El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el cierre del complejo penitenciario de las Islas Marías, ubicado a 110 kilómetros de las Costas de Nayarit, con la intención de que la zona se convierta en un centro cultural y de educación ambiental. Sin embargo, no es la única prisión que se cierra. En el comparativo 2000-2018, un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados confirma que han dejado de operar 133 reclusorios en las tres jurisdicciones federal, estatal y municipal.Las cárceles enfrentan dos escenarios. Aunque los centros federales no tienen una sobrepoblación, el hacinamiento es evidente en centros metropolitanos a cargo de los Gobiernos estatales. Por otra parte, ante las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, autoridades se han visto obligadas a cerrar los centros penitenciarios por las anomalías detectadas.En el país han dejado de operar 133 centros penitenciarios. Mientras en el año 2000 se tenían 444 prisiones, el año pasado bajaron a 311, cifra que continuará a la baja con la desaparición de los módulos del complejo penitenciario de las Islas Marías. Lo anterior significa el cierre de siete prisiones cada año, en promedio, en el país.En 2016 ya se presentaba una reducción importante, al contar con 366 cárceles. De éstas, 17 eran Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y 278 estatales, conocidos como Centros de Reinserción Social (Ceresos), así como 71 cárceles municipales, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados.El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explica que la finalización de las actividades en las prisiones se debe a una serie de recomendaciones realizadas por las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos, con el propósito de tener mejores medidas de seguridad, control y trato digno a las personas privadas de la libertad. Sin embargo, también incide el nuevo sistema de justicia penal.Hoy, los centros penitenciarios con mayor sobrepoblación se ubican en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Puebla.Según la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad, la población carcelaria se ubica en 217 mil 650 internos.Debido a que los Ceferesos tienen lugares desocupados, en el total de las cárceles federales se pueden albergar hasta 15 mil internos.En el diagnóstico del Cesop correspondiente se señala que México ocupa el séptimo lugar en población penitenciaria a nivel mundial, mientras que Estados Unidos se mantiene en el primer puesto, con más de dos millones de reos.En el documento se puntualiza que, de los más de 200 mil internos que se tienen en los centros penitenciarios en México, más de 45 mil se encontraban recluidos por delitos del fuero federal, mientras 192 mil por ilícitos del fuero común. “Ello significa que ocho de cada 10 internos son procesados o sentenciados por delitos de competencia local (principalmente robos y homicidios). También se remarcó que cinco de cada 100 internos eran mujeres. “Y del total de presos, 40 de cada 100 no tenían sentencia condenatoria”.En el tema del presupuesto se reporta que el gasto de los Ceferesos supera los 4.6 millones de pesos diarios en promedio, en tanto que el de los centros estatales rebasa los 32.4 millones de pesos. Los recursos se destinan al pago de los salarios de los custodios, alimentos, medicinas, indumentaria, uniformes, energía eléctrica, combustibles, mantenimiento de inmuebles, labores educativas, artísticas, deportivas y culturales.GUÍALa Comisión de Readaptación y Reinserción Social del Congreso de Jalisco confirmó el año pasado que los centros de reclusión requieren urgentemente nuevas plazas de custodios y guardias, debido a la sobrepoblación.Precisó que lo anterior pudiera provocar desorden en su interior y hasta motines, por lo que se recordó al Gobierno de Jalisco la pertinencia de contratar 650 custodios.La comisión legislativa envió un documento que reforzaba el diagnóstico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en donde se sugiere aumentar el número de efectivos encargados de la seguridad y el orden de los penales. El objetivo es tratar de evitar mayores problemas de inseguridad al interior.Destaca que el Reclusorio Preventivo de Guadalajara es uno de los principales centros penitenciarios del Estado. Al concluir 2015, el año previo al arranque del nuevo modelo penal acusatorio, había siete mil 385 personas privadas de su libertad en ese inmueble, que está diseñado para albergar a dos mil 992. El año pasado, la Fiscalía de Reinserción Social reportó cinco mil 953.Ante esa saturación, la alerta es que se contraten más custodios para evitar conflictos, como motinesLa Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó por la sobrepoblación que hay en dos centros penitenciarios jaliscienses con capacidad menor a 250 espacios. En la Entidad hay seis espacios ubicados en esta categoría.El informe especial sobre los “Centros de reclusión de baja capacidad instalada en la República Mexicana”, indica que el centro penitenciario de la Ciénega, de Chapala, está en riesgo “crítico”, al contar con 154 internos, cuando la capacidad es de 84 espacios. Esto significa que el inmueble no tiene la infraestructura para una estancia digna y un desarrollo adecuado.También alerta sobre el centro de Los Altos Norte, ubicado en Lagos de Moreno. Este sitio tiene una población de 96 personas, pero el límite es de 84 internos.En los centros de Autlán de Navarro, Tepatitlán de Morelos, Valles de Ameca y Tequila no se rebasa el número de internos. Cada uno tiene 84 espacios.Si un centro presenta sobrepoblación no se puede garantizar el “cumplimiento mínimo de las normas reguladoras de la vida en prisión, favoreciendo un ambiente inadecuado para el éxito de su función, que cuando menos debiera traducirse en otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción social”, destaca la CNDH.Algunos criterios básicos que se deben cumplir son: una cama por recluso, los regímenes carcelarios que permitan un mínimo de ocho horas fuera de la celda, posibilidades de hacer ejercicio físico, derecho de participar en actividades recreativas que promuevan el bienestar, espacios con higiénicos, dieta alimenticia, atención especial a mujeres, así como la clasificación para las personas en condiciones de vulnerabilidad.RadiografíaEn 2017 ingresaron seis