Tan sólo en los primeros dos meses del año, se registraron 60 asesinatos de servidores públicos y políticos, por lo que la tendencia al alza sigue en México: según la plataforma “Votar entre Balas” de la organización Data Cívica, en 2023 fueron 355 crímenes, en 2022 fueron 274, en 2021 hubo 73 y en 2020 58 asesinatos. En Jalisco, el pasado viernes fue asesinado el priista Humberto Amezcua, presidente municipal de Pihuamo y candidato a la reelección. Fue localizado sin vida al interior de una camioneta en la zona Centro de ese municipio tras ser agredido a balazos. Por otra parte, Jaime Vera, precandidato por el Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Mascota, fue otro asesinado en Puertas del Sol en Zapopan el pasado 1 de febrero.Especialistas, empresarios y organismos internacionales alertan por los riesgos en el proceso electoral en el país, debido a la inseguridad y la posible intervención de los grupos criminales. Un ejemplo es Jalisco. Según “Votar entre Balas”, de 2018 a la fecha suman alrededor de mil funcionarios y aspirantes políticos que han sido asesinados en México. La consultora Integralia alertó que Jalisco es clasificado como “de muy alto riesgo” en las elecciones, según el primer reporte de violencia política de este año.Adolfo Gámez, abogado penalista, considera que este proceso electoral es el más violento de la historia, por los hechos de inseguridad en todo el país. “Es la elección más violenta porque se están reportando hechos no aislados, sino coincidentes en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el caso que tuvimos en Jilotlán de los Dolores… ya pasaron tres años, pero seguimos con que no se puede establecer un Gobierno”.Critica la labor de los distintos niveles de Gobierno, tras afirmar que han olvidado su tarea de brindar paz y tratar de reconstruir el tejido social, alejándose de la ciudadanía. Entre otros casos, tampoco han atendido la demanda de la población en cuanto a los hechos de inseguridad ocurridos y priorizando los de mayor relevancia. “El Gobierno debe dedicarse a trabajar, lo que nos ha faltado es reconstruir el tejido social, no tenemos el acercamiento con las personas. El Gobierno se ha distinguido en tratar de enfocarse en los hechos relevantes, pero se olvidó de la población”.Por su parte, Sandro Arreola, politólogo de la Universidad de Guadalajara, recuerda que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que en algunas zonas del país no hay presencia de observadores electorales. “El INE declaró hace tres semanas que en algunas zonas del país, incluido Jalisco, no hay registro de observadores electorales”.Señala que la falta de coordinación entre las autoridades y la impunidad, permiten que no se concreten las labores de investigación de los incidentes de inseguridad, lo cual impide dar con los responsables de los delitos. “Sin coordinación, no habrá una segunda tarea importante, que es la investigación. Y la impunidad se debe a la no investigación; es decir, cuando no tienes agencias de investigación y las fiscalías no realizan las tareas de investigación, difícilmente se puede prevenir el delito, entonces, hoy tenemos corporaciones de reacción. Es muy difícil que podamos dar con los responsables de los sucesos”. Hasta el último corte informativo, el INE detalla que suman 73 personas que han solicitado apoyo del mecanismo de protección a candidatos, sin embargo, no se especificó quiénes son debido a motivos de seguridad.Los asesinatos del precandidato a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, Jaime Vera, y del alcalde de Pihuamo, Humberto Amezcua, candidato a la reelección por el PRI, ocurridos el 1 de febrero y el 15 de marzo, encendieron las alarmas por la violencia registrada en Jalisco de cara al proceso electoral en contra de funcionarios, servidores públicos y candidatos.La base de datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) indica que en la actual administración estatal, del 6 de diciembre de 2018 hasta este 16 de marzo, alrededor de 284 servidores públicos han sido asesinados en la Entidad.La mayoría por arma de fuego, con un total de 162; le siguen los casos por contundentes con un total de 78; en el listado, se incluyen personas ejecutadas por armas punzocortantes, estrangulaciones o a golpes.Entre los casos más sonados está el del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrido el 18 de diciembre de 2020 en un bar del municipio de Puerto Vallarta; el exmandatario fue victimado a balazos por dos personas quienes no han sido localizadas, mientras que hay una persona, Moisés “N” alias “El Moy”, quien se encuentra en prisión preventiva por los hechos.Son los Estados de Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca los cuales acumulan la mayor cantidad de crímenes cometidos en contra de funcionarios y servidores públicos en los últimos años según la organización Data Cívica.Para estas elecciones, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal acordó con el Instituto Nacional Electoral el plan de Estrategia de Protección a Candidatos para garantizar la seguridad de las personas que se han postulado a los distintos cargos, tanto a nivel local como a nivel nacional. El Gobierno federal será el encargado de la protección de candidatos a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales, diputaciones federales y senadurías, en tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local, es decir, a diputaciones locales y a las alcaldías.LA VOZ DEL EXPERTOSandro Arreola, politólogo de la Universidad de Guadalajara.Especialistas en materia de derecho penal y política consideraron que el proceso electoral 2023-2024 es el más violento de la historia de México, pese a que apenas han transcurrido 16 días de las campañas a la presidencia, gubernaturas y otros cargos.Sandro Arreola, politólogo de la Universidad de Guadalajara, calificó que el proceso electoral actual es también el más letal debido a los crímenes contra los políticos y personas involucradas en las campañas, señalando que los criminales han ajusticiado a aspirantes a cargos de elección popular con oportunidad de ganar.