La CEPAL duda de que la violencia tenga un costo directo en economía mexicana

SANTIAGO, CHILE (13/JUL/2011).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) puso hoy en duda que la violencia en México tenga un costo directo en la economía de ese país, como señaló recientemente el banco de inversiones JP Morgan.

Según esta compañía financiera global, uno de los mayores factores de riesgo del crecimiento de la economía mexicana para los próximos dos años es la violencia, que tiene un costo para el país de entre un 1 % y un 1.5 % del producto interno bruto (PIB).

"No es nada más que la inversión extranjera no esté llegando, sino que mucha inversión mexicana se ha retraído por razones de violencia", advirtió en esa ocasión el presidente y director general de la firma en México, Eduardo Cepeda.

Sin embargo, para la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la también mexicana, Alicia Bárcena, no está tan claro que haya un costo tan directo. "Yo creo que es un tema de percepción", declaró.

La responsable de la CEPAL puntualizó que "no está documentado" que la violencia constituya un factor de desestabilización económica en América Latina. "Me gustaría mucho ver esas cifras que menciona" JP Morgan, agregó.

"Por lo menos en el caso de México, nosotros vemos que es una economía que se está recuperando por varias razones, entre otras, porque está llegando la inversión extranjera directa al país", afirmó.

"Si hubiera un temor de ese tipo, no llegaría", enfatizó Bárcena, quien añadió que además "se está recuperando el turismo y están retornando las remesas".

"Es decir hay un dinamismo en la economía mexicana que no se condice con esta información", aseveró.

"Lo que sí es importante es cómo lograr que los recursos para financiar la seguridad nacional y la seguridad ciudadana no reemplacen los destinados a efectos sociales y productivos", agregó.

Tras manifestar la disposición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para asesorar a los países en este ámbito, Alicia Bárcena puso como ejemplo el impuesto patrimonial de Colombia, aplicado una sola vez para financiar las necesidades de seguridad.