BUENOS AIRES, ARGENTINA (02/AGO/2016).- Un juez reactivó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en contra de la ex presidenta Cristina Fernández por el presunto delito de "traición a la patria", pese a que fue cerrada por las máximas instancias judiciales por falta de pruebas. El juez Claudio Bonadío, declarado opositor de la ex presidenta, aceptó este martes como querellantes en la causa a familiares de las víctimas del peor atentado terrorista sufrido en Argentina. Bonadío, quien ya procesó a Fernández de Kirchner en otro caso judicial en el que la acusa de "perjuicio a la administración pública", intenta de esta manera desarchivar un expediente plagado de inconsistencias. Nisman fue el fiscal que durante 10 años encabezó la investigación del ataque ocurrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos. El 14 de enero del año pasado, el fiscal sorprendió a la opinión pública al denunciar que Fernández de Kirchner había negociado la impunidad de los iraníes acusados del atentado. Nisman aseguró, en un documento de casi 300 páginas, que el Memorándum de Entendimiento que firmaron Argentina e Irán a principios de 2013 pretendía ocultar turbias negociaciones de intercambio de granos argentinos por petróleo iraní. Según el fiscal, para poner en marcha nuevas relaciones comerciales, el gobierno argentino ofreció el cese de las órdenes de captura internacional que pesaban en contra de ex funcionarios de la República islámica vinculados con el ataque. El escándalo mutó en conmoción cuando, cuatro días después de haber presentado su denuncia, Nisman fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento, en un caso que todavía no se ha podido determinar si fue suicidio o asesinato. Con Nisman muerto, la denuncia contra la ex presidenta fue reimpulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pero el juez que quedó a cargo del caso, Daniel Rafecas, decidió no iniciar ninguna investigación al considerar que no había elementos para sustentar sus acusaciones. Pollicita insistió y apeló el fallo de Rafecas con el apoyo de otro fiscal, Germán Moldes, quien llevó el caso hasta la Cámara Federal, la cual volvió a rechazar, con dos votos contra uno, la posibilidad de comenzar una causa. En su fallo, la Cámara fue especialmente crítica con la falta de seriedad con la que trabajó Nisman para armar un expediente contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otros dirigentes sociales, sin contar con las pruebas pertinentes. La última opción que tenía Moldes era llegar a un tribunal superior, que es la Cámara de Casación, para que de ahí pasara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano de justicia del país. Sin embargo, Javier de Luca, fiscal de la Cámara de Casación que quedó a cargo de analizar la denuncia, coincidió con las instancias previas y consideró que no se debía iniciar investigación alguna en contra de la ex presidenta porque no había fundamentos. De esta manera la denuncia de Nisman fue cerrada, pero con Fernández de Kirchner fuera del poder y acosada por múltiples denuncias por presunta corrupción, Bonadío quiere acumular más acusaciones en su contra.
