La orden para desclasificar los documentos oficiales fue firmada la víspera por el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, como parte de la respuesta del gobierno al litigio legal pendiente contra programas de espionaje similares. Los documentos indican que bajo el gobierno de Bush, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y el Departamento de Defensa condujeron actividades de monitoreo de llamadas telefónicas y de contenido en internet. Bush autorizó a ambas entidades a utilizar "todas las capacidades" a su disposición para recolectar información en el exterior "por medios electrónicos", a fin de prevenir actos de terrorismo, de acuerdo con la orden ejecutiva que firmó el 4 de octubre de 2011. El programa consistió en la recolección indiscriminada del "contenido" de "ciertas comunicaciones internacionales", tanto en llamadas telefónicas como en la red internet, lo que en el argot técnico es conocido como "metadata". La desclasificación de los documentos fue resultado de la batalla legal sobre ese programa, tras las dos demandas interpuestas contra el gobierno después de que el presidente Bush reconoció su existencia en diciembre de 2005. Una corte ordenó al gobierno revisar la información anterior que se mantenía clasificada para proteger fuentes y métodos, y redactar una versión desclasificada de esos documentos.
