De 889 tomas clandestinas de gas LP detectadas entre 2012 y 2018 por Petróleos Mexicanos (Pemex), 62 corresponden a Jalisco, que lo colocan como la cuarta Entidad con más ordeñas de este hidrocarburo, sólo por debajo de los Estados de México, Puebla y Querétaro, que han registrado 339, 259 y 87, respectivamente.En los últimos años la alerta por la ordeña ilegal de combustible se había concentrado en el robo de diésel y gasolinas, pero el hurto de gas LP viene en aumento. Mientras en 2012 se registraron 71 en todo el país, el año pasado se duplicó a 167.Los operativos del Ejército, el monitoreo y cierre de ductos desde diciembre pasado han provocado que los ladrones de gasolina buscaran otro medio para seguir robando: la extracción ilegal de gas LP. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Armando Guadiana, durante el año pasado, el ducto de gas licuado que va de Cactus en Tabasco a Guadalajara registró la mayor incidencia de ordeñas.Este ducto Cactus-Guadalajara constituye la columna vertebral de la distribución del gas licuado. En México, el transporte por ductos de gas LP depende, en buena medida, del Sistema Nacional de Gas LP Cactus-Guadalajara, el más grande y que representa 67% de la capacidad total de transporte por este medio. Atraviesa siete Estados: Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Jalisco. Por eso son los más afectados por el crimen organizado.En el recuento, entre 2012 y 2015, Jalisco se ubicó en los tres primeros lugares con el mayor número de ordeñas.Según los empresarios gaseros, tan sólo el año pasado, las pérdidas por el robo de gas licuado en el país representaron 13 mil millones de pesos, por lo que solicitan la intervención de la autoridad.El senador agregó que pedirán la lista de compañías que se dedican a las reparaciones de las tomas clandestinas en general, pues se presume que podrían ser también responsables de las ordeñas.Mientras tanto, esta semana podría abordarse el tema del robo de hidrocarburos en el Congreso de la Unión, con la intención de tipificar como grave este delito.Por otra parte, las autoridades de Pemex deberán rendir cuentas también por los presuntos descuentos que se aplicaron a distribuidoras de gas LP de manera irregular por alrededor de 44 mil millones de pesos en el sexenio pasado, los cuales no se vieron reflejados en un beneficio para el consumidor.Tras una revisión a la cuenta pública de 2016 de Pemex, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la empresa estatal productora no presentaba avances significativos en el combate del robo de hidrocarburos.De acuerdo con el análisis de la “Relación de tomas clandestinas del sistema de transporte por ducto”, proporcionada por la Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicios de Ductos de Pemex Logística, se concluyó que no se cumplía con la meta de reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas en el ámbito nacional.En ese año, las pérdidas por robo de hidrocarburos tenían un costo promedio diario de 54.5 millones de pesos, lo que representaba una pérdida anual de 19 mil millones de pesos en promedio, que superaba en tres mil 983 millones a las que se registraron en 2015.A esta cifra se podían sumar también los dos mil 809 millones de pesos que se erogaban para la reparación y saneamiento de tomas clandestinas.En 2016, Pemex anunció acciones para fortalecer la capacidad para combatir el mercado ilícito de combustibles, que incluían inversiones en tecnología de vigilancia para las instalaciones y la red de ductos, así como equipos y recursos para proteger al personal, las instalaciones, la población en general y el medio ambiente.Sin embargo, se señalaba que ya habían transcurrido entre dos y cuatro años sin que los bienes (drones, sistemas de embarcación no tripulados, sistemas de vigilancia, monitoreo, comunicación y operación, vehículos especializados de comunicaciones y equipos de radiocomunicación), por mil 119 millones de pesos, se utilizaran para proporcionar seguridad a las instalaciones de la empresa y la red de ductos. Por ello se emitió una recomendación para que Petróleos Mexicanos documentara y justificara el incremento de tomas clandestinas y en el volumen de combustible robado en el ámbito nacional, pues contaba con un inventario de bienes que deben usarse en actividades de vigilancia, monitoreo y reacción, “y con base en los resultados, se implementen, modifiquen o replanteen las acciones para garantizar la reducción de las tomas clandestinas y el robo de combustible”. El año pasado se estimó un robo por 65 mil millones de pesos.Entre 2012 y 2018, la Policía Federal (PF) decomisó más de 110 millones de litros de