Desde el pasado 25 de enero se publicaron en el Periódico Oficial de Jalisco, las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911, además de endurecer las multas contra las personas que infringieran las disposiciones; sin embargo, han pasado ocho meses y tales modificaciones quedaron en el papel. No existe una coordinación estatal para aplicar las sanciones.De acuerdo con Salvador Medina Bonilla, director del Centro Integral de Comunicaciones, a cargo de la Fiscalía de Jalisco, no ha sido interpuesta alguna pena o multa debido a que aún no existen los mecanismos: “Todavía no está bien definido cómo hacerlo, tanto para la multa económica como para el cobro. Es en lo que se está trabajando para saber cómo será la directriz”.Aunque la ley ya los faculta para aplicar las sanciones, admite que aún trabajan para que este sistema sea homologado a nivel nacional, “que sea la misma sanción legal para todo el país”.El diputado Augusto Valencia, uno de los promotores de estas reformas, señala que el Congreso fue el encargado de realizar las modificaciones a la ley, pero le pasa la “bolita” al Gobierno del Estado. Acentúa que es el que debe realizar el trámite administrativo para que se incorpore en la Ley de Ingresos de Jalisco. “La ley está hecha de manera adecuada, cubre todo lo que un marco normativo debe tener. La problemática con la operación es por la falta de coordinación de la propia instancia (Fiscalía) con todo el Ejecutivo. No hay justificación, lo que se está poniendo en evidencia es que no se hablan… a lo mejor ni por teléfono”.Al respecto, la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) contesta que si bien el concepto no ha sido añadido a la Ley de Ingresos (debido a que se publicó en diciembre del año pasado y las reformas se publicaron en enero de 2018), la dependencia se encuentra en toda la disposición de establecer una mesa interna de trabajo con la Fiscalía estatal, ente facultado para establecer las multas, con la finalidad de abrir un espacio en la contabilidad gubernamental para recibir los cobros como una falta administrativa, mientras se establecen como multa fiscal en la Ley de Ingresos 2019.De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del total de llamadas realizadas al 911 solamente 11% es real. Eduardo de la Vega es paramédico desde hace 12 años. Actualmente labora para la Cruz Verde Guadalajara, institución que recibe hasta 80 reportes de emergencia falsos por semana, según información de los encargados de la cabina.Cuenta que generalmente los reportes llegan de cruces similares, como en los que avisan que en la calle Ciénega de Mata, en la colonia Oblatos de Guadalajara, ocurren diversos incidentes como heridos por arma de fuego, incendios o choques del transporte público. Aunque él y sus compañeros saben que estas llamadas suelen ser ficticias, deben atender el servicio. “Como ya sabes dónde son los cruces donde bajan las llamadas de broma, te vas hasta más tranquilo, porque ya vas con la idea de que no habrá nada”.Con un total de dos millones 802 mil 953 llamadas improcedentes (falsas o bromas) durante los seis primeros meses de 2018, Jalisco se coloca en el tercer lugar nacional, sólo por debajo del Estado de México (tres millones 214 mil 133) y de la Ciudad de México (cuatro millones 477 mil 153), de acuerdo con las “Estadísticas nacionales de llamadas de emergencia al número único 911”.Los Estados con menos llamadas improcedentes son Morelos (420 mil 937), Zacatecas (34 mil 787) y Baja California Sur (284 mil 664).El estudio analiza el total de llamadas recibidas durante los primero seis meses de 2018 a la línea telefónica del 911, en los 194 Centros de Atención en la República.En el primer semestre de este año, Jalisco registró una disminución del 24.9% en llamadas improcedentes respecto al mismo periodo del año pasado; sin embargo, los reportes reales aumentaron 11%, principalmente en cuestiones de asistencia y de seguridad.Según Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco, si bien la Entidad registró un descenso respecto de 2017, aún es alarmante que se encuentre dentro de los primeros lugares, por lo cual es necesario que se realicen los análisis necesarios y se implementen las sanciones existentes en las leyes.Para conseguirlo es necesario que las autoridades realicen una reingeniería del proceso, mediante una coordinación interdisciplinaria entre los responsables de hacer cumplir la ley, para así obtener resultados rápidos, se monten los operativos para dar con los “bromistas” y se difundan las consecuencias de estos actos.Es el 911. ¿Cuál es su emergencia? Así se escucha del otro lado de la línea al marcar al número de emergencia homologado en todo el país desde 2017; sin embargo, de las cerca de 50 millones de llamadas recibidas por el número de emergencia durante los primeros seis meses de 2018, sólo el 16% fue real.En un panorama general, las llamadas disminuyeron en un 21% respecto al mismo periodo del año 2017, siendo las llamadas falsas o improcedentes aquellas que registraron el decremento, pues si bien durante los primeros seis meses de 2017 se contabilizaron 53 millones 636 mil 978 de este tipo, durante el primer semestre de 2018 se registraron sólo 40 millones 105 mil 263.Entre las causas por las cuales se determina la improcedencia de una llamada se encuentran, en primer lugar, las