Entre enero y octubre de 2019, la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 64 mil 811 millones de pesos en adeudos fiscales activos por parte de 30 mil 155 jaliscienses (personas físicas y morales). El monto global equivale a casi dos veces el costo de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero.De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la L3 ha representado un gasto de 34 mil 189 millones de pesos, contando los recursos asignados para este año.Del monto total que se adeuda a la autoridad fiscal por parte de contribuyentes omisos de esta Entidad, uno de cada seis pesos corresponde a tres mil 969 personas morales (empresas u organizaciones), y el resto a 26 mil 186 personas físicas.Álvaro Chávez es uno de los ciudadanos en la lista negra. Cuenta que desde hace dos años debe alrededor de 15 mil pesos. Aunque tiene planes de pagar sus contribuciones, considera que la situación es difícil.“Será un gasto fuerte, porque además tengo que contratar a un contador para que me ayude a ponerme al corriente. Y como no he facturado, no sé si me vaya a salir en más dinero. Y si a eso le juntas que hay que pagar el (recibo) anual de agua y otros gastos, es una situación económica complicada”.Vía Transparencia, el órgano recaudador reporta que a nivel nacional hay 519 mil 475 personas físicas o morales que tienen pagos pendientes por 787 mil 708 millones de pesos.El Estado se encuentra en la cuarta posición a nivel nacional con la mayor morosidad, sólo por debajo de Ciudad de México (252 mil 264 millones), Nuevo León (86 mil 247 millones) y Estado de México (77 mil 959 millones).En la estrategia programática del paquete económico de este año se proyecta incrementar la recaudación del SAT a través de una operación más eficiente, “sustentada en tecnologías de punta que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a fin de contribuir al crecimiento económico de México sin crear nuevos impuestos, basándose en dos pilares fundamentales del Gobierno: la austeridad y el combate a la evasión”.Durante 2019, con corte a septiembre, el organismo recuperó 30 mil 500 millones de pesos derivado de créditos fiscales a escala nacional; la meta fijada para el cierre de año era de 43 mil millones.En 2019 se enviaron más de 388 mil notificaciones de adeudo fiscal a los omisos de todo el país; seis veces más que en 2015En junio de 2019, Álvaro Chávez recibió la primera visita de requerimiento de obligaciones omitidas por parte de personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El joven de 29 años declara en la modalidad de honorarios o servicios profesionales y recuerda que antes le llegaban las notificaciones o avisos a su correo. Comenta que cuando le llegó la primera notificación debía más de un año de declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Hasta diciembre pasado había recibido tres o cuatro requerimientos del organismo. Tras casi dos años de incumplimiento en el pago de contribuciones, calcula que el adeudo es de alrededor de 15 mil pesos. Aunque ya había sido notificado, le preocupó recibir la visita domiciliaria. “No he pagado debido a que tuve que hacer un gasto personal fuerte que implicó reducir mis gastos en todos sentidos para dedicarlos a otro fin, y posteriormente tuve que continuar así para equilibrar mis finanzas y poder salir adelante porque en caso de haber seguido pagando, no hubiera tenido siquiera para comer”. De enero a octubre del año pasado, a nivel nacional la institución envió más de 388 mil requerimientos de pago a personas físicas y morales con el objetivo de cobrar 541 mil millones de pesos en adeudos (sin contar intereses). Esto representa seis veces más que en el mismo periodo de 2015, cuando se enviaron 62 mil 673 notificaciones de adeudo fiscal. La cifra de requerimientos emitidos es la más alta de los últimos cinco años, según datos brindados por Transparencia. Los otros métodos de control para la recaudación son cartas, buzón tributario, mensajes y cancelación de sello digital.En los primeros 10 meses de 2019, el organismo fiscalizador recaudó 82 mil 407 millones de pesos derivados de los actos de control de obligaciones del SAT, un incremento de 21.9% en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2018. Aunque las acciones que generaron más recursos fueron vía correo electrónico y por entrevistas, el incremento mediante requerimientos fue mayor, al sumar 11 mil 697 millones mediante este acto (74.7% más que en el mismo periodo de 2018). En diciembre pasado, Raquel Buenrostro fue nombrada como nueva titular del SAT. Tras el cambio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que confiaba en que los ciudadanos cumplirían con sus obligaciones fiscales. Y pidió a la población que denunciara abusos, presiones y prácticas indebidas por parte de este organismo. En los primeros nueve meses del año pasaso se emitieron cinco mil 657 millones de facturas electrónicas; un promedio de 240 facturas por segundo, de acuerdo con el SAT. De 2005 a septiembre de 2019 se emitieron 45 mil 827 millones de facturas y, desde 2011, año a partir del cual se tiene registro de los emisores, ocho millones 753 mil contribuyentes han generado al menos una factura electrónica.A partir de 2014 se volvió obligatoria la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido como factura electrónica, y desde julio de 2017 entró en funcionamiento el nuevo formato de factura conocida como versión 3.3, así como la factura de