“Sí, es la más letal en términos del ajusticiamiento y los crímenes en contra de políticos, principalmente de candidatos. La letalidad ha cobrado la vida de candidatos que buscan reelección, que buscan posicionamiento, no se está ajusticiando a candidatos que no vayan a ganar, sino que el patrón que se encuentran es que son aspirantes que vayan a ganar”.Adolfo Gámez, abogado penalista, criticó que el Estado dejó de existir en municipios del interior de Jalisco, los cuales, afirmó, están controlados por la delincuencia organizada. Por ello, cuestionó que haya gobiernos que pactaran con grupos criminales y les permitieran desarrollar sus actividades con normalidad, razón por la que se han acumulado los crímenes en contra de personas aspirantes a algún cargo de elección popular.“El Gobierno como tal dejó de existir en algunos municipios del interior del Estado, municipios que están controlados por grupos que se presumen de la delincuencia organizada. Considero que con la delincuencia no se pacta, se combate. Estamos viendo que ese pactar con la delincuencia está trayendo resultados de que los candidatos provienen de algunas cosas con las venias de los grupos. Es por eso que a diario se están acumulando los crímenes para ser candidato”.Ambos especialistas ven la posibilidad de que se repita la situación registrada en 2021, cuando la elección por la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores sea anulada, y no sólo en aquel municipio del sur del Estado, sino en otras regiones como en los Altos o el Norte; por ello, advirtieron la posibilidad de un vacío legal en caso de que no se elijan a representantes públicos.Diputados federales del PRI lamentaron el asesinato de Humberto Amezcua, alcalde de Pihuamo, Jalisco e hicieron un llamado a los gobiernos, Jalisco y federal para redoblar la seguridad.A nombre de los integrantes de esta bancada, el coordinador parlamentario, Rubén Moreira Valdez, preguntó qué pasa en México, para luego exigir justicia por este y otros lamentables asesinatos que han ocurrido en los últimos meses, en el marco del proceso electoral.Luego que se diera a conocer que el presidente municipal fue encontrado sin vida afuera de su casa, presuntamente por un ataque de sicarios, en sus redes sociales el legislador priista cuestionó en dónde están las autoridades, tanto locales como federales, ante este tipo de actos; seguramente, respondió, en la cantaleta de que “los conservadores exageran” o cerrando campos de golf.De manera insistente, ante el riesgo que corre la democracia, el líder congresista hizo un llamado al gobernador de Jalisco, y a la Guardia Nacional para que afronten su responsabilidad, realicen las indagatorias conducentes, se capture a los culpables, a fin de que haya justicia y se les aplique todo el peso de la ley.El político coahuilense recalcó la importancia de averiguar a quién beneficia este crimen, ya que el PRI estatal reportó que había amenazas sobre Humberto Amezcua y que el Gobierno del Estado no hizo nada, por lo que pide se investigue la omisión también.El narco, advirtió, está decidiendo las elecciones y el Estado abdica a su principal función. Rubén Moreira destacó que se minimiza la violencia, que se ha vuelto práctica común que después de un incidente grave líderes, funcionarios y gobernadores de Morena digan que se exagera en el tema de Seguridad, aun cuando organismos como Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de la ONU, la Internacional Socialista y congresos de otros países ya han manifestado su preocupación por la violencia que ocurre en el país.GABINETE DE SEGURIDADEl Gabinete de Seguridad del Gobierno federal acordó con el INE el plan de Estrategia de Protección a Candidatos para garantizar la seguridad de candidatos a los distintos cargos tanto a nivel local como a nivel nacional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal detalló que el INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos que la requieran, independientemente del partido al que pertenezcan. Luego de ello, el organismo electoral comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se pueda establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso establecido.Tras ello, la dependencia federal de seguridad dará parte al INE sobre la disposición del servicio para que el instituto pueda informar a los partidos políticos y candidatos que resulten beneficiados con la estrategia.El Gobierno estatal negó que hubiera recibido alguna petición de protección por parte de la víctima y señalaron que se entrevistó a familiares del alcalde ejecutado donde se aclara que no recibió amenazas. También se informó que han brindado 161 acompañamientos de seguridad en todas las regiones del estado a la candidata a la gubernatura Laura Haro, tanto en su condición de dirigente como ahora de candidata, previa petición por oficio, al igual que a otros aspirantes.TELÓN DE FONDODe acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), son 73 aspirantes a algún cargo de elección popular como diputaciones federales, alcaldías o gubernaturas los que han solicitado medidas de protección.La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que ese número de personas solicitó el protocolo que ofreció el Gabinete de Seguridad Federal para el resguardo de candidatos a cargos federales, pero sin especificar nombres por cuestiones de seguridad. Señaló que están atendiendo el tema de seguridad, en coordinación con las instancias correspondientes a nivel estatal y federal.“Me preocupa y me ocupa el tema de la seguridad. Este es un tema que nos preocupa a todos y a cada uno de los mexicanos, pero hay que atenderlo, y atenderlo con el foco de atención que se merece”.“Es decir, hay que garantizarle a nuestro país que vamos a tener unas elecciones como siempre, con todas las mesas directivas de casilla instaladas, con todo el material distribuido, con una boleta para cada mexicano, en la parte que le toca votar de las diferentes posiciones que están en la contienda y en paz”, apuntó la consejera presidenta del INE.Taddei recordó que no es responsabilidad del organismo electoral garantizar la seguridad de las elecciones, tarea que le corresponde al Gobierno Federal. Al ser cuestionada específicamente sobre la situación de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero, la Entidad donde más políticos han sufrido agresiones, Guadalupe Taddei dijo que el INE se ocupa al respecto.Finalizó recordando que el INE no tiene la responsabilidad de elaborar mapas con focos de inseguridad como lo elaboró la consultora Integralia.