clasificadas como mudas (35%), seguidas de las bromas de niños y las incompletas (21% en cada rubro). En el tercer puesto se ubican otras llamadas que no son de emergencia.En el caso de las llamadas procedentes, en primer sitio se encuentran los incidentes relacionados con la seguridad (63%), en segundo lugar las emergencias médicas (14%) y en tercero, por asistencia (12%).De acuerdo con Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco, las causas por las que continúan las llamadas improcedentes es porque no se le ha dado la seriedad debida a las sanciones a quienes incurran en este tipo de acciones, pues no existe un seguimiento a los números que realizan los reportes, además, porque falta difusión del buen uso de la línea. “Los escasos recursos que tiene la autoridad se están desperdiciando. Es importante que se apliquen sanciones administrativas a quienes hacen estas actividades, que son altamente reprochables”.VOCESEduardo de la Vega, paramédico de la Cruz Verde de Guadalajara, cuenta que generalmente las llamadas de broma son hechas desde los teléfonos públicos, aunque a ciencia cierta no tienen bien identificados los números de los que marcan.“Está mal que hagan esto porque retrasan los servicios de las demás personas que realmente necesitan la atención. No somos la única institución que acude al auxilio, movilizan a Vialidad, Seguridad Pública, Paramédicos y Bomberos”.Jesús Hernández es elemento de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Guadalajara. Explica que una llamada falsa a un número de emergencias lo llena de coraje o impotencia debido a que, generalmente, las personas que “juegan” reportan situaciones “verdaderamente alarmantes”, como incendios en edificios con personas atrapadas o servicios con gran cantidad de lesionados, siendo los más angustiantes aquellos en los que se involucran a menores de edad. “Esto nos llena de mucho estrés. Acudimos al servicio apresurados, arriesgando a otras personas en nuestro camino, porque a veces los automovilistas tampoco entienden la prioridad del paso de los cuerpos de emergencia y nos retrasan. Ya cuando por fin llegamos y nos damos cuenta de que no hay nada, ese estrés se convierte en enojo y frustración, porque quizá hay alguien que en el momento realmente nos necesita”. Las Secretarías de Seguridad Pública del país no suelen aprovechar la información que se recaba en los Centros de Atención de Emergencias para la realización de planes operativos y la disminución del delito, de acuerdo con el estudio “La subutilización del 911 en México”, presentado por la plataforma de seguridad Causa en Común.Según el documento, en el cual se analizó la operatividad y efectividad de los 194 Centros de Atención, se determinó que sólo seis Estados (Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala) cuentan con algún tipo de indicador sobre el impacto de sus funciones en la reducción del delito.El diagnóstico resalta que, al desaprovechar la información con la cual podrían generarse mapas de incidencia delictiva mediante los reportes recibidos, los Centros de Atención funcionan simplemente como un receptor de llamadas y el potencial de su tecnología e infraestructura termina por desperdiciarse. Dichos mapas, señala la organización, podrían ser un eje para mejorar las estrategias operativas de los oficiales, además de que, si se comparten con la ciudadanía, las personas podrían tomar decisiones informadas sobre sus rutas de traslado y ocupaciones diarias.Al respecto, Salvador Medina Bonilla, director del Centro Integral de Comunicaciones de Jalisco, expresa que en Jalisco las llamadas al 911 son monitoreadas y contabilizadas para el análisis del tipo de emergencia que se presentan en la Entidad, siendo los reportes de personas agresivas, personas sospechosas y ruido excesivo, los que más se registran.Para Augusto Valencia, uno de los diputados promotores de las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito el hacer una llamada falsa a números de emergencia y endurecer el castigo a los “bromistas”, responde que aún falta la promoción de las sanciones para las personas que realicen este tipo de ilícitos y de esta forma se perciba una disminución sobre los reportes no procedentes.“Lo que hicimos fue la propuesta normativa, hacer el ajuste para que tuvieran un mecanismo de sanción adecuado. Le toca al Poder Ejecutivo llevar a cabo estos procedimientos, pero no se ha difundido o por lo menos no hay conocimiento, primero, de una estrategia de difusión sobre los alcances de una llamada falsa en términos de la responsabilidad, y segundo, que la actuación de la autoridad se ha quedado corta”.Agrega que es responsabilidad de la actual administración comenzar a generar conciencia sobre las repercusiones hacia los “bromistas”, pues las reformas fueron establecidas durante su gestión y no pueden heredar la obligación al Gobierno entrante porque los recursos aprobados en el Congreso son suficientes para realizar las acciones las necesarias.El diputado indica que el Ceinco debe contar con el registro de los servicios atendidos y sus conclusiones.En caso de resultar falsos, la Policía Cibernética, a cargo de la Fiscalía del Estado, podría comenzar una investigación para dar con la persona que generó la llamada e iniciar con el proceso de la sanción. 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