Durante los últimos cinco años, el Centro de Guadalajara se ha posicionado en el primer lugar de las colonias con mayor incidencia de arrestos por narcomenudeo, de acuerdo con cifras concedidas por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado.Durante los primeros seis meses del año, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá concentran las 10 colonias con más carpetas de investigación abiertas por ese delito en la Entidad. En conjunto, esos 10 espacios suman 110 de las mil 275 averiguaciones abiertas por la dependencia estatal: 8.6 por ciento.El municipio capital es el que más carpetas acumula: 54 averiguaciones abiertas por ese delito. Después del Centro, en Guadalajara están las colonias Las Conchas, Lomas de Polanco, Oblatos y San Juan de Dios. Le sigue Tlaquepaque, con 39 pesquisas abiertas en las colonias Las Juntas, San Pedrito y Artesanos. Las colonias Jalisco y Centro, de Tonalá, registran 17 investigaciones más.Este medio solicitó una entrevista con las tres corporaciones de la Policía municipal para que detallaran la situación de esas colonias, pero no se obtuvo respuesta.Sin embargo, el fenómeno en el Centro tapatío es representativo porque desde 2015 está en el primer lugar. Allí se han abierto 222 expedientes en los últimos tres años y medio. Pero mientras en 2015 fueron 130, este año van sólo 19. Es decir, 14% de lo registrado el año con más arrestos.Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general del Estado, afirmó que los arrestos por ese delito en el primer cuadro de Guadalajara son menos debido a las “acciones de contención” que han hecho las autoridades. Sin embargo, reconoció que los delincuentes suelen cambiar su lugar de su operación para evitar ser localizados.“En el Centro ya los tienen tan identificados que buscan cambiar a donde puedan hacerlo con una mayor tranquilidad, porque a fin de cuentas el adicto va a donde está la droga”.De acuerdo con el funcionario, si la zona Centro se ha mantenido durante años en el primer lugar de los puntos con más carpetas de averiguación abiertas por narcomenudeo, también hay una responsabilidad por parte de la autoridad municipal e incluso la federal. Y no sólo en la implementación de dispositivos de seguridad, sino en cómo se llevan a cabo las detenciones, pues en su mayoría los sospechosos son liberados por falta de elementos de prueba.En julio de 2016, el entonces comisario de la Policía de Guadalajara, Salvador Caro, acusó a la Fiscalía del Estado de no actuar con dureza en los puntos de venta de droga. Por eso presentó al fiscal en turno, Eduardo Almaguer, tres tomos con información de 204 presuntas “narcotienditas”, como él las llamó, distribuidas en el municipio.Almaguer respondió que no eran 204, sino 400 los puntos de distribución de narcóticos al menudeo que estaban identificados en el municipio capital, y que las autoridades bajo su mando trabajarían en la revisión e investigación de los puntos presentados.En abril de 2017 inició un operativo en las zonas de Analco, San Juan de Dios, El Santuario y 5 de Febrero, en el que alrededor de 400 elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, estatal y de Guadalajara fueron desplegados.Según lo que tenía detectada la corporación tapatía, en esos cuatro puntos estaba 20% del mercado de la droga en el municipio.El último corte de esa intervención, presentado en febrero pasado, reveló que 207 kilos de mariguana, tres kilos de droga sintética, mil 114 pastillas psicotrópicas, 16 armas de fuego, 52 cartuchos de diferentes calibres, 10 armas blancas y siete de utilería habían sido asegurados, además de 137 autos y 17 motocicletas recuperados, además de 123 personas detenidas por delitos del fuero común, y 64 por señalamientos del fuero federal.En diciembre, la delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR) notificó una sentencia de cinco años de cárcel y una multa de más de siete mil pesos para dos hombres por delitos contra la salud. Uno de ellos por la posesión de 224 kilos de mariguana y el otro por venta de metanfetaminas. Ambos cumplen su condena en reclusorio de Puente Grande.El año pasado, Jalisco se colocó en el décimo lugar de los estados con más carpetas de investigación que fueron iniciadas por la PGR por ese indicador, con 26 carpetas, según cifras de la Unidad de Transparencia de esa dependencia federal.Y aunque fueron pocas investigaciones, la cifra de 2017 triplicó las carpetas abiertas durante el año previo, cuando sólo se contabilizaron ocho. Con esos números, Jalisco pasó del lugar 18 al 10. En total, la PGR sólo abrió 869 investigaciones por narcomenudeo durante 2017 en los 32 estados de la República, 32% más que en 2016.La delegación Sonora de la PGR encabezó la lista, con 209 carpetas. La Ciudad de México, el núcleo con más habitantes del país, sólo registró 38. Nayarit y