Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) gozan del lujo de contar con prestaciones superiores a las de la ley. Mientras la mayoría de los mexicanos sobrevive con beneficios mínimos, los juzgadores y sus trabajadores son favorecidos con todo tipo de apoyos económicos, bonos, estímulos, primas y seguros.Además de estar asegurados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los 46 mil 869 servidores públicos del PJF tienen un seguro de gastos médicos mayores que los cubre a ellos y a sus familiares directos.Todos los trabajadores tienen derecho a recibir 40 días de aguinaldo, que en el caso de los mejor pagados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puede ascender hasta los 444 mil pesos.Además, los funcionarios de más alto rango en el Poder Judicial, como los ministros, jueces, consejeros y magistrados, adicional a su salario mensual, cuentan con un pago por riesgo que se otorga en función de “la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”, señala el Manual de Remuneraciones. Esta prestación puede superar el medio millón de pesos anuales.Se suman la ayuda para servicios funerarios, inhumación o cremación, hasta por 30 mil pesos, y el pago por defunción que equivale a cuatro meses del último sueldo del trabajador que falleció. Este último es adicional al seguro de vida institucional equivalente a 40 meses de sueldo básico, con opción a una potenciación de hasta 108 meses con cargo al trabajador.Los servidores públicos cuentan con un seguro de separación individualizado a favor de los mandos medios y superiores que les brinda un apoyo en caso de separarse del servicio público y mientras se reincorporan al mercado laboral. Este aplica a quienes voluntariamente manifiesten su decisión de incorporarse a dicho beneficio.Además hay estímulos por antigüedad, ayuda de despensa, apoyos para la compra de lentes, estímulos por el Día de la Madre, el Día del Padre, por antigüedad y por jubilación, prima quincenal y apoyos al personal operativo, entre otros. En conjunto, el Poder Judicial destinará para estos privilegios poco más de 10 mil millones de pesos en este año, de su presupuesto de 71 mil millones.Los burócratas del Poder Judicial de la Federación (PJF) destacan no sólo por los elevados salarios sino porque tienen de las mejores prestaciones del país. Según información disponible en su portal de Transparencia, el Poder encargado de impartir justicia paga tres diferentes seguros médicos para su plantilla laboral.Por ley, todos los trabajadores están asegurados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque también cuentan con un seguro de gastos médicos mayores y acceso a los recursos de un fideicomiso de “gastos médicos complementarios”, según los documentos públicos.En los últimos dos años, además de aportaciones al ISSSTE, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), destinó un total de mil 888 millones de pesos para la contratación de un seguro de gastos médicos mayores con una institución bancaria para sus más de 43 mil trabajadores, sus cónyuges y hasta hijos menores de 25 años. El costo unitario fue de poco más de 43 mil pesos por empleado.De acuerdo con los Informes de Actividades del Consejo de la Judicatura, en 2016 se atendieron 83 mil trámites del seguro de gastos médicos, mientras que en 2017 la cifra se disparó a 144 mil.Adicionalmente cuentan con el Fideicomiso de Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación en la institución Nacional Financiera (Nafin), que al último trimestre del 2017 registró saldos por 54 millones 732 mil pesos.Este fideicomiso se creó para otorgar apoyos a los servidores públicos que, por circunstancias médicas extraordinarias o condiciones de salud, “atraviesen por situaciones difíciles de afrontar en términos económicos y para brindarles un apoyo adicional al servicio médico otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando éste sea inadecuado o insuficiente, y cuando el padecimiento no sea cubierto o se hubiera agotado la suma asegurada en el seguro de gastos médicos mayores”, explican las reglas de operación.Según los informes, en 2016 apenas se registraron siete trámites para solicitar apoyos del fideicomiso. Estos representaron egresos por un millón 107 mil pesos, incluyendo los honorarios pagados a la fiduciaria. Para 2017 sólo se realizó un trámite y se tuvieron retiros por 548 mil pesos; es decir, está subutilizado.Mientras tanto, la mayoría de los ciudadanos deben someterse al saturado servicio de salud que ofrecen los hospitales públicos con horas de espera, falta de medicamentos e insumos y un atraso de meses en citas y cirugías.Francisco Jiménez Reynoso, de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que las prestaciones del Poder Judicial son privilegios o abusos del erario.El mantenimiento de casas de jueces y magistrados es un gasto más que se carga al erario. En tres años, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha retirado 49 millones de pesos de un fideicomiso para este fin, revela información disponible en Transparencia, pese a los elevados salarios que reciben los juzgadores.El CJF administra el Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, que fue constituido por el Poder Judicial para la adquisición de inmuebles para proporcionar vivienda a aquellos impartidores de justicia que son llamados a laborar en otras partes del país.Este busca salvaguardar los principios de autonomía e independencia al