Cofetel integra un nuevo modelo de regulación a empresas dominantes

CIUDAD DE MÉXICO (12/SEP/2011).- La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) elaboró un nuevo modelo de regulación, aplicable de manera general a los operadores de telefonía que resulten con poder sustancial de mercado.  

En un comunicado, el órgano regulador señala que esta política, que implica la aplicación de reglas generales relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información, está incluida en un acuerdo que será enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer).  

El objetivo de la regulación es evitar que los concesionarios con poder sustancial de mercado impidan que sus competidores participen de manera equitativa, así como promover el desarrollo de una sana competencia en el sector.  

La política propuesta se aplicará a aquellas empresas que la Comisión Federal de Competencia (CFC) declare con poder sustancial en los mercados mayoristas de servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales, de larga distancia nacional, de larga distancia internacional e interconexión.  

Con el establecimiento de reglas relacionadas con tarifas busca evitar que se presenten conductas que dañen el desarrollo de una competencia equitativa, o perjudiquen a los consumidores mediante la fijación de precios en servicios que se proporcionan a otros concesionarios.  

En materia de calidad de servicio, la Cofetel pretende asegurar que las empresas obtengan una calidad mínima en todos los componentes del servicio que les sea provisto, para lo cual fijarán procedimientos de solicitud que deberán ser atendidas de manera puntual.  

La regulación relacionada con información garantizará que los concesionarios cuenten con suficiente información sobre las diferentes alternativas de suministro de servicios de que dispongan, así como las características y los precios de éstos.  

Estas reglas hacen accesible al resto de los operadores la información útil que se derive de la operación y explotación de la red, en tanto que garantizan que el concesionario que tenga poder sustancial entregue a la autoridad la información requerida para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.