mil 306 personas a los centros penitenciarios de Jalisco. De esa cifra, cuatro mil 952 ingresos fueron por delitos del fuero común, 616 por delitos del fuero federal y 738 por ambos.La sobrepoblación, hacinamiento e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, fueron los principales señalamientos a las prisiones jaliscienses, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, estas condiciones vulneran la integridad personal de los reos.El informe indica que la Comisaría de Sentenciados del Estado de Jalisco, la Comisaría de Prisión Preventiva y la Comisaría de Reinserción Femenil tienen una capacidad para seis mil 137 personas, pero suman una población de 12 mil 797 reos. El doble de lo permitido.En el documento advierten sobre la falta de personal de seguridad y custodia, las fallas en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno y cogobierno), la presencia de actividades ilícitas y cobros irregulares, como extorsión y sobornos. Esto propicia que las áreas de gobernabilidad y reinserción social sean deficientes.También alertan sobre las malas prácticas en la separación de procesados y sentenciados, la insuficiencia o inexistencia de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de cada centro, las fallas en las condiciones higiénicas en áreas médicas, cocinas y/o comedores, así como la insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación.En contraparte, los reclusorios de Vallarta y Ciudad Guzmán resultaron mejor calificados. El primero, con una capacidad para mil 608 reos, registra una población de 661 personas.Irregularidades con mayor incidencia ne prisiones federales16 cárceles con personal insuficiente. 14 con insuficientes actividades laborales y de capacitación. 14 con deficiencias en la atención al derecho de protección de la salud. 13 con deficiencias en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 11 con deficiencias en el otorgamiento del equipo de apoyo para personas adultas mayores que requieren bastones, muletas y sillas de ruedas, y falta de talleres adecuados para este sector. 10 con deficiencias en la vinculación de las personas privadas de la libertad con la sociedad. 8 con deficiencias en la separación entre procesados y sentenciados. 6 con deficiencias en las actividades educativas. 6 con problemas en las actividades deportivas. 6 con fallas en la prevención de incidentes violentos. 6 con deficiencias en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 5 con prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de que sean detectadas. 5 con una deficiente integración del expediente técnico-jurídico.Avances20 cárceles presentaron avances en la clasificación de las personas privadas de la libertad. 20 prisiones tienen logros en la ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del centro. 20 en la inexistencia de actividades ilícitas. 18 cuentan con adecuado número de internos en relación a la capacidad del centro. 16 con capacitación del personal penitenciario. 16 mejoraron en la normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables). 15 con existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro. 15 con condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 14 con condiciones materiales e higiene del área médica. 14 con buena distribución de personas privadas de la libertad. La última evaluación a las cárceles municipales resultó reprobatoria. Según el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 12 cárceles municipales recibieron un promedio de 3.57 puntos, lo que significa que salieron con señalamientos en los cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad personal del interno, aspectos que garantizan una estancia digna, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social del interno y los grupos con requerimientos específicos.Los puntajes de los centros municipales son: Colotlán (3.39), Zapotlanejo (4.29), Ocotlán (3.04), La Barca (3.86), Zacoalco de Torres (2.91), Tala (3.10), Sayula (4.07), Cihuatlán (3.18), Jalostotitlán (4.04), Mazamitla (3.91), Arandas (3.77) y Atotonilco El Alto (3.25).La capacidad de los centros es para 286 personas, un promedio de 24 espacios por cárcel. Entre las fallas más graves destacan los servicios de salud, la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia de programas para la atención de incidentes violentos, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y deficiencia en la atención a personas internas en condiciones de aislamiento.El Reclusorio Preventivo de Cihuatlán es el que tiene más personas recluidas, con 51 hombres y dos mujeres. La capacidad en ese espacio es para 41 varones y una mujer.Mejoran calificaciónTELÓN DE FONDOEl Reclusorio Metropolitano no opera en su totalidad. Este medio publicó en septiembre de 2018 que el espacio no estaba terminado, pese a que fue inaugurado desde 2013, con una inversión de mil 700 millones de pesos.La prisión, diseñada para mil 700 internos, tendría los más altos estándares de seguridad y tecnología, necesarios para albergar a los delincuentes de mayor peligrosidad; sin embargo, la pasada administración reconoció que quedaría como un pendiente para el Gobierno estatal entrante.CLAVESPoblación. En Jalisco, la población privada de la libertad, de 18 años y más, es de 16 mil 14 personas, según el último corte del Inegi. La cifra contempla los centros penitenciarios municipales, estatales y federales. De las personas recluidas, 96.4% son hombres y 3.6% son mujeres. El 70.1% de la población reclusa tenía entre 18 y 39 años de edad.Hacinamiento. Siete de cada 10 personas privadas de la libertad en el Estado compartió su celda con más de cinco personas. De ellas, 76.2% tenía cama propia, 98.5% contó con energía eléctrica y 75.1%, con agua potable.Actividades. El 85.6% de la población privada de la libertad realiza actividades de trabajo. De esa cifra, 71.6% se comercializa al exterior y solamente 28.4% de los servicios se queda en el interior del centro.Corrupción. De cada mil personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Jalisco, 365 internos fueron víctimas de algún acto de corrupción. El 74.3% dijo que padeció malas prácticas en el arresto.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina de la sobrepoblación penitenciaria en el núcleo de Puente Grande?Participa en Twitter en el debate del día @informador
