En la semana que pasó, dos procesos legislativos cruzaron los territorios del Congreso de la Unión como si fueran unos bólidos incandescentes. E irradian tanta fuerza, tanta pasión, que lo menos que se espera es que a partir de este lunes el debate por la reforma energética y el debate por la suerte laboral de más de un millón 200 mil maestros, sean colocados en el centro de la atención de la República toda. El periodo extraordinario de sesiones, que a tiro de piedra está no tiene otro tema en su agenda más candente que ese, precisamente, el de la reforma a la Ley del Servicio Profesional Docente, entre cuyos entresijos han escondido el PRI, PAN y PVEM una trampa laboral a los cientos de miles que conforman el magisterio en México. Y quienes se oponen, al punto de la movilización, juran que es así. Que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende acabar con los derechos laborales de ellos, bajo la careta de una reforma educativa de pretendida alza a la calidad educativa, que en realidad rezuma “ignorancia” y “una terrible mala fe” de Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública. De hecho, desde el miércoles que un filón importante de profesores —del Distrito Federal, de Michoacán, de Oaxaca, Nayarit y Guerrero— pernocta en la plancha del Zócalo capitalino, desde donde avanza en manifestaciones a la Cámara de Senadores y a la sede de Bucareli de la Secretaría de Gobernación, pidiendo que los reciban. Y que les reciban sus propuestas que fueron delineando durante foros y congresos, luego de que el gobierno federal prometió que los escucharía. Al cierre de este texto, ninguna contestación se conocía de Bucareli, y ni del PRI y ni del PAN, que para los efectos de este dictamen ya se les mira perfectamente ayuntados desde diciembre de 2012, cuando aprobaron en una semana —que los maestros tildaron de “albazo legislativo”— la reforma al Tercero constitucional que dio pie a los cambios en leyes secundarias que hoy ya se les discute. El viernes, por cierto, los profesores anunciaban que volverán a sitiar este lunes el Senado, la Cámara federal que emitirá el dictamen, primeramente, para después turnarlo a la Cámara de Diputados. La otra ley que ha calentado el debate, la de la reforma energética, no está incluida en la agenda legislativa del periodo extraordinario en cierne, pero tiene tanta trascendencia política, económica y social, que ha comenzado a gravitar como un sol sobre la vida del Congreso y de la República entera. Un sol de veras incandescente, porque aupada sobre la reforma energética que ha propuesto el Presidente Enrique Peña Nieto, está el trastornamiento de la propiedad del petróleo mexicano, exclusiva del Estado desde la expropiación aquella de 1938. Lo que ha planteado el PRI y el Presidente Peña es cambiar la Constitución para que la renta petrolera sea compartida con particulares, a cambio de que éstos, en paralelo con Pemex, exploren y exploten crudo en zonas donde la paraestatal no ha podido hacerlo por limitaciones tecnológicas. El PAN ya presentó su propuesta: es la misma, pero un poco más agresiva. Y este lunes, habrá una tercera, la del PRD, que habrá de presentar Cuauhtémoc Cárdenas en el Monumento a la Revolución, precisamente en el costado donde están los restos de su padre, Lázaro Cárdenas del Río. En la Cámara de Senadores, este viernes, el PRD en voz del diputado Luis Espinosa Cházaro hizo un adelanto de lo que presentarán como su propuesta de reforma energética: “El PRD planteará un esquema totalmente nuevo, para Pemex y CFE. Verdaderamente modernizadora”. Y apostillaba: “Propondremos que Pemex contrate empresas, sí, pero pagándoles en efectivo y no compartiendo con ellas la renta petrolera, las ganancias, las utilidades, como pretende el PRI y el PAN”. El perredista estaba entreabriendo una puerta al PRI y al PAN, por donde acaso el resto de los partidos de la izquierda, y el mismo Andrés Manuel López Obrador, no crucen el umbral. Espinosa Cházaro reselló: “Y entonces, seguramente habría muchas empresas nacionales y extranjeras que deberían ser contratadas, porque Pemex no hace todos los trabajos. Pero es muy distinto contratar a una empresa y pagarle en efectivo, que compartir la renta petrolera, que es lo que hoy (el PRI y el PAN) han planteado”. Entonces el senador Luis Sánchez Jiménez bateó también, hacia la cancha del PRI y el PAN: “Si ellos pretenden aplicar una mayoría automática, se estarán equivocando. Nuestra propuesta es sólida, demostrable con números, y la sociedad los rechazará”. Una cosa sí es cierto: Se está poniendo bueno en el Congreso.
