Piden que acaben deportaciones de indocumentados

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (13/MAY/2013).- Grupos sindicales y activistas pidieron hoy al presidente, Barack Obama, que ordene el cese inmediato de las deportaciones de inmigrantes indocumentados que podrían tener derecho a una legalización de su estatus.

"Las deportaciones deben terminar, y deben terminar ahora mismo", dijo en una teleconferencia Ana Avendaño, portavoz en temas de inmigración de la central sindical AFL-CIO.

El Senado ya ha comenzado el proceso de enmiendas de un proyecto de ley, elaborado por un grupo de senadores demócratas y republicanos, que buscará resolver la situación de cerca de once millones de extranjeros que se calcula viven y trabajan en EU. sin los documentos apropiados.

El Gobierno de Obama ha declarado que su prioridad es la detención y deportación de inmigrantes que cometan delitos graves, pero desde 2009 ha mantenido un ritmo de deportaciones de más de 300 mil personas cada año.

Los activistas sostienen que, en muchos casos, las personas son detenidas debido a infracciones menores por las autoridades locales, que las ponen en manos de las autoridades federales para ser deportadas.

"El movimiento a favor de la reforma de inmigración es imparable y aun quienes estamos habituadas a trabajar en campañas políticas en Washington estamos sorprendidas por el ímpetu que ha seguido creciendo", dijo Avendaño.

"Día a día los trabajadores sufren la situación actual", continuó la portavoz sindical. "Si denuncian una violación de las leyes laborales, bien pueden terminar en manos de la policía local y la posibilidad de la deportación".

"El mercado laboral, especialmente en el nivel de los sueldos más bajos no se estabilizará hasta que todos los trabajadores tengan los mismos derechos", añadió.

El trámite de la reforma migratoria encara en la Cámara de Representantes -donde los republicanos tienen mayoría- dificultades aún más grandes que en el Senado, y mientras tanto "Obama puede ejercer sus atribuciones para cesar las deportaciones", afirmó Thomas Sáenz, del Fondo Mexicano de Educación y Defensa Legal (MALDEF).

"El presidente puede hacerlo mediante un decreto, o con órdenes al Departamento de Seguridad Nacional para que no se inicien los trámites de deportación de personas que, si se aprueba la reforma legal, calificarán para la residencial legal".

"Lo que hay ante el Congreso es una iniciativa bipartidista con amplio apoyo de los dos partidos y en la opinión pública", añadió. "Desafortunadamente, a nivel local, continúa la detención, procesamiento y deportación de posibles candidatos para la legalización".

Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros (NDLON, por su sigla en inglés), enfatizó que "Obama no puede ser simplemente un espectador en este proceso".

"Hay en el Congreso el ímpetu para adecuar las leyes de inmigración con las realidades sociales y económicas del país", dijo Alvarado, que agregó mientras en Washington se discute hay millones de "personas en todo el país que han bregado durante más de una década por la igualdad política".

"Este Gobierno se ha fijado una cuota de 400.000 deportaciones anuales y, como resultado, la mayoría de los deportados no son pandilleros, son trabajadores", continuó Alvarado, quien dijo que hay empleadores que "usan la situación para robarles a los trabajadores sus salarios y sus derechos".

"Para el Gobierno, las personas deportadas pueden ser nada más que una estadística (...) para nosotros son nuestros hermanos y hermanas", concluyó.