Durante la mayor parte de los 20 años que tiene como trabajadora doméstica, Miriam Hernández no ha accedido a los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni a otros derechos laborales como aguinaldo, días de vacaciones o un sueldo remunerador.“No me respetaban el horario de trabajo, sin seguro ni prestaciones. Los días festivos los trabajaba, sólo iba por 150 a 200 pesos desde las seis o siete de la mañana, cuando tenía que preparar el desayuno, y hasta las cinco o seis de la tarde”.El respeto a los derechos laborales de Miriam, y de poco más de 151 mil trabajadores domésticos que hay en Jalisco, podría mejorar tras la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de inscribir a las trabajadoras domésticas al IMSS, un hecho que se consumó el pasado 5 de diciembre.A nivel nacional, 70% de los casi 2.3 millones de trabajadores domésticos remunerados en México no cuenta con acceso a instituciones de salud, de acuerdo con datos de la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En Jalisco, donde nueve de cada 10 personas dedicadas a esta profesión son mujeres, la orden de la Suprema Corte beneficiará a aproximadamente 106 mil trabajadores domésticos, de los 151 mil que hay en total.La sentencia da al IMSS un plazo de tres años para completar la inscripción, con lo que las empleadas domésticas tendrán acceso a cotizar para recibir una pensión de retiro, seguro de invalidez, servicio médico y medicamentos en el IMSS, así como días libres pagados por ley, entre otras ventajas.Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declara que no hay ninguna razón constitucionalmente válida para no reconocer el trabajo doméstico como parte del régimen obligatorio de seguridad social, ahora el IMSS deberá implementar un programa piloto para incorporarlas a su organismo durante el primer semestre de 2019.Luego de ello, la SCJN fijó un periodo “no mayor a 3 años” para otorgar seguridad social plena y efectiva a todas las trabajadoras domésticas del país. Así lo destacó el ministro Alberto Pérez Dayán tras la resolución del amparo 9/2018 interpuesto por una trabajadora doméstica, lo que derivó en la orden del máximo tribunal del país. Para Ángel Guillermo Ruiz Moreno, coordinador del Doctorado en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), la SCJN repara “años de injusticia contra un sector laboral discriminado”, compuesto en su gran mayoría por mujeres, quienes carecían de cobertura social de cualquier tipo.“Esto beneficia también a los familiares que dependían del trabajador doméstico. Al no contar con seguridad social, los empleados no sólo quedaban desprotegidos, sino sus propios hijos y dependientes económicos”, señala.Ruiz Moreno cree que los beneficios de registrar a una empleada doméstica ante el IMSS son muy superiores al gasto estimado de 25% en la cuota de registro que tendrá que hacer el patrón tras la decisión de la Suprema Corte. “Me llama la atención que la gente vea todo como impuestos; se trata de seguridad social. El verdadero asegurado no es el trabajador, es el patrón, porque queda liberado de todo tipo de responsabilidades por alguna enfermedad o accidente a la hora de registrarlas a cualquiera de los 10 seguros sociales a los que se puede afiliar”.“Aunque les descontaran 25% del sueldo a los trabajadores, y eso lo dudo porque el IMSS estará vigilando el tema, ellos saldrían muy beneficiados porque tendrían atención médica, quirúrgica, hospitalaria, aparatos de prótesis y ortopedia, guardería, prestaciones sociales, vivienda popular y pensiones. El beneficio es enorme para los trabajadores y el país”.Mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas es uno de los objetivos que llevó a la creación de “Mi Dulce Hogar”, una empresa tapatía fundada en marzo de 2015, la cual actualmente cuenta con alrededor de 20 empleadas a quienes se les otorga seguridad social, apoyo psicológico gratuito, horas extra pagadas y hasta cursos de inglés.Estefanía Hernández, fundadora de la compañía que ofrece a sus clientes servicios de limpieza mediante el uso de la tecnología, considera que pese a ofrecer un servicio más caro que la competencia, eso les ha permitido pagar seguridad social a sus empleadas y, además, darles sueldos de mil 700 a mil 850 pesos semanales.“Hemos visto muchos beneficios. De inicio muestran más lealtad a la empresa y así evitan hacer contrato directo con un cliente en la informalidad. Desde que comenzamos quisimos brindar trabajos formales a trabajadoras domésticas para que tuvieran los mismos derechos y beneficios que hay en cualquier otra profesión”. Aunque otorgan mejores condiciones laborales que otras compañías, Hernández asegura que, al inicio, la oferta era vista con desconfianza por las trabajadoras por algo muy elemental: no creían en la posibilidad de trabajar y recibir aguinaldo.La precarización del trabajo doméstico ha sido un obstáculo para el crecimiento de “Mi Dulce Hogar”, pues todavía hay muchas personas que prefieren contratar más barato pero sin otorgar las prestaciones de ley. “Somos caros”, reconoce la fundadora. “Se nos han cerrado muchas puertas porque normalmente se está acostumbrado a pagar 200 pesos por infinidad de horas de trabajo, mientras que nosotros cobramos 100 pesos la hora. Al final, aunque nuestro margen de ganancia sea menor (nos llevamos apenas el 20% o 25%) hemos visto que esto nos trae muchos beneficios, desde la lealtad de los trabajadores hasta aumentar nuestra capacidad de trabajo”.La empresa ofrece un promedio de mil 300 servicios al mes, y su historial ya suma alrededor de 24 mil en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Hernández subraya que “Mi Dulce Hogar” pudo funcionar como una plataforma de colocación donde las trabajadoras domésticas no fueran contratadas y sólo ofrecieran sus servicios, pero prefirió la seguridad social y la formalidad. Aunque actualmente trabaja en “Mi Dulce Hogar” con sus prestaciones de ley, hubo un largo tiempo en el que Miriam lo hizo para muchos patrones que no le ofrecieron más apoyo que los 150 pesos diarios por hacer el desayuno y la comida de los niños, limpiar la casa, lavar la ropa y otras actividades del hogar.“Para empezar no te dan un trato digno ni incentivos. Te pagan como si te estuvieran haciendo un favor. A quienes les trabajaba anteriormente no les podía solicitar aumento o prestaciones. Si necesitaba una medicina: ‘Para eso te pago, para que juntes dinero y la compres’, o si se iba a graduar de la escuela mi hijo o un familiar no me daban permiso para irme. Era hasta que acabara”.La trabajadora se considera de un carácter lo suficientemente fuerte para impedir agresiones a su persona, pero sí sabe de colegas suyas que son víctima de maltrato y humillación. “Algunas de ellas, que vienen de pueblos y otros estados como Oaxaca o Chiapas, sí las humillan, les truenan los dedos y otras humillaciones”.En ese sentido, Estefanía Hernández, fundadora de “Mi Dulce Hogar”, expone que hay agencias que funcionan como si fueran de colocación y éstas “venden literalmente a las personas”. En ellas, la trabajadora doméstica “está sujeta a hacer todos los servicios que le pida el cliente sin regulaciones. Si le pide hacer más tareas de las que corresponde lo puede hacer, y si no, puede pedir que la cambien por otra”.Por ello, la joven empresaria aplaude el pronunciamiento de la SCJN. “Noticias como esta nos van a beneficiar muchísimo, porque ya no se verá como un lujo el dar seguridad social”. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) del Inegi, el grupo de trabajadoras del hogar es el que siente o percibe más vulnerados sus derechos. Incluso por encima de grupos como los indígenas, las personas con discapacidad y los adultos mayores. La encuesta revela que 57 de cada 100 empleadas domésticas en México perciben que sus derechos se respetan “poco o nada”.