Tamaulipas fueron los únicos dos estados sin averiguaciones iniciadas en 2017 por ese delito federal.En enero de este año, la PGR inició su operativo Escudo Titán en Baja California. La meta: prevenir y combatir la incidencia delictiva en el municipio de Tijuana, y gracias a los resultados que dio esa estrategia de seguridad, se extendió a otros nueve estados, entre ellos Jalisco.De acuerdo con el último corte presentado en julio, el operativo ha logrado el arresto de dos mil 647 personas por delitos de alto impacto, entre quienes se encuentran 14 presuntos integrantes del cártel Nueva Generación: el grupo delictivo local que hoy está en la mira de los gobiernos de México y Estados Unidos.Desarrollo histórico de la legislación de drogasSe prohíbe la producción, comercio y consumo. Se crea el Consejo de la Salubridad General.Se prohíbe la importación de narcóticos.Se prohíbe la exportación de heroína y mariguana. Comienza el tráfico ilegal a través de la frontera.Se formula el Título Séptimo del Código Penal Federal, que regula los delitos contra la salud.Reforma del Código Penal Federal. Se establece el capítulo “de la tenencia y tráfico de enervantes”.Se crea la Dirección Federal de Seguridad. Las penas por delitos. Se realiza una “gran campaña” de erradicación de cultivos ilícitos.El consumo de drogas se penaliza.Se crea la Ley General de Salud.Aumentan las penas por producción, transporte, tráfico, comercio o suministro, introducción o extracción del país de narcóticos.Se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.Nace la “Ley de narcomenudeo” que establece una tabla de dosis máximas para el consumo personal.Fuente: Ana Paula Hernández, Legislación de drogas y situación carcelaria en México• El Código Penal Federal establece una pena de entre 10 y 25 años de prisión, y de 100 a 500 días de salario mínimo de multa no sólo para quien venda estupefacientes, sino para quien los produzca, transporte, trafique, suministre (directa o indirectamente) “aún de manera gratuita”.• Lo mismo para quien los introduzca o extraiga del país, quien ayude en su cadena de financiamiento o fomente su consumo.• Las penas, establece el Código, aumentarán en una mitad si el delincuente utiliza a menores de edad para cometer el delito, si el delito ocurre en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión y “cuando ocurra en un establecimiento de cualquier giro, se clausurará definitivamente”.*Entre enero y junio de 2018*Con la ayuda de perros entrenados, el viernes pasado la Policía Federal aseguró una biblia y una vela de primera comunión en una empresa de mensajería de Tlajomulco, en cuyo interior se hallaban 90 gramos de heroína. Tenían como destino el Estado de California, en Estados Unidos. Tres días atrás, 120 gramos de cocaína fueron detectados en el interior de birotes que fueron asegurados en el Aeropuerto de Guadalajara.Con hechos como esos, la delincuencia organizada demuestra cada vez mayor ingenio para lograr que las drogas salgan del país. En 2017 también ocurrieron hallazgos similares en la Entidad. Por ejemplo, en octubre tres kilos de pastillas de metanfetamina fueron localizados ocultos en paquetes de sábanas. El mismo mes, 475 gramos de cocaína fueron escondidos en un libro que se aseguró en Puerto Vallarta, y tres peluches “tragaron” 400 gramos de mariguana.En septiembre, 20 kilos de metanfetaminas fueron hallados ocultos en una cubeta con mole y, en junio, más de un kilo de cocaína se extrajo de una bocina que estaba en una empresa de paquetería en Puerto Vallarta.Pero hasta el momento ningún hallazgo supera al que ocurrió en junio en la Ciudad de México, donde la Policía Federal localizó tres cubetas con metanfetaminas disfrazadas de nopales en trozos que pretendían ser enviadas a Holanda. El paquete fue enviado por una mujer desde Guadalajara.Jorge Tejada Montaño (académico del ITESO)Jalisco pasó de ser un municipio de tránsito de droga a uno consumidor a partir de 2013, en medio de un reacomodo de cárteles para conseguir el mando de la Entidad tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal en 2010, quien hasta entonces era el encargado del cártel de Sinaloa en Jalisco.De acuerdo con el especialista en temas de seguridad, a partir de la fractura de este cártel comenzó una disputa en Jalisco entre los miembros restantes de Sinaloa contra el grupo de los Zetas. Eso dio paso al cártel Nueva Generación, que en 2013 centró sus áreas de operación en Guadalajara, Zapopan, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Tecalitlán, Mazamitla, Puerto Vallarta y Cuautitlán, donde se localizaban sus bodegas, narcolaboratorios y casas de seguridad.“En los últimos 10 años, alrededor de 180 laboratorios de drogas y narcóticos han sido desmantelados. Esto nos habla del empeño por convertir al Estado en una base de operatividad nacional”.
