Ven incorrecto gravar la nómina para proyectos sociales

GUADALAJARA, JALISCO.- Aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) de 2.0 a 2.3%, como pretende un proyecto entregado hace un par de meses en el Congreso por un grupo de empresarios no es bien visto por las empresas asesoradas por el bufete Martínez Lomas Fiscalistas y Auditores Asociados.
Su director, J. Jesús Martínez Lomas, reconoce que ha conversado del tema en las consultorías y asesorías especializadas en las materias fiscal, contable y administrativa que él y su equipo realizan en Guadalajara. “Hasta ahora es un rumor, no se toma muy en serio”. Sin embargo, asegura, los empresarios no están de acuerdo con ese proyecto.
Martínez Lomas reconoce que el ISN, así como está “no es muy gravoso”. Mucho más perjudicial para los negocios es la doble contabilidad que deben realizar, al tener que cumplir tanto con las obligaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) como las del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). “Es muy complicado”. Afortunadamente, para 2009 no habrá miscelánea fiscal, “lo que ya es ventaja”, explica, porque complica la relación fiscal.
Para el especialista, con oficinas en la colonia Jardines del Bosque, sus clientes empresariales rechazan que se eleve el ISN porque “no lo ven correcto”. No es cuestión del monto adicional que se tenga que pagar o de la justificación social que se le dé a los proyectos que se pudieran apoyar con el dinero que se recaude.

Poco interés gubernamental

No hay claridad sobre los fines del fideicomiso que la Fundación Social del Empresariado Jalisciense (Fejal) promueve ante el Congreso estatal. En el documento que presenta el proyecto, la fundación expone tres áreas de proyectos sociales a ser apoyados: educación, proponiendo ampliar la cobertura entre grupos vulnerables; salud, con la intención de impulsar medidas preventivas en sanidad pública, y lo que llaman “capital social”, por el que se propone aumentar las empresas socialmente responsables, “el desarrollo comunitario de base” y el “voluntariado en causas sociales”.
En la mesa de debate que EL INFORMADOR organizó hace un mes, José Luis González Íñigo y César de Anda Molina, dos de los miembros de la Fejal, resaltaron la necesidad de atender las necesidades de la vejez en Jalisco y combatir las adicciones a alcohol y alucinógenos, sobre todo entre trabajadores de las empresas locales.
Otros empresarios, como Javier Gutiérrez Treviño, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), y Raymundo Gómez Flores, de Minsa, han resaltado la finalidad de fortalecer la debilitada infraestructura jalisciense para actividades productivas como un fin que justifica la elevación del ISN y la constitución del fideicomiso Fondo para la Prosperidad Social de Jalisco, como lo han denominado.
Hasta ahora los funcionarios del Gobierno estatal, empezando por el gobernador Emilio González Márquez, no se ha pronunciado abiertamente en favor de este proyecto.
Lo paradójico es que la administración de González Márquez no tiene el asunto de la asistencia social y el desarrollo humano como un tema destacado en el reparto de recursos públicos. El año pasado, la Secretaría de Desarrollo Humano tuvo un presupuesto de 551.5 millones de pesos, 1.04% del total estatal, por poco más de 53 mil millones de pesos.
Este año, y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas por internet hasta julio pasado, Desarrollo Humano ha ejercido 573.1 millones de pesos, 1.85% de los 30 mil 831.5 millones de pesos ejercidos al séptimo mes, que aunque es una proporción mayor, sigue siendo significativo que porcentualmente siga siendo una cifra baja en el reparto de los recursos públicos estatales.
En el informe cuatrimestral que ayer presentó el gobernador González Márquez se reconoce que la desigualdad de los ingresos económicos en los hogares en Jalisco, medida en la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares, es notablemente mayor que el promedio nacional: 30% más.
Otro indicador que llama la atención es la excesiva centralización del Impulso a las Capacidades de la Niñez y la Juventud, con el que se pretende, dice el informe, generar “las condiciones mediante las cuales se aprovechen las habilidades de los niños y jóvenes (…) con la intención de ampliar sus oportunidades de superación”. En el primer cuatrimestre de 2008, periodo del que se informa, se otorgaron 70 becas en instituciones de educación privada, de las que 65 corresponden al área conurbada de Guadalajara, y los restantes cinco se otorgaron en otros municipios de Jalisco.
Al revisar el informe, no se encuentra un solo dato que muestre el interés por impulsar proyectos de atención social en Jalisco, una de las responsabilidades básicas del Gobierno.

TELÓN DE FONDO

¿Es mejor sustituir a la asistencia pública?

Es revelador el proporcionalmente bajo gasto público para atender a la población jalisciense en situación vulnerable, o el elevado presupuesto que entidades como el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) destinan a la operación y el pago de personal frente a los recursos que destina a apoyar proyectos sociales privados.
Sin dejar de reconocer la valiosa disposición de todos los empresarios que abogan en favor de iniciativas como la de la Fejal, cuyo propósito es indiscutiblemente solidario, habría que preguntarse si en el fondo se trata de eximir al Gobierno de una de sus funciones prioritarias hacia la sociedad: la asistencia a la población en dificultades. Porque si es así, habría que preguntarse si hay que desaparecer al IJAS, al DIF, al Seguro Social y a muchas otras instituciones que muestran severas ineficiencias para servir a la población, para sustituirlas por proyectos privados.
Frente a tantas carencias, es difícil concebir que aumenten los impuestos para costear una atención que legalmente ya debe realizar el Gobierno con los impuestos actuales. (JAC)

EL INFORMADOR • C. HERNÁNDEZ

Alrededor de dos millones de jaliscienses enfrentan algún tipo de marginación o vulnerabilidad social.