evitar que los juzgadores establezcan relaciones comerciales con personas que podrían ser parte de juicios federales. Los gastos por los servicios de uso personal como energía eléctrica, agua, alcantarillado, telefonía o internet corren a cargo de los magistrados y jueces a los que se otorga el apoyo.Un fideicomiso es un acto jurídico que debe constar por escrito, y por el cual una persona denominada fideicomitente destina uno o varios bienes a un fin lícito determinado, en beneficio de otra persona llamada fideicomisario, encomendando su realización a una institución bancaria. En este caso, es Nacional Financiera (Nafin) quien se desempeña como la fiduciaria.Según el portal de Transparencia, los 49 millones retirados de fideicomiso ya fueron recuperados a través de aportaciones hechas por descuentos vía nómina a los juzgadores, ingresos por rendimientos y otros. Al último trimestre del 2017 este fondo registró saldos por 22 millones de pesos, un crecimiento de cuatro millones respecto al primer trimestre del 2015.En total, el Consejo de la Judicatura Federal tiene 344 viviendas a disposición de los jueces y magistrados a las cuales, por si fuera poco, los municipios les condonan el impuesto predial. De acuerdo con el Informe de Labores 2016 del CJF, la cifra por la exención del gravamen ascendió a 615 mil 363 pesos.Francisco Jiménez Reynoso, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), considera que la existencia de ese fideicomiso no está justificada, pues además de señalar que se pueden establecer relaciones comerciales en los lugares de origen de los juzgadores, la corrupción va más allá.En México, al menos cuatro de cada 10 personas detenidas en los centros penitenciarios del país no ha recibido sentencia, revelaron los resultados del Índice Global de Impunidad 2017 de la Universidad de las Américas Pueblas (UDLAP).Según el análisis, el 43% de la población detenida se encuentra a la espera de recibir una sentencia. Tomando en cuenta que en el país hay 236 mil 338 internos, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, más de 100 mil presos no tienen sentencia.El Índice Global de Impunidad mide esta problemática desde dos criterios centrales: la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los países. Para ello toma en cuenta 14 variables relacionadas con los sistemas de seguridad, justicia y de derechos humanos.Los estudios contrastan con los privilegios en el Poder Judicial de la Federación. Según el Índice, México cuenta con apenas 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global, que es de 16.23 juzgadores y se encuentra bastante lejos del país con menor impunidad del mundo, Croacia, donde hay 45 jueces por cada 100 mil habitantes.El Poder Judicial de la Federación cuenta con mil 469 titulares de los órganos jurisdiccionales en tribunales unitarios, tribunales colegiados y juzgados de distrito. Cada uno atiende 715 casos nuevos sin contar los que ya estaban pendientes, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2016.Esta problemática complica seriamente la calidad de la impartición de justicia, que debe ser pronta y expedita, pues provoca la acumulación de casos, tardanza en la emisión de sentencias y con ello se abre la puerta a la corrupción.El Índice recalca en la necesidad de contar con más jueces dentro del sistema de justicia para aumentar las capacidades de impartición de justicia, porque explica que “esta acción tendría un efecto inmediato sobre los juicios, lo que podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y, con ello, también la sobrepoblación de las cárceles”.Francisco Jiménez Reynoso (académico de la UdeG)Francisco Jiménez Reynoso califica a las prestaciones del Poder Judicial de la Federación como un privilegio.Señala que ese tipo de gastos que se cargan al erario no son congruentes con la situación económica del país.“Estamos en una época de austeridad y ese tipo de gastos ofenden a la opinión pública y a la ciudadanía en general. Se debe estar a la altura de las circunstancias y no es el momento para tener ese tipo de prestaciones tan desproporcionadas”.En particular opina que la existencia del Fideicomiso para el mantenimiento de casas de jueces y magistrados no se justifica, pues la corrupción va más allá de las relaciones comerciales.Considera que el Poder Judicial de la Federación ha acumulado beneficios a su favor a lo largo de los años en detrimento del erario.“Todo esto nos cuesta a los mexicanos. Sabemos la situación que atraviesa nuestro país en materia económica (...) es una cantidad de dinero estratosférica. Creo que debemos de condenar estas medidas y hacer un llamado al Poder Judicial para que se modere en este tipo de gastos y que sea sensato y congruente con la situación que vivimos en el país en relación a la administración de recursos”.Apunta que se necesita voluntad política al interior del Poder Judicial para eliminar los privilegios y llegar a los acuerdos, aunque acepta que será difícil reducir algunas de las prestaciones.“Hay que ser congruentes con la realidad. Hay de derechos a derechos, pero ese tipo más bien yo les llamo privilegios. Estos privilegios sí se pueden combatir y erradicar de una manera sencilla con voluntad y sensatez de los órganos de gobierno del Poder Judicial”.Sigue: #DebateInformador ¿Qué opina de los salarios y las prestaciones de magistrados, jueces y directivos del Poder Judicial?Participa en Twitter en el debate del día @informador