recepción de pagos.Según el Informe Tributario y de Gestión, 14 millones 689 mil contribuyentes realizaron el trámite de inscripción de la e-firma y el SAT ha generado 26 millones 25 mil certificados, entre 2004 y septiembre de 2019.En este mismo periodo, la recaudación obtenida a través del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) fue de seis mil 779.4 millones de pesos, lo que significa un aumento de 8.7% en comparación con el mismo periodo de 2018. Por su parte, el número de contribuyentes registrados en el RIF fue de cinco millones 333 mil. El objetivo de este régimen, que entró en vigor en 2014, fue formalizar a pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia.Además de buscar “solucionar las distorsiones y efectos no deseados generados por el anterior régimen fiscal para pequeños contribuyentes, en el que no se podían emitir facturas. Era un sistema complejo e ineficiente con diferencias en las distintas Entidades federativas, era permanente y no contaba con mecanismos de control ni de graduación, lo que se tradujo en tasas de evasión de casi 90% y en otras anomalías”, destaca el Instituto Belisario Domínguez en el documento “Decisiones legislativas y políticas públicas para la reducción de la informalidad”.Las medidas implementadas durante el año pasado para combatir el problema de evasión fiscal se reforzarán durante este año, de acuerdo a lo contemplado en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos 2020. En el documento se subraya que se trabajará para facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, “a fin de contribuir al crecimiento económico de México sin crear nuevos impuestos, basándose en dos pilares fundamentales del Gobierno: la austeridad y el combate a la evasión”.Durante 2019, tras el aumento de compra-venta de comprobantes fiscales o facturas falsas, el SAT realizó un operativo nacional de revisión en el que detectó 150 empresas que facturan operaciones simuladas, por lo que presentó 23 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), según revela el documento “Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa”, recopilado por el Instituto Belisario Domínguez. “Además, el SAT tiene identificadas, desde 2014 a junio de 2019, ocho mil 204 empresas que realizan dicha actividad ilícita en nueve Estados de la República Mexicana. De éstas, la mayor concentración se encuentra en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León”, se menciona en el texto publicado el pasado mes de octubre.Se calcula que esta actividad ocasiona un daño al fisco federal por 354 mil 512 millones de pesos.Por ese motivo, durante el año pasado el Pleno del Senado avaló modificaciones para aumentar las penas a ocho años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas. DevolucionesEn diciembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró contento por el hecho de que personas morales empiecen a devolver dinero al Sistema de Administración Tributaria, en el marco del arranque de la legislación que ahora establece como delito grave la facturación falsa.“No querían que se convirtiera en delito grave lo de la facturas falsas y antes de que entre en vigor la nueva ley (aplica desde el 1 de enero de este año), empresas están devolviendo dinero que estaban en una situación irregular con facturas falsas, estoy hablando de alrededor de tres mil millones de pesos”, señaló. Además, pidió a empresarios que acudan a Palacio Nacional a denunciar a posibles extorsionadores que se aprovechen de la nueva legislación para intentar extorsionar o aprovecharse de la situación por medio de los llamados “moches”.Adeudos fiscales activos a nivel nacional64,292 personas morales tienen adeudos por 615 mil 478 MDP. 455,183 personas físicas deben 172 mil 230 MDP. Cancelan créditos fiscales en JaliscoEn septiembre pasado y tras cuatro años de litigios, la organización civil Fundar Centro de Análisis e Investigación logró que el SAT revelara la información sobre los contribuyentes que recibieron condonaciones, cancelaciones de impuestos y otros créditos fiscales del periodo 2007 a 2015.En el periodo mencionado se cancelaron 30 mil 829 millones de pesos a personas físicas y morales de Jalisco, de un total de 572 mil millones cancelados a nivel nacional. El SAT explica que la cancelación de un crédito fiscal es una figura utilizada para depurar la cartera cuando el cobro del crédito no pudo realizarse, en virtud de que existe imposibilidad práctica de cobro o porque es incosteable, sin que esto libere del cumplimiento de la obligación al contribuyente.“La probabilidad de pago es mínima y el riesgo de intentar el cobro a través de los años sin obtener ninguna recuperación o que ésta sea, de todas formas, algo tan insignificante que no convenga la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero, hace que la mejor opción sea la cancelación”.La institución indica que esto puede ocurrir si el contribuyente ya no se localiza en el domicilio fiscal señalado para efectos fiscales o la autoridad ignora su domicilio o el de su representante, ya sea porque el requerido desaparece o desocupa el local donde tiene su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio. La institución explica que antes de 2007 no se contaba con información propia y de terceros para poder detectar bienes para cubrir los adeudos. Sigue: #DebateInformador y participa en Twitter en el debate del día @informador ¿Conoce los cambios fiscales que entraron en vigor este año?
