Tres policías estatales fueron vinculados a proceso penal por abuso de autoridad, pero un juez les concedió una suspensión condicional y pagar 21 mil 500 pesos como reparación del daño. Tras realizar una revisión a un domicilio, “ingresaron a la propiedad de la víctima de forma violenta, dañaron un cancel y, al ver que el asunto se salió de control, se retiraron”.La Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad de Jalisco acumulan mil 260 imputados por este tipo de ilícitos y posibles actos de corrupción en la presente administración (mil 071 y 189, respectivamente), confirma la Fiscalía Anticorrupción del Estado.Además, desde 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recibió otras cuatro mil 987 quejas por irregularidades de agentes de las dos dependencias referidas.Rogelio Barba, investigador de la UdeG, explica que esto demuestra el modus operandi de las Policías operativas y ministeriales. “Te das cuenta del nivel que tenemos y quién tiene en las manos la seguridad ciudadana”.Este medio publicó ayer los rezagos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco -ante la violencia por los desaparecidos, fosas clandestinas y asesinatos-. Mientras las estadísticas oficiales y los estudios de organizaciones civiles exhiben que el Estado acumula rezagos por la falta de capacitación en protocolos de actuación, detenciones ilegales, pendientes en evaluaciones de control y confianza, así como la reducción del presupuesto, la corporación respondió anoche por escrito que se han capacitado a tres mil 266 policías en protocolos de primer respondiente, prevención y reacción, violencia de género y atención a víctimas, entre otros. No concedió una entrevista, pero aseguró que en 2020 no hubo subejercicio en el presupuesto, pues se ahorraron 460 millones de pesos en la nómina, que se destinaron a “necesidades de otras dependencias”.Y con relación a que tres de cada 10 detenciones son calificadas como ilegales, según un estudio de México Evalúa, contestó que “se llevan a cabo en estricto apego a los derechos humanos y las normativas vigentes”.De las evaluaciones de control y confianza, añadió que el avance es del 82% de aprobación entre los elementos.“A mi hijo le dieron un golpe en la cara muy fuerte y comenzó a llorar y uno de los elementos de la policía estatal le dijo que no fuera llorón, que si seguía quejándose le hablaría a su comandante y lo iban a desaparecer y más lo golpeaban”, denunció el padre de un menor de edad, sobre los hechos ocurridos el 18 de julio de 2020 en el municipio de Mascota.Lo anterior, según se narra en la recomendación 154/2021, emitida en noviembre pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) Jalisco y dirigida al alcalde de Mascota y el secretario de Seguridad Pública del Estado.El día de los hechos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mascota, así como policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, detuvieron arbitrariamente al menor de edad, presuntamente por haber participado en una riña.“Lo trasladaron a la comandancia de Mascota, donde también lo agredieron física y psicológicamente, sin que se realizaran acciones efectivas para garantizar su derecho a la salud, provocándole un grave daño”, según se señala en la recomendación.Entre 2018 y enero de este año, la CEDHJ ha recibido cuatro mil 987 quejas en contra de servidores públicos de la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública; es decir, un promedio de 102 al mes.De ese total, cuatro mil 614 son en contra de personal de la Fiscalía y el resto en contra de la Secretaría de Seguridad, de la que depende la Policía Estatal.De acuerdo con el organismo, las supuestas violaciones más frecuentes cometidas por las corporaciones de seguridad pública son: prestación indebida del servicio público, violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, ejercicio indebido del servicio público, negativa de asistencia a víctimas de delito, violación al derecho a la igualdad y al trato digno, violación al derecho a la integridad y seguridad personal, violación a los derechos laborales, detención arbitraria y lesiones.El año pasado, la Fiscalía se colocó nuevamente en los primeros lugares de las autoridades más señaladas ante la Comisión, al ubicarse en tercer lugar. En enero de este año, se colocó en el primer lugar: de un total de 426 quejas recibidas, 106 fueron en contra de esta dependencia.Rogelio Barba Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló que por este tipo de datos preocupan los retenes que puso en marcha el Gobierno estatal para desarmar a la población.“Es una contradicción cuando las volantas son violatorias de derechos humanos. ¿Los policías con qué derecho te van a detener? La sospecha desapareció cuando llegó el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es muy subjetiva”.CLAVESMando. Por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2020, en abril pasado, Salvador “N”, comandante del área operativa de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, fue vinculado a proceso por abuso de autoridad. La dependencia comunicó que éste había ganado un amparo en el que se ordenó la reposición de la audiencia inicial. “Y el juez resolvió de nueva cuenta vincular a proceso a comandante de Policía Investigadora”. Salvador “N” es uno de los nueve mandos y elementos de la Policía Investigadora que participaron en la desaparición forzada de jóvenes que se manifestaron en junio de hace dos años en torno a la Fiscalía General.Policías. La Fiscalía Anticorrupción reportó que por el delito de abuso de autoridad, tres policías estatales que previamente habían recibido auto de vinculación a proceso, deberán pagar un total de 21 mil 500 pesos como reparación del daño, “esto tras acceder al beneficio de la suspensión condicional del proceso”. Los hechos ocurrieron el 14 de julio del año 2019. “Cuando los elementos , acudieron a un domicilio presuntamente para realizar una revisión, ingresaron a la propiedad de forma violenta, dañaron un cancel y al ver que el asunto se salió de control cuando la víctima advirtió que tenía un arma, se retiraron del lugar”.Anomalía. La Fiscalía reportó que fue vinculada a proceso Alejandra “N”, ex agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, por el delito de abuso de autoridad. Fue señalada de alterar el Informe Policial Homologado de un detenido. Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del 2019. “De acuerdo con las indagatorias, la entonces agente de Ministerio Público asentó datos falsos en perjuicio del detenido, violentando la debida diligencia, así como su derecho a la legalidad y seguridad jurídica”, se informó en un comunicado. La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha logrado vincular a proceso a servidores públicos.Debido a que la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción del país dependen de los fiscales generales, la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción acordó presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para garantizar la autonomía de las mismas.El anuncio lo realizó su presidente Jesús Homero Flores Mier, Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila de Zaragoza, tras participar ayer en un diálogo con siete fiscales anticorrupción, convocado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.Flores Mier subrayó que es necesario que logren la autonomía constitucional, operativa, técnica, de gestión y económica. “Estamos impulsándola y la vamos a presentar, yo creo el mes que entra. Es muy importante para que haya mayor libertad en el manejo y operación de las Fiscalías”.Recordó que en el país sólo cuatro o cinco fiscalías cuentan con autonomía Constitucional y en dos Estados no cuentan con fiscal, según se informó en un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.En la reunión estuvieron presentes los Fiscales Anticorrupción de Coahuila, Colima, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.Gerardo de la Cruz Tovar, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en esta Entidad, destacó que en este mes lograron la vinculación a proceso de un juez.TELÓN DE FONDOAnte las irregularidades en los procesos, de cuatro mil 630 personas imputadas y que fueron representadas por defensores públicos durante el año 2020 en la Entidad, 32.6% fueron puestos en libertad por clasificarse como ilegal su detención.Ante esto, el reporte “Hallazgos desde lo local: Jalisco, una evaluación integral del sistema de justicia penal”, elaborado por México Evalúa, concluyó que la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Poder Judicial deben revisar la alta proporción de detenciones ilegales en Jalisco y poner controles para evitarlas.Durante la presentación del informe, Anna Karolina Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, subrayó que los datos reflejan la permanencia de esa práctica: primero detener y luego investigar.Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial en Jalisco, recordó que tras su nombramiento realizó un diagnóstico en esta materia y uno de los principales errores detectados fue en el llenado del Informe Policial Homologado. Para combatir el problema, se propuso generar un diálogo y mayor coordinación interinstitucional entre las Policías, los agentes del Ministerio Público y el Consejo de la Judicatura del Estado. “Al menos en la Zona Metropolitana (de Guadalajara) o en el Primer Distrito tengo 21 jueces de control y hay criterios muy dispares en lo que resuelve uno y otro”.De acuerdo con el estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, de la organización Causa en Común, los Estados que registraron el mayor número de atrocidades durante el año pasado fueron Guanajuato y Jalisco: 586 y 374 hechos violentos, respectivamenteEl año pasado, en el país se cometieron por lo menos cinco mil 333 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como “atrocidades”La activista Eliana García señaló que en México “estamos viviendo un proceso de involución a la barbarie”. Subrayó que no importa quien gobierne, “la violencia es incontenible y no se combate con militares en las calles o con militares disfrazados de policías”.LA VOZ DEL EXPERTORogelio Barba Álvarez, investigador del Departamento de Disciplinas sobre el Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.Rogelio Barba Álvarez señala que tanto la Policía como la Fiscalía Estatal son instituciones que siempre van a estar cuestionadas “y que generan mayor desconfianza por parte de los ciudadanos”.Declaró que hace falta mayor capacitación a los elementos policiacos. “Formación jurídica, en el sentido de no poder atacar y respetar la libre manifestación”.Pese a las desapariciones forzadas de jóvenes que se registraron en junio de 2020 por parte de elementos de la Fiscalía, Barba Álvarez considera que el gobierno no ha aprendido a respetar la libre manifestación.“Es una estrategia oscura que tienen los gobiernos de los estados y municipios para reprimir, contener las marchas que hacen los jóvenes o las personas en contra de las fallas de la administración”, denunció.Recordó también que hay grabaciones de las agresiones cometidas por los policías de los diferentes niveles. “Es una flagrancia de los derechos fundamentales, pero sobre todo del abuso de poder”.El académico acentuó que hay un Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que deben conocer todas las personas que realizan actividades de seguridad ciudadana.Las estadísticas, dijo, demuestran que es un modus operandi que tienen las policías para reprimir, más que para prevenir. “De esta manera te das cuenta el nivel que tenemos y quién tiene en las manos la seguridad ciudadana. Son personas que violentan agresivamente los derechos fundamentales, la Constitución, los tratados internacionales”.¿Mejoró la seguridad en su colonia en el último año?Participa en Twitter en el debate del día @informador
