Tras enterarse, la noche del lunes pasado, del incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, hecho por el que ya suman 39 migrantes fallecidos, la venezolana Viangly Infante sintió terror, pues su esposo, que finalmente logró sobrevivir y sólo tuvo lesiones leves, se encontraba en ese lugar. “Estaba desesperada porque veía un cadáver, un cuerpo, un cadáver, y no lo veía por ninguna parte”, comentó. “Queremos justicia porque las autoridades de México no abrieron la puerta durante el incendio y todos somos humanos”, dijo Roberto Iztep Hernández, padre de un guatemalteco de 32 años que falleció en las instalaciones gubernamentales. Luego de los reclamos de los familiares y de otros migrantes que buscan cruzar la frontera con EU, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que se identificó a ocho presuntos responsables: dos agentes federales, uno estatal de migración y cinco de una empresa de seguridad privada. Destacó que los trabajadores referidos “no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”. También resaltó que el INM se encargará del retorno de los cuerpos y de la atención de los 27 migrantes que permanecen heridos en diversos hospitales.Por otra parte, un bloque de más de 300 organizaciones de la sociedad civil repudió el papel de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la atención de los indocumentados. “La política migratoria en México mata”, afirmaron en una declaración conjunta en la que rechazaron la versión del Mandatario, quien responsabilizó a las víctimas al afirmar que al enterarse de que serían deportadas, “en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”. Al expresar sus más profundas condolencias a los familiares de 39 migrantes muertos en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer una investigación porque no habrá impunidad, ni se protegerá a nadie.“Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que continúe con la investigación judicial para que se actúe, se finquen responsabilidades y no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables, se finquen de manera específica los responsables y se castigue a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”, anotó el Presidente.“Vamos a informar, no vamos a ocultar los hechos, de ninguna manera vamos a actuar de forma injusta ante esto que es tan doloroso. La CNDH está haciendo su trabajo de manera independiente, no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie”, manifestó López Obrador. Afirmó que en su administración no se permite la violación a los derechos humanos ni se permite la impunidad.“Quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez, mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos y colombianos”, agregó.“Estamos todos juntos”Luego de los señalamientos entre Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), y el canciller Marcelo Ebrard sobre quién es responsable de la política migratoria en México tras la muerte de 39 migrantes en una estación del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto es “producto de las circunstancias que se están presentando”, pero afirmó que en el Gobierno federal “estamos todos juntos y vamos a seguir así”.“¿Sobre lo del secretario de Gobernación de decir que Marcelo Ebrard es responsable de la política migratoria?”, preguntaron medios al jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa. “Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así”, respondió el Mandatario.SUNEl Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la permanencia de Francisco Garduño Yáñez al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), se resolverá a partir de los resultados que arroje la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).“¿El comisionado se mantiene al frente?”, se le preguntó. “Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación, es que pues ustedes quisieran que se actuara de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió. Hay versiones y existen, para eso está la Fiscalía y va a llevar a cabo la investigación”, agregó.LA VOZ DEL EXPERTOAlethia Fernández de la Reguera, investigadora del IIJ-UNAMLas más de 50 estaciones del Instituto Nacional de Migración no son albergues, no son refugios, sino que funcionan como cárceles migratorias con hacinamiento, maltrato, manejo discrecional de los casos en donde en ocasiones los extranjeros permanecen hasta 10 meses detenidos cuando la Constitución señala que no pueden ser más de 36 horas, aseveró Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).Anotó que lo ocurrido en Ciudad Juárez es una cadena de hechos: del encierro ilegal de miles de migrantes en el país, la falta de protocolos, las instalaciones no adecuadas para mantener por semanas o meses a los extranjeros y la negligencia de las autoridades frente al incendio.La experta rechazó la postura del Presidente en el sentido de que lo ocurrido fue responsabilidad de las propias víctimas. “El gobierno no puede decir que fue a causa de los migrantes que comenzó el incendio. Es responsabilidad del Estado porque están bajo detención migratoria, en una instalación que es del Estado federal, él es responsable del Estado porque están en custodia