Tren parlamentario

El terremoto y el tsunami que acaban de meter a Japón en una tragedia histórica, deberían situar a países como México bajo condiciones de gran alerta. Y a poner en guardia a todas las instituciones del Estado mexicano encargadas de prever daños que, ya se están viendo, podrían ser lo suficientemente dolorosos y perjudiciales como para detener la marcha de todo un país.

Ese fenómeno natural que ha azotado al país asiático tiene visos de cataclismo, sin duda. El mar se metió 24 kilómetros, devastó una ciudad y puso en condición de gran vulnerabilidad a una central nuclear. Y tan gravemente trastornó el terremoto, decían ayer voces de la comunidad científica internacional, que el eje del globo terráqueo se movió unos cinco centímetros.

Cuando hablamos de instituciones, nos referimos, evidentemente, a los ejecutivos Federal, estatales y municipales, y a los poderes legislativos federal y estatales, que son los que tienen que atender  en lo inmediato lo que sucede en el mundo y ponerse a trabajar con celeridad, atendiendo sabidurías y consejas como el que dice que quien vea a las barbas de su vecino cortar que pongas las suyas a remojar.

El planeta entró desde hace unos años en situación de gran turbulencia. Unos dicen que por cambios climáticos derivados de una contaminación infame y recurrente desde los tiempos de la revolución industrial. Otros, que por el Sol, que ha entrado en una fase de graves perturbaciones. Y los más, que ambas cosas.

En México, los fenómenos naturales han recrudecido sus efectos a partir de no hace más de 10 años. Las heladas son más frías y letales, como las que se presentaron en noviembre y diciembre de 2010 en el Centro, Occidente y Sur del país, y las de enero de este año en el Norte. Las lluvias de los últimos años se han transfigurado en diluvios devastadores.  Cada año, la temporada de huracanes se presenta más temible, y entidades federativas como Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se enfrentan  en cada ciclo lluvioso a lo inédito, con efectos que escalan. Y las sequías no se quedan atrás. Son más letales, y los calores que las acompañan amagan con hacer regresar plagas y enfermedades que el Estado mexicano había abatido hace décadas.

Desde hace, cuando menos, un año, en la Cámara de Diputados se han escuchado voces de algunos legisladores que advierten, no sin alarma, que el Poder Legislativo debería prepararse para prevenir los efectos de un cambio climático que ya nadie puede soslayar, porque, hacerlo, simple y sencillamente sería hacer lo que hace el avestruz, que mete la cabeza en un agujero para no ver el peligro que se le acerca.

En lo que va de la LXI Legislatura (desde septiembre de 2009), los diputados federales han atendido el tema de manera parcial y no de frente; con endebles, pues, y no contundentemente. Verbigracia: apenas el Pleno de San Lázaro se ha dignado a crear la Comisión Especial en Materia de Protección Civil y la Comisión Especial para el Cambio Climático.

¿Esto es mucho, es poco? Cuando se crea una comisión especial, casi siempre lo que los diputados quieren decir a la población es que se ocupan de los problemas y que los van a atender. Sin embargo, estas comisiones con apodo de especiales nacen jurídicamente tan acotadas, tan limitadas, tan débiles, que más bien suelen, la mayoría de las ocasiones, en servir de apariencia, farsa, o engaño, porque sólo se dedican a analizar y proponer. Y sus trabajos de investigación no están sustentados con equipos de especialistas, porque nomás no tienen presupuesto.

Cuando las comisiones no son especiales, pero sí ordinarias, entonces sus alcances pueden ser muy distintos. Siendo ordinarias, pueden, por ejemplo, legislar, hacer leyes, dictaminándolas. Y participar, totalmente, en el proceso legislativo de toda iniciativa de ley.
El 25 de noviembre de 2010, el diputado federal del PRI, Alejandro Moreno Merino, presentó a la asamblea de San Lázaro una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, en la que propone que la Comisión Especial de Cambio Climático se convierta en comisión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Entonces, en la tribuna, el priista argumentó que se podría diseñar y mejorar el marco normativo “que responda a los retos de un medio cambiante”, que mitigue los efectos del cambio climático.

Han pasado desde entonces cuatro meses, pero la comisión que estudia la iniciativa de reforma no ha dictaminado; no porque no lo quieran los diputados que la integran, sino porque los coordinadores de los grupos parlamentarios más grandes no lo han querido. Como tampoco han querido estos que la Comisión Especial en Materia de Protección Civil cambie su estatus a comisión ordinaria, como lo han estado solicitando desde enero de este año, reiteradamente, diputados del PAN, PRI y PT.

Pedro Vázquez, del PT, ha solicitado el cambio de hecho desde abril de 2010. Y el 10 de enero de 2011, los legisladores Fernando Morales Martínez, del PRI, y Enrique Torres Delgado, del PAN, pidieron exactamente lo mismo a la Junta de Coordinación Política, que ahora preside Josefina Vázquez Mota.

En su argumentación, los dos dijeron que el país ha sido golpeado por numerosos desastres naturales en 2010, y consideraron que “debido al cambio climático este 2011 será similar”.
Nadie les ha contestado. Presumiblemente, porque andarán muy metidos en las elecciones que vienen, y no observan que, literalmente, el tiempo se ha nublado.