Proponen en California iniciativas para legalizar a inmigrantes

SAN DIEGO, CALIFORNIA (05/FEB/2012).- Más de un  millón de indocumentados quedarían a salvo de la deportación y tendrían incluso la oportunidad de ser legalizados si prosperan dos iniciativas de ley en California, aun cuando se trata de un camino aún repleto de vericuetos.  

Una de las propuestas que podría incluirse en las elecciones de noviembre próximo es la Ley de Oportunidad y Prosperidad de California (COPA).  

La COPA demanda como requisitos que los trabajadores indocumentados hayan pagado impuestos, carezcan de antecedentes penales, y hablen o al menos estudien inglés para alejarse del riesgo de las deportaciones.  

En caso de aprobarse, la COPA pedirá al Departamento de Seguridad Interior (HSD) que se dé la oportunidad de prosperar a por lo menos un millón de indocumentados en California que cubren esos requisitos.  

A su vez, el legislador Manuel Pérez, de los valles Imperial y Coachella, la región más empobrecida y de mayor desempleo del país, propone que hasta 2.5 millones de indocumentados en California permanezcan y trabajen con base en el plan de "trabajadores huéspedes".  

La propuesta de Pérez, llamada Ley de Trabajos Agrícolas y Estabilización Industrial, dice que para reactivar la economía y generar empleos, California debe impulsar la industria agrícola.  

El sector agrícola es el motor económico y descansa casi totalmente en trabajadores mexicanos.  

Los valles Imperial y Coachella se perfilan conjuntamente como la Mecca de la energía solar en el país. Esto debido a que el Departamento de Energía prevé inversiones hasta por dos mil millones de dólares en proyectos solares y eólicos en la región, aun cuando hoy día el desempleo ronde el 30 por ciento.  

Pérez opina que en tanto una reforma migratoria nacional permanece sin avances en el congreso, la economía de California, el estado más poblado y más rico del país, debe reactivar y contribuir a la nación.  

La iniciativa COPA también propone que California encabece cambios entre los estados, mientras la reforma migratoria nacional sigue sin avances.  

COPA comenzó a reunir unas 504 mil firmas de electores empadronados, un requisito para integrar la propuesta en las boletas electorales de noviembre próximo.  

Si se aprueba, el plan considera con base en cálculos de la Universidad de California (UC) que podría beneficiar a un millón de indocumentados que incrementarían contribuciones tributarias hasta por 325 millones de dólares por año.  

Aunque algunos opositores, especialmente republicanos, opinan que se trata de una "amnistía",  el plan sólo solicita al gobierno federal que los inmigrantes que fueran beneficiados puedan evitar deportaciones.  

La COPA demanda que el Departamento de Seguridad Interior (HSD) considere a los inmigrantes en el programa como los de menor riesgo y necesidad de expulsión del país.  

La iniciativa es similar en algunos aspectos a una ley que aprobó el estado de Utah en 2011, la primera en el país que concederá a partir del primero de enero del 2013 la clasificación de "trabajadores huéspedes".  

Los requisitos para que los inmigrante se acojan a la COPA son haber vivido en California de forma permanente desde antes del primero de enero del 2008, haber pagado impuestos por ingresos anuales, dominar o estar aprendiendo inglés, y carecer de antecedentes penales.  

De manera adicional los migrantes que se acojan al plan pagarían una tarifa que haría autosuficiente el proyecto.  

Entre los proponentes figuran el asambleísta estatal y autor de la propuesta Felipe Fuentes, el presidente de la bancada latina en la legislatura estatal, Tony Mendoza, los legisladores Gil Cedillo, Ben Hueso y el senador estatal Kevin de León.  

Además, las organizaciones Proyecto de Registro Electoral del Suroeste, el centro de Recursos Centroamericanos, la Asociación Política México Americana, el Concilio de Federaciones Mexicanas, y la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, y otros.  

El texto de la COPA señala que a diferencia de otras propuestas -principalmente antiinmigrantes- que han estado aletargadas en tribunales del país, el Acta de Prosperidad no enfrenta demandas pues deja intactas las leyes y prerrogativas federales.