El Ayuntamiento de Tonalá mantiene concesionados los espacios de estacionamiento en la vía pública desde 2009, pero no tiene la certeza de que el dinero ingresado a las arcas coincida con lo estipulado en el contrato con Parking Control, acepta el contralor Luis Dueñas. El funcionario ni siquiera sabe cuántos aparatos están instalados, principalmente en la zona Centro.El concesionario debe entregar al municipio 40% de los ingresos captados por el uso de estacionamiento en la vía pública y se queda con el resto. Y en el caso de las infracciones derivadas del servicio, el municipio debe recibir 50% de lo recaudado por ese concepto.Tan sólo entre 2009 y 2018, a Tonalá le ingresaron 19 mil pesos mensuales, en promedio, por la concesión de más de mil cajones de estacionamiento.* Hasta el 15 de mayo.Fuente: Ayuntamiento de Tonalá.Aunque las dos auditorías realizadas a la empresa concesionaria Parking Control se efectuaron entre 2015 y 2016, el informe final tiene fecha del 12 de septiembre de 2018; es decir, un mes antes del cambio de administración, según se constató en las copias recibidas a través de