre de una determinada institución financiera. El receptor investiga y los datos son “reales”, por lo que acepta enviar información personal y anticipos en efectivo o mediante un depósito a una cuenta bancaria, con la supuesta finalidad de que ese dinero lo usen para apartarle el crédito, las gestiones de gastos por apertura de seguros y las fianzas. El problema es que, cuando el consumidor deposita el dinero, los estafadores desaparecen.Esta es una de las formas más comunes de operar por parte de quienes se dedican a suplantar la identidad de empresas o personas, explica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).Aunque este delito va en aumento, las acciones ejecutadas para proteger a los usuarios son insuficientes, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una auditoría de desempeño finalizada en octubre. El análisis indica que las deficiencias ocasionadas por la poca coordinación entre las autoridades involucradas en la adopción de medidas para inhibir la utilización del sistema financiero mexicano han propiciado esta situación.Además de las fallas en el marco normativo para la identificación de los clientes, se suman la diversidad de los criterios para identificar la suplantación, la limitada promoción de acciones para prevenir el acto ilícito, los deficientes mecanismos para atender a los usuarios y la percepción del cliente de que el tiempo para la atención es elevado.De acuerdo con la evaluación, Jalisco fue la segunda subdelegación con más usuarios atendidos en 2019, con 693 asesorías, mientras a nivel nacional fueron cuatro mil 283. Sin embargo, en todo el sistema financiero se presentaron 61 mil 015 reclamaciones vinculadas con una posible suplantación de identidad en ese año, de las cuales 89.3% se registraron en el buró de las entidades financieras, y el restante 10.7% en la Condusef.“En el periodo 2016-2019, el número de reclamaciones presentadas en la Condusef aumentó a una tasa media anual de 11.9%, cuyo comportamiento correspondió con el aumento de 13% en promedio anual en el número de usuarios que acudieron a la Comisión para presentar su reclamación”.Por otro lado, debido a la pandemia, esta práctica tuvo un alza en el primer semestre de 2020, principalmente por la afectación de las instituciones, con una suplantación de 62 entes financieros (47.6% más comparado con el mismo periodo del año anterior). Tan sólo en octubre, la Condusef alertó sobre la suplantación de identidad de 19 instituciones, de las cuales, tres son de Guadalajara.GUÍALa Condusef señala que las instituciones financieras que se encuentran debidamente autorizadas y supervisadas están siendo suplantadas por “empresas ficticias” que utilizan su razón social y datos corporativos para defraudar.Por ejemplo, una persona usa indebidamente los datos de alguna institución financiera y contacta a los usuarios vía telefónica o por redes para ofrecerles créditos inmediatos y con pocos requisitos.Los que realizan esta práctica aprovechan información verídica de las empresas que suplantan, como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa. Es común que pidan anticipos en efectivo o mediante un depósito a una cuenta bancaria, con la supuesta finalidad de apartar el crédito, gestionarlo o pagar gastos por apertura de seguros o fianzas. Por lo general, indican que este monto es el equivalente al 10% del crédito solicitado. Pero cuando las víctimas realizan los depósitos no reciben el crédito.Las causas por posible suplantación de identidad son: apertura de cuenta no solicitada ni autorizada, crédito no reconocido en el historial crediticio, crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado, así como la inconformidad con el cobro de los productos o servicios no contratados.PUNTEOEstado de cuenta Verificarlo constantemente para identificar movimientos que no recuerde haber efectuado.ContraseñasUtilizar claves que no se relacionen con datos personales como fechas de nacimiento, números telefónicos o nombres de familiares.DocumentosCuando deje de utilizarlos, destruya los documentos que contengan información personal o financiera, o tarjetas de crédito y débito vencidas.Resguardo Todos los documentos personales o archivos electrónicos, así como NIP y claves dinámicas, deben conservarse en lugar seguro para evitar que personas extrañas tengan acceso a ellos.Correos electrónicosSe debe eliminar cualquier mensaje de origen sospechoso o que solicite información personal o financiera. Es mejor no abrirlos y pedir ayuda para erradicarlos.Conexión a sitios webNunca ingrese contraseñas, sobre todo bancarias, en algún sitio al que se llegó por un correo electrónico o chat. Ingrese directamente a la dirección oficial de la institución financiera.Uso de contraseñasNunca envíe claves y NIP por correo electrónico. Y jamás las comparta.A domicilioDeseche invitaciones para dar datos personales, de instituciones financieras o establecimientos comerciales, a cambio de promociones, ofertas o regalos.ComputadorasNo utilice equipos públicos para realizar movimientos bancarios o de compras.Compras por internetVerifique que el sitio que visita sea seguro y confiable. El proveedor debe informar su identidad, denominación legal, políticas de privacidad, así como datos de su ubicación física.La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalla que la suplantación o la usurpación de identidad de los usuarios de los servicios financieros es el acto por el que una persona obtiene, transfiere o se apropia de manera indebida de los datos de otra sin su autorización, usualmente para cometer actos ilícitos.Esto puede materializarse a través del robo físico de información, mediante la apropiación de datos y documentos de identidad de una persona para crear otros en perjurio de la víctima; o por medio de tecnologías de la información, como correos electrónicos falsos en nombre de instituciones reconocidas que en ocasiones pueden contener software maliciosos o espías para manipular datos.El monto reclamado por la suplantación de identidad en 2019 ascendió a mil 282 millones 826 mil pesos, de los cuales 83.2% correspondió a lo reclamado en las instituciones financieras, y 16.8% en la Condusef. El porcentaje de restitución global fue de 38.1 por ciento.La ASF evidencia que la conducta no se ha tipificado a nivel nacional, pese a que se han presentado 12 iniciativas. Y en el ámbito estatal suele vincularse con otros delitos, como el fraude.“A octubre de 2020, no existe en el Código Penal Federal ninguna disposición jurídica que tipifique las conductas delictivas que se denominan robo de identidad. Es quizá una de las razones por las cuales este tipo de conductas han crecido exponencialmente”.Pero en Jalisco la actividad sí está tipificada en el Código Penal: “Quien comete este delito tendrá una sanción de tres a ocho años de prisión, y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.PROTOCOLOAUDITORÍAANÁLISISSERVICIOS FINANCIEROSEn el país hay pocos empleados para atender los casos. Según el análisis, en Jalisco, un empleado atiende a 63 personas por robo de identidad, con un total de 11 trabajadores en promedio.En 2019 se asesoraron a cuatro mil 283 usuarios vinculados con una posible suplantación de identidad, los cuales fueron atendidos por 210 empleados. El 62.1% de los eventos se concentró en cinco subdelegaciones (Metropolitana Central en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Metropolitana Centro Histórico y Chiapas).Al respecto, se considera pertinente que la Condusef elabore un diagnóstico de recursos humanos para identificar la necesidad de personal para atender a los usuarios.La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera indica que, de los 79 millones de personas que conforman la población de entre 18 y 70 años, 68% hace uso de los servicios financieros. De éstos, 10.8% presentó algún problema de clonación de tarjetas, robo de identidad o fraude en los tres años anteriores al levantamiento de la encuesta. Y de ellos, 53.9% de la población que señaló problemas con sus productos financieros fue por robo de identidad, que fue el rubro que presentó más casos, en comparación con la clonación de tarjetas y el fraude.Sigue #DebateInformador¿Qué opina del trabajo de la Condusef?Participa en Twitter en el debate del día @informador