Después de la polémica que desató el que las autoridades estatales resguardaran más de 150 cadáveres sin identificar en un contenedor en Tlaquepaque, porque ya no caben en el edificio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Fiscalía determinó que los cuerpos serán inhumados en cementerios públicos y particulares del Estado, confirmó la fiscal Central, Marisela Gómez.“Tenemos ya la instrucción del gobernador y del secretario de Gobierno que, para no tener más estas problemáticas, recurramos ya a criptas en los panteones, ya sean públicos o privados”.Afirmó que en aproximadamente una semana ya se tendrán los espacios. “La indicación que tenemos es resolver. Yo creo que en estos ocho, 10 días, tenemos que estar haciendo las primeras inhumaciones”.Reconoció que el tráiler de refrigeración en el que aún se encuentran los cadáveres fue contratado hace dos años, y que los documentos fueron firmados tanto por el IJCF como por Fiscalía.Sobre el recorrido que hizo el tráiler por tres municipios, sostuvo que el área de Visitaduría investiga quién solicitó y quién autorizó su salida del edificio forense. Horas atrás, el vocero del Gobierno del Estado, Gonzálo Sánchez, dijo en una entrevista radiofónica que el exdirector del IJCF, Luis Octavio Cotero, no será el único sancionado.Gómez Cobos, por su parte, insistió en que la primera responsabilidad es del Instituto. “A nivel nacional no tenemos una Fiscalía o Procuraduría que tenga los cuerpos en sus instalaciones; son los institutos de Ciencias Forenses en donde permanecen”.Los panteones provisionales serán utilizados en tanto se construyen las criptas forenses en Tonalá, predios que ya fueron avalados por el Ayuntamiento, y cuya socialización comenzará en breve, aunque en esa tarea participarán todas las dependencias relacionadas.Ante lo que consideraron un mal manejo de los cadáveres de las personas que aún no han sido reclamadas en Jalisco, y que fueron trasladadas por la ciudad a bordo de un tráiler refrigerado, las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y Estatal (CNDH y CEDHJ) exigieron que a nivel nacional se establezcan protocolos y normas de actuación unificadas para su cuidado y preservación, y de acuerdo con estándares internacionales.Ambas dependencias urgieron a que, más allá de las sanciones aplicables, se cumpla con las propuestas que contiene el Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, y con lo solicitado en la recomendación general 3/2018, emitida en marzo pasado al Gobierno del Estado.En ella, por ejemplo, se recomendó a la Fiscalía General y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que construyera o adquiriera depósitos o cámaras dotados con sistemas de refrigeración óptimos para cadáveres o restos humanos en custodia, y que no estén en posibilidad de ser inhumados, además de dotar de los recursos para su cumplimento.“Para ambos organismos de derechos humanos, tales hechos representan una falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas y vulneran sus prerrogativas fundamentales y las de sus familiares, quienes además tienen el derecho a conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido”, expresó el documento.El extitular de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, aseguró en un programa de radio que el gobernador Aristóteles Sandoval “desconoce” los protocolos que hay para el tratamiento y traslado de los cuerpos, pues, según aseguró, éstos no existen.“Me da pena ajena porque vi la vehemencia del gobernador, en esta situación, que habla de que no se cuidaron los protocolos. No existe ningún protocolo, para empezar, para mover los cuerpos, trasladarlos de un lugar a otro. Me da pena porque desconoce todo eso”, aseveró en Radio Metrópoli.Los cuerpos de personas sin identificar que no son reclamados en Baja California y Michoacán (dos de los estados con más altos índices de homicidios dolosos en el país), son depositados en una fosa común, informaron las áreas de servicios periciales de sus instituciones de procuración de justicia.Pedro Gutiérrez, coordinador general de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia en Michoacán, aclaró que allí no acumulan los cuerpos en el edificio del Servicio Médico Forense, sino que se envían a la fosa común aquellos que no son reclamados tras practicarles la autopsia y toma de muestras para la identificación.Una situación similar ocurre en Baja California. “La Procuraduría ordena vía oficio el envío a la fosa común de un cuerpo que está como no identificado. El Servicio Médico Forense determina en qué panteón, en qué predio se inhuma”, detalló Ángel Lozano Sánchez, titular de Servicios Periciales.Aclaró que ese procedimiento aplica cuando se agotaron todas las