Congresistas piden que EU niegue visa a hijo de Fidel Castro

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (12/JUL/2013).- Un grupo bipartidista del Congreso de Estados Unidos pidió hoy al secretario de Estado, John Kerry, que niegue una visa de entrada al país a Antonio Castro, hijo de Fidel Castro, quien prevé sumarse al equipo de béisbol cubano en una justa deportiva la próxima semana.

En una carta dirigida a Kerry, los legisladores republicanos de Florida, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz Balart, y el demócrata de Nueva Jersey, Albio Sires, dijeron estar "profundamente preocupados" de que Estados Unidos pueda dar una visa de entrada a Antonio Castro, quien se sumará al equipo durante la serie universitaria internacional la próxima semana.

En la misiva, los legisladores, todos de origen cubano, señalaron que Castro acompaña con frecuencia a los jugadores de béisbol cubanos que viajan al exterior "para intimidarles" e impedir su deserción.

"Los hermanos Castro y sus familiares representan un régimen opresivo que priva al pueblo cubano de sus derechos humanos y libertades básicas", afirmaron en la carta.

Los legisladores ya habían criticado la concesión de visas de entrada a Estados Unidos a Josefinal Vidal Ferreiro, directora de Estados Unidos de la cancillería cubana; a Mariela Castro, hija del gobernante Raúl Castro, y al historiador de La Habana, Eusebio Leal.

Para los legisladores, la concesión de una visa al hijo de Fidel Castro y sobrino de Raúl Castro, "minaría nuestros esfuerzos por promover la democracia y la libertad dentro de la isla, y perjudica nuestra política de larga data de fortalecer los vínculos con el pueblo cubano y aislar a sus opresores".

El Departamento de Estado tiene como política no comentar ni sobre las solicitudes de visa para viajar a Estados Unidos ni sobre las decisiones que toma al respecto.

Los congresistas destacaron que sería especialmente un error dar la visa a Antonio Castro cuando el Gobierno cubano mantiene en prisión al subcontratista estadounidense Alan Gross, detenido en Cuba desde diciembre de 2009 y sentenciado a 15 años de cárcel bajo cargos de crímenes contra el Estado por introducir ilegalmente equipos de comunicaciones en la isla.