hidrocarburos, de los cuales, 50.8 millones se aseguraron en colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex).De los millones de litros de hidrocarburos que aseguró la PF durante ese periodo en las carreteras y zonas de jurisdicción federal, 19.2 millones de litros corresponden a diésel, 17.8 millones a gasolina, 6.1 millones a gas LP y el resto a otros hidrocarburos.Uno de los que registró un alza importante a través de estos operativos fue el gas LP, que pasó de 712 mil litros decomisados entre septiembre de 2015 y julio de 2016, a 2.2 millones de litros de gas licuado de petróleo entre 2017 y 2018.En el informe de rendición de cuentas de la Policía Federal, correspondiente a la administración pasada, la corporación reporta que en colaboración con Pemex se realizaron acciones táctico-operativas contra el robo y venta ilícita de hidrocarburos en diversas Entidades. Además, se aseguraron 652 tomas clandestinas por parte de la corporación federal.Durante ese periodo, la PF y Pemex, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), Hacienda y el Ejército, intensificaron los operativos para desactivar la estructura operativa, financiera y de negocios de organizaciones dedicadas a este delito en las zonas Centro y Noreste del país.En total fueron detenidas 45 personas, entre líderes, operadores y principales colaboradores.En el Noreste se desarticularon dos células delictivas y se logró la detención de 14 personas, mientras que en la zona Centro fueron desarticuladas cuatro células y se detuvieron a 31 personas.Entre 2016 y 2018, la ordeña ilegal de gasolina se quintuplicó en Jalisco al pasar de 306 a mil 550 tomas. En total, en esos tres años se registraron dos mil 386 tomas clandestinas, que lo colocan en el séptimo lugar a nivel nacional, de acuerdo con datos de Pemex.En el mismo lapso, las Entidades que se encuentran por arriba del Estado son Guanajuato, con cinco mil 080; Puebla, con cinco mil 038; Hidalgo, con tres mil 529; Tamaulipas, con tres mil 343; Veracruz, con tres mil 218, y Estado de México, con dos mil 976.En lo que va de este año, con corte al pasado 21 de enero, en el país se han detectado 569 tomas ilegales, de las cuales 164 fueron localizadas en Hidalgo.Apenas el pasado jueves, la Fiscalía General de la República aseguró una toma clandestina en Zapotlanejo y una camioneta abandonada con combustible. Además, se aseguró otro camión abandonado en el municipio de Ayotlán, en el cual había seis contenedores de mil litros al 90% de su capacidad con combustible.El pasado 19 de enero, este medio reportó que el Ministerio Público Federal en Jalisco abrió seis carpetas de investigación por la existencia de 12 tomas clandestinas en el Estado, en el poliducto Salamanca-Guadalajara.Las primeras dos fugas fueron en el poblado La Paz, en Zapotlanejo, seis tomas en Tlajomulco de Zúñiga y otras dos en Tala. La onceava ordeña fue localizada en El Salto y, la última, en Zapotlanejo.Sobre las ordeñas registradas a nivel nacional, Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, puntualizó en días pasados que, en 2016, Puebla ocupó el primer lugar con el mayor número de tomas reparadas, con mil 533; seguido de Guanajuato, con mil 309, y Tamaulipas, con 942 tomas ilegales.En 2017, Guanajuato ocupó el primer lugar, con mil 852 ordeñas.El director de Pemex explicó que de las tomas clandestinas registradas en Hidalgo en 2017, 38 se detectaron en Tlahuelilpan, donde se registró una fuga y posteriormente una explosión del ducto de gasolina Tuxpan-Tula, que ha provocado la muerte de 125 personas, aunque hay más en estado de gravedad.De las tomas detectadas durante el año pasado en esa Entidad, 23 fueron reportadas en Tlahuelilpan.* Al corte del 21 de enero.Fuente: Pemex.TELÓN DE FONDOTras los hechos ocurridos en el poblado de Tlahuelilpan, se reavivó la propuesta para que el huachicol sea considerado como delito grave.Andrés Manuel López Obrador anunció en diciembre pasado que quienes incurran en robos de combustible no tendrán derecho a fianza. En días pasados, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, destacó que es necesario que se avance en este tema, con el objetivo de evitar una “puerta giratoria” en los reclusorios; es decir, que los señalados no puedan enfrentar el proceso en libertad.Esto, debido a que se tienen alrededor de mil 800 carpetas de investigación por la sustracción y venta ilegal de combustible. Insistió en que es necesario que se modifique el Artículo 19 constitucional para que el robo de hidrocarburos se tipifique como delito grave.Sigue: #DebateInformador¿Detecta anomalías en la compra de gas LP?Participa en Twitter en el debate del día @informador
