El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) alertó este año sobre la operación de diversas empresas con sede en México, en su mayoría situadas en Jalisco, que se encargan de defraudar a personas en el extranjero con la supuesta venta de tiempos compartidos (renta de una propiedad, por lo general algún tipo de alojamiento vacacional). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló en marzo pasado que al menos 19 compañías en el país son responsables de este delito, y supuestamente están relacionadas con el cártel Nueva Generación. De estas, 10 se ubican en Guadalajara. La dependencia estadounidense indicó que algunas se dedican a actividades inmobiliarias, de agencia de viajes, comercio al por mayor y “otro tipo de servicios de apoyo empresarial”.Otras dos se sitúan en Puerto Vallarta, seis en Nayarit y una más en Quintana Roo. De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, los trabajadores de estos espacios ofrecían las propiedades en tiempos compartidos. Cuando les depositaban la cantidad requerida, dejaban de responder y daban de baja los sitios web mediante los cuales llevaban a cabo la promoción.El Centro de Quejas de Delitos en Internet del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), indicó que durante todo 2022 se recibieron al menos 600 denuncias de estadounidenses engañados. Las pérdidas sumaron al menos 39.6 millones de dólares (MDD). Estas redes de operación del crimen organizado podrían estar detrás de la desaparición de al menos siete jóvenes trabajadores de un call center de Zapopan. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado lo anterior. Sin embargo, el gobernador de Jalisco dijo que el call center referido era “un centro de operaciones de otra naturaleza”, por lo que los familiares de los jóvenes pidieron que no se les criminalice.De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) y con la información recaudada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), las personas extranjeras propietarias de tiempos compartidos reciben llamadas telefónicas o correos electrónicos inesperados de los delincuentes, quienes se hacen pasar por representantes de ventas de una empresa de reventa de multipropiedades.Los delincuentes a menudo usan tácticas de ventas de alta presión o muy atractivas para agregar urgencia al trato. A las personas que aceptan comprar se les dice que deben pagar una cifra por adelantado para cubrir cualquier cosa, desde las tarifas de cotización y publicidad hasta los costos de cierre.Una vez que se paga la tarifa, los propietarios del tiempo compartido informan que la empresa se vuelve evasiva: no contesta llamadas, desactivan los números de contacto y los sitios web, o los delincuentes inventan nuevos pagos que las víctimas deben saldar antes de que la transacción inmobiliaria sea definitiva.En algunos casos incluso el fraude se vuelve circular, pues los propietarios del tiempo compartido afectados por una estafa de este tipo, son contactados nuevamente por una nueva empresa fraudulenta, de presunta recuperación del dicho tiempo compartido.La persona delincuente, representante de la supuesta “empresa de recuperación”, promete asistencia para recuperar el dinero perdido en la estafa de esa venta.Algunas de estas “empresas de recuperación” exigen una tarifa por adelantado por los servicios prestados. A veces, los estafadores pretenden ser una entidad gubernamental que solicita pagos por tarifas asociadas con la venta del tiempo compartido.Por esta situación el FBI y el Departamento del Tesoro han invitado a las personas extranjeras, quienes han sido víctimas de este fraude, a denunciar los casos ante las instancias estadounidenses correspondientes, además de orientarlas a no caer en estas estafas de presión, ni en ofertas atractivas pues “cuando las oportunidades parecen demasiado buenas para ser verdad, usualmente no lo son”.Estas redes de operación del crimen organizado podrían estar detrás de la desaparición de los siete jóvenes trabajadores de un call center situado en dos ubicaciones de Zapopan, quienes habrían reclutado a estos jóvenes sin que se dieran cuenta de lo que ocurría detrás, pues según datos de la Fiscalía estatal, no tenían más de tres meses laborando en dichos espacios.A una semana de la desaparición de Itzel Abigail, Carlos David, Jesús Alfredo, Arturo, Carlos Benjamín, Mayra Karina y Jorge Miguel, el gobernador de Jalisco anunció que se reunió con el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, y con el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.La