del Estado federal”.Argumentó que las 50 estaciones del INM “no son centros de alojamiento, no son albergues, no son centros donde las personas están resguardadas. En realidad, las estaciones son iguales o peores que las cárceles mexicanas, pero lo más grave y se vio con la tragedia de Juárez que no cuentan con protocolos, no son espacios óptimos para mantener encerrados por semanas o meses a los migrantes”.Subrayó que ingresar a México sin papeles no es un delito, sino sólo es una falta administrativa. Sin embargo, la Ley de Migración contempla plazos de detención migratoria que son contrarios a lo que establece la Constitución, que sólo podrán ser detenidos por 36 horas como máximo.Con la colocación de un tendedero con los nombres de los migrantes que murieron en el incendio de la estancia provincial del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, activistas protestaron ayer frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. “No murieron, los mataron”, “No son albergues, son cárceles” y “¡La detención migratoria mata!” fueron algunas de las consignas de los manifestantes. Lorena Cano Padilla, una de las manifestantes, informó que este no es un hecho aislado, pues desde 2019 hubo amotinamientos, violaciones a los derechos humanos y deportaciones masivas.Ante a la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, el senador Clemente Castañeda urgió al Gobierno federal a deslindar responsabilidades y hacer justicia a las víctimas.“La tragedia en Ciudad Juárez sí es un crimen de Estado porque pudo haberse evitado”, anotó el senador, quien agregó que lo ocurrido es producto de una política que “viola los derechos humanos de los migrantes”.El senador Clemente Castañeda agregó que lo ocurrido “no es una tragedia fortuita, es una consecuencia directa de una política sistemática de este Gobierno federal que, de muchas maneras, termina reprendiendo a los migrantes. “Los migrantes no son delincuentes, son personas en tránsito con todo el derecho de aspirar a construir una vida distinta y el paso, cuando ocurre por nuestro país, muchas veces termina en tragedia, se ha dicho muchas veces y se ha cuestionado si esto es un crimen de Estado y sí, sí es un crimen de Estado por la negligencia de la autoridad, pero sobre todo porque pudo haberse evitado”, puntualizó.“Si el Instituto Nacional de Migración o quien dirija la política migratoria en este país tuviera el sentido humanista que pregona este Gobierno, una tragedia de esta naturaleza no hubiera pasado”.INVESTIGACIÓN A FONDOLos integrantes del Foro Plural Jalisco recriminaron la criminalidad con la que actuaron los agentes de migración que propiciaron la muerte de 39 migrantes en celdas del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, por lo que exigieron una investigación a fondo y de entrada que se separe del cargo a su titular, Francisco Garduño Yáñez, sin menoscabo de que los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente, deberían presentar su renuncia.El exgobernador Emilio González Márquez opinó que mientras el Gobierno de Morena habla fuerte contra Estados Unidos, contradictoriamente a estas expresiones indignamente les hace el trabajo sucio. “Es una vergüenza, en verdad qué lástima, en verdad que duele el ver personas que pierden la vida ante la negligencia del Gobierno mexicano, de gobernantes que están más involucrados en buscar una candidatura que en resolver los problemas de México”.El exfiscal Eduardo Almaguer recordó que en 2008 se despenalizó en México la migración ilegal, y que lo ocurrido deberá calificarse como un delito de lesa humanidad.Por su parte, Salvador Cosío coincidió que se trata de un crimen de lesa humanidad, “es un homicidio calificado, tiene todas las agravantes que marca la Constitución y los códigos penales así como los tratados internacionales. Independientemente de la cuestión humanitaria, está el precedente internacional que queda que México tiene un gobierno que prohíja barbarie, crimen, horror, caos, donde no impera el Estado de derecho y donde la Constitución es materia muerta en su aplicación. Se tiene que solicitar la Intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este asunto no quede así; este asunto es muy grave y hay que actuar”.El Foro Plural, interesado en los temas de educación, también anunció la realización de diversas gestiones a fin de obtener las herramientas que le permitirán interponer recursos jurídicos contra la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, además de que buscará dejar sin efecto la segunda convocatoria para la elaboración de libros de texto, y exigirá el cese del venezolano Sady Arturo Loayza Escalona, quien elaboró los libros de primaria para estudiantes mexicanos.La coordinadora del Foro, Cecilia Carreón, apuntó que “México enfrenta una severa crisis educativa, esto refleja una falta de planeación, estrategias y rumbo claro, y si a esto le agregamos tres reformas educativas, tres cambios de titular en la Secretaría de Educación Pública y, por si fuera poco, 5.2 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas que ya no se inscribieron por el fenómeno COVID, nos encontramos frente a un grave retroceso”, dijo.
