En España protestan contra austeridad en salud

MADRID, ESPAÑA (09/DIC/2012).- Miles de habitantes de Madrid y empleados del sistema de salud municipal, indignados por las reducciones presupuestarias y los planes de privatizar parcialmente algunos hospitales y servicios, se manifestaron el domingo en algunas de las plazas más conocidas de la capital.

Más de cinco mil personas se congregaron en la céntrica Puerta del Sol, de acuerdo con cifras de la policía, después de marchar de las plazas Neptuno a la Cibeles. Los organizadores calcularon que asistieron unas 25 mil personas, muchas de ellas con batas blancas y uniformes azules. La "marea blanca", como la llaman sus organizadores, fue la tercera marcha así de grande de este año.

Fátima Branas, vocera de los organizadores, dijo que los planes de privatización son miopes al no considerar los posibles ahorros sin tener que desprenderse de los servicios.
"Lo que de veras suponen sus planes es un cambio total del modelo sanitario y un desmantelamiento del sistema", aseveró.

El gobierno madrileño, a cargo de Ignacio González, sostiene que las reducciones son necesarias para garantizar los servicios médicos durante la recesión.

La salud y la educación son administradas por cada una de las 17 regiones semiautónomas de España y no por el gobierno central y cada una establece sus planes de gasto. Las regiones representan casi 40% del gasto público. En la región de Madrid gobierna el Partido Popular, el grupo de centro-derecha que también encabeza el gobierno central con Mariano Rajoy.

Muchas regiones pasan apuros a medida que se contrae la economía española en una doble recesión desatada por una crisis del sector de bienes raíces en 2008.

Algunas que han gastado de más y no pueden pedir un préstamo en los mercados financieros para saldar sus grandes deudas están recortando sus presupuestos.

"Nos enfrentamos a una situación verdaderamente difícil porque estamos viviendo la posible venta de todo el sistema sanitario español", dijo el doctor Gerardo Antón, de 58 años. Agregó que los cambios propuestos por González atraerán a inversionistas más interesados en las utilidades que en el servicio público.

Las regiones españolas tienen una deuda combinada de 145 mil millones de euros (185.000 millones de dólares) y unos 36 mil millones de euros (47.100 millones de dólares) deben refinanciarse este año. España no quiere seguir los pasos de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, que tuvieron que solicitar un rescate financiero internacional.