reunión se llevó a cabo ayer por la mañana en Casa Jalisco, con el objetivo de conocer los avances y seguimiento de una investigación “que cada día es más compleja de lo que parecía”, pues los elementos de los que se dispone hasta ahora indican que “no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza”, señaló el mandatario jalisciense en sus redes sociales tras la reunión.Al respecto y de la mano de la información compartida por el Departamento de Estado, que habla sobre al menos 19 empresas señaladas por defraudar a personas extranjeras con la venta de tiempos compartidos, las familias de estos jóvenes pidieron no se criminalice a las víctimas, pues ellas sólo eran personas que trabajan para la empresa que les había contratado.“Queremos que quede claro que la línea de investigación es fraude telefónico, y en calidad de víctimas. Ellos son víctimas, y hoy como familiares nosotros estamos siendo víctimas indirectas de este tema”, dijo Beatriz Robles, hermana de Arturo Robles Corona, tras la reunión sostenida ayer con funcionarios de la Fiscalía Estatal y el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, para conocer los avances del caso.“Sobre lo que dijo el gobernador yo considero que está muy mal, porque entonces, ¿cómo operaban esos lugares? No se me hace bien lo que dice porque a nosotros no nos dijeron nada de eso”, dijo por su parte Jonathan, hermano de Mayra Karina Vázquez, quien añadió que no fue convocado a dicha reunión sostenida por las autoridades estatales con las familias.El gobernador de Jalisco señaló que se ha pedido apoyo a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al existir la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema fiscal.Por la tarde la Fiscalía estatal informó que su titular, Luis Joaquín Méndez, se reunió además con personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) con el objetivo “de trabajar en coordinación y reforzar la búsqueda e investigación de los siete desaparecidos en Zapopan”.LA VOZ DEL EXPERTOJorge Ramírez, coordinador del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de PersonasSobre la situación que envuelve la desaparición de al menos siete personas relacionadas con su reclutamiento para laborar en un call center con dos domicilios en Zapopan, el doctor Jorge Ramírez Plascencia, coordinador del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, lamentó no sólo que las desapariciones de personas vayan al alza, sino que además involucran nuevas modalidades, como las desapariciones múltiples y desaparición de personas que tienen habilidades especiales, mismas que pueden ser aprovechadas por los cárteles.“El perfil de la desaparición en Jalisco es de personas jóvenes y, sobre todo, masculinas, estamos hablando de un promedio de ocho de cada 10 casos en este sentido. La desaparición, entonces, quizá podría tener como fin predominante la trata personas reclutadas a la fuerza no sólo como combatientes, sino también como técnicos especializados en operaciones claves del cártel".En este caso podría relacionarse con su habilidad en el manejo del idioma inglés y los sistemas informáticos.Las autoridades han tenido un retraso en localizar de manera pronta y eficaz a las personas que desaparecen, con miles de personas pendientes de ser encontradas en nuestro Estado.“Son todos los niveles de Gobierno. Aquí si veo un pacto federal, estatal y municipal por silenciar el problema, dejar que corra, dedicarse sólo a administrar lo que va sucediendo”, lamentó el académico.TELÓN DE FONDOEl pasado sábado 27 de mayo este medio dio a conocer que en la administración de Enrique Alfaro se registra en Jalisco un récord en las desapariciones de personas entre los 20 y 29 años de edad.Mientras que en el sexenio de Aristóteles Sandoval (2013-2018) se presentaron dos mil 547 denuncias por la desaparición de jóvenes, tan sólo en los cuatro años y medio transcurridos en la presente gestión de Alfaro ya suman tres mil 503, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas De la cifra de jóvenes desaparecidos en esta administración, mil 537 fueron localizados, pero otros mil 966 siguen sin ser encontrados. El Registro Nacional reporta que en Jalisco existe un total de 14 mil 978 personas de quienes a la fecha se desconoce el paradero, de las cuales seis mil 546 desaparecieron en la actual administración.Pese a las cifras y las múltiples manifestaciones de las familias en busca de sus seres queridos, el Gobierno de Alfaro dice que mantiene una estrategia permanente para la búsqueda de personas como eje prioritario.
