En 2018, el año más violento en el país en dos décadas, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Gobierno mexicano destinó 126 mil 331 millones de pesos a gastos militares.Según el registro del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), que se actualizó este año, esta es la inversión más alta desde 1949, año en que la organización europea empezó a tomar nota de los montos otorgados a esta materia.El año pasado, el país cerró con 34 mil 202 asesinatos. En 2017 se reportaron 29 mil 625 casos. Y en el primer semestre de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se documentaron 17 mil 500.El SIPRI, que se dedica a hacer investigación en seguridad global, indicó que entre 2006 y 2018, periodo que comprendió los encargos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el desembolso creció 184 por ciento. Por ejemplo, en 2007, primer año de Felipe Calderón como Mandatario (responsable de declararle la guerra al narco), se inyectaron 52 mil 235 millones de pesos. La mitad de lo invertido en 2018.El 1 de julio, un año después de haber ganado las elecciones presidenciales, López Obrador indicó que hasta la fecha ha cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo.Sin embargo, reconoció que entre los pendientes hace falta mejorar el sistema de salud, impulsar el crecimiento económico y ofrecer avances en el combate a la inseguridad.“Muy pronto obtendremos más y mejores resultados en la atención de estas y otras necesidades y preocupaciones de nuestro pueblo”, dijo en el Zócalo de la capital mexicana.La madrugada del lunes comenzaron a llegar a la Entidad los primeros elementos de la Guardia Nacional, que reforzará la seguridad en Jalisco. Lo harán en dos puntos prioritarios: la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. En la primera etapa de blindaje a la ciudad participarán mil 455 efectivos de la dependencia federal y 410 estarán en el municipio costero.Otros mil 400 que ya están en el Estado formaban parte de las Bases Operativas Institucionales (BOI). El titular de la Guardia en la región, que incluye a Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Colima, informó que se coordinarán con autoridades estatales y municipales. Un hombre fue asesinado a balazos el pasado 2 de julio en la Colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan.La Policía municipal indicó que aparentemente era seguido por sus victimarios. Buscó refugiarse en una finca ubicada en el cruce de las calles Leona Vicario y Allende. Allí lo alcanzaron y le dispararon.Según las autoridades, la víctima tenía entre 20 y 25 años. Los causantes huyeron en un vehículo tipo sedán.Un día después, el narcotraficante Héctor Huerta Ríos, alias “El HH” o “La Burra”, fue ejecutado en la metrópoli. Él era conocido por formar parte del cártel de los Beltrán Leyva.Entre el 1 de enero y el 3 de julio, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) documentó 891 autopsias por impactos de arma de fuego en el Estado. Es decir, recibió cinco cuerpos al día, en promedio. De ellos, 811 fueron de hombres y 80 de mujeres.De acuerdo con las estadísticas de la dependencia, en este mismo periodo de 2018 se registraron 773 autopsias por esta causa.En el mismo sentido, la Fiscalía estatal informó, como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, que hasta mayo de este año en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se encontraron 331 cuerpos en la vía pública que presentaban impactos de arma de fuego.Sin embargo, el 11 de mayo el gobernador Enrique Alfaro indicó que los delitos en contra de la integridad de las personas (como asesinatos, lesiones o violaciones) tuvieron una baja general en abril.Destacó que el homicidio doloso, por ejemplo, tuvo 10 casos menos al sumar 219, aunque se aclaró que 17 de ellos (encontrados en una finca alzada en la Colonia El Colli, en Zapopan), tenían una evolución cadavérica de hasta ocho meses. Es decir, fueron ultimados en la pasada administración.En el estudio “La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego”, publicado en junio por la organización México Evalúa, se propuso que para combatir la proliferación de armas de fuego en el país es necesario actualizar la legislación para cumplir con el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), crear una agencia nacional de control de armas de fuego y municiones, implementar un sistema de detección temprana, institucionalizar mecanismos de control, rastreo e investigación y emplear a la Policía fronteriza propuesta por el Presidente para detener el flujo de armamento.En el texto se destacó que el 19 de febrero se aprobó la iniciativa de reforma al Artículo 19 de la Constitución, que amplió el catálogo de delitos por los cuales los jueces deberán otorgar prisión preventiva oficiosa.Se agregó que éste incluye ilícitos relacionados con las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que “no es una medida efectiva para contrarrestar la proliferación de armas; al contrario, genera presiones al sistema penal, vulnera la presunción de inocencia y no atiende ninguno de los factores que influyen” en este problema.En tres años se incrementaron 128% los homicidios que fueron perpetrados con arma de fuego, reportó el informe “La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego”, de México Evalúa. En 2015 hubo 10 mil 464 y en 2018, 23 mil 873.En el documento se mencionó que las lesiones dolosas con arma de fuego también aumentaron. Pasaron de cinco mil 191 a 11 mil 741 en este periodo.“Si sumamos los datos de víctimas anuales de 2015 a 2018, observamos que el número total de personas lesionadas con heridas de bala en el país llegó a 32 mil 263 en tan sólo cuatro años”.Según la evaluación, en 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró tres millones 118 mil 592 armas de fuego legales en el país y estimó que hubo alrededor de 13.6 millones de armas ilegales en circulación.Rubén Ortega Montes (académico de la UdeG)El investigador del Centro Universitario de la Ciénega aseguró que es necesaria más permisibilidad para que los civiles porten armas de fuego, aunque la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ya lo contempla.“Debe haber una política donde se le dé mayor seguridad y la gente, en un momento determinado, pueda portar un arma para uso de legítima defensa y se le proporcionen las garantías necesarias para hacerlo”, comentó.También afirmó que se debe descentralizar la emisión de los permisos y otorgarle a los estados la función de emitirlos.De acuerdo con la Ley Federal de Armas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución encargada de hacerlo y el trámite se hace en la Ciudad de México.El experto consideró que si la ciudadanía tuviera más permisos de portación de armas para su defensa, los delincuentes sabrían “que varias personas podrían traer armas y con esas ellos estarían en riesgo y serían vulnerables a que alguien se defienda”.Esto de acuerdo con Ortega, mitigaría las acciones delictivas.Sobre las armas ilegales que circulan en el país, expuso que hace falta eficacia en las fiscalías para el combate de este ilícito.El pasado 30 de agosto, este medio publicó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente, según la Secretaría de la Defensa Nacional, cayeron los aseguramientos de armas y drogas en Jalisco por parte de militares, y aumentaron los índices de violencia.Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en 2017 hubo en la Entidad mil 582 homicidios, con los cuales el Estado registró una tasa de 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes, ese año el Ejército tomó nota de los resultados más bajos en hallazgos de narcolaboratorios, hectáreas de mariguana, amapola, kilos de metanfetaminas y armas.Entre 2008 y 2012, años en los que gobernó Felipe Calderón, se encontraron en Jalisco 159 narcolaboratorios, tres mil 54 hectáreas de mariguana, 32 de amapola, 24 mil kilos de metanfetamina y dos mil 790 armas.Sin embargo, entre 2013 y 2017 los soldados detectaron 59 narcolaboratorios, mil 590 hectáreas de mariguana, 83 de amapola, mil 851 kilos de metanfetamina y 745 armas.Peña Nieto reconoció que a pesar de que en los primeros años de su administración bajaron los índices de criminalidad, en el cierre hubo un repunte.