investigaciones. Si el cadáver es reclamado tras la inhumación, pueden recuperar los restos y entregarlos porque se depositan separados en bolsas con etiquetas y placas de identidad. “Llevan una placa identificadora de metal con su número único de caso”, concluyó.El extitular del IJCF, Luis Octavio Cotero, reveló que el contenedor con más de 150 cadáveres que ha sido trasladado a tres municipios no es el único en el que el Instituto almacenaba cuerpos, sino que hay otro en el edificio sede, y que junto con los cadáveres que están en el primero sumarían unos 300 cuerpos que no pueden ser resguardados.El exfuncionario dio a conocer que, a la fecha, hay 444 cuerpos de personas fallecidas en espera de ser identificadas o inhumadas en el Servicio Médico Forense, y que el IJCF hizo un esfuerzo para conservar 144 de ellos, mientras que los restantes fueron confinados a ambos contenedores.Pero al ver que “los cuerpos se estaban descomponiendo, la Fiscalía tuvo la necesidad de contratar desde hace dos años ese (primer) camión refrigerante”, que en un inicio contenía 200 cuerpos, aunque fueron siendo identificados hasta llegar a un centenar.Cotero se deslindó de cualquier responsabilidad por el abandono de esos cuerpos y acusó a la Fiscalía y al Gobierno estatal de no hacer lo necesario para preservarlos o inhumarlos. Aseveró que con su destitución el “Gobierno estatal se lavó las manos” para no afrontar su obligación.EFELuego de que el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, anunciara la destitución del titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, el exdirector aseguró que teme por su integridad física y la de su familia.En entrevista para Notisistema, Cotero Bernal aseguró que su cese fue parte de una venganza por parte del Gobernador y del Secretario de Gobierno, Roberto López Lara, por lo dicho tras los dictámenes del caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos en marzo pasado."Estoy mejor así en estas condiciones, que no vaya a tomar otras medidas porque el secretario es de conductas no muy probas y hay que tener cuidado", dijo el extitular del IJCF.Cotero dijo también que fue hace dos años cuando el entonces fiscal, Eduardo Almaguer, y el fiscal central, Rafael Castellanos, determinaron el manejo y destino de los cuerpos debido al sobrecupo en el IJCF.Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es deber del instituto llevar el control de la admisión, custodia y entrega de los cadáveres que hayan sido puestos a disposición del Instituto, además de establecer y operar un mecanismo de acción a la ciudadanía para la identificación de los cadáveres.El recientemente cesado director del IJCF, Luis Octavio Cotero, no será el único funcionario que será despedido por los cuerpos que, adentro de un contenedor, recorrieron tres municipios de la metrópoli, expuso el vocero del Gobierno del Estado, Gonzalo Sánchez.En una entrevista para Radio Metrópoli, incluso advirtió que, de considerarse necesario, se presentarían denuncias penales para que el correctivo sea “ejemplar” y la situación no se repita.“¿Es el único? No. Va a haber más (funcionarios despedidos). Hay un procedimiento abierto porque es un hecho que hay personal operativo de la Fiscalía que incurrió en algún tipo de omisión. Es un hecho grave y recibirá las sanciones que merecen ante la magnitud del hecho”, prometió.Aseguró que si bien el procedimiento interno apenas inició, y eso les impide anunciar culpables en lo inmediato, el cese de Cotero Bernal se basó en el Reglamento Interno de Ciencias Forenses, que en su Artículo 22 deja en claro de quién es la responsabilidad del resguardo de los cuerpos.El Gobierno del Estado anunció que, de nueva cuenta, el director de Dictaminación Pericial, Carlos Daniel Barba Rodríguez, fue designado titular del IJCF. El gobernador Aristóteles Sandoval lo nombró y ayer mismo tomó posesión.Barba Rodríguez es licenciado en Derecho por la UdeG. En la década de los noventa inició su trabajo en la función pública como ejecutor fiscal en el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue abogado en la Policía de Guadalajara y secretario particular en la Academia de Policía y Vialidad. Del año 2000 a 2005 trabajó en la Secretaría de Gobernación, y en 2005 comenzó su carrera en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde ha sido desde coordinador jurídico hasta director de Dictaminación Pericial.Esta es la segunda ocasión en la que se queda a cargo del Instituto. La primera fue cuando renunció al cargo el primer titular de esa instancia en la administración en curso, Marco Antonio Cuevas Contreras. Según su experiencia curricular, fue titular interino desde el 24 de marzo de 2015 y hasta el 16 de enero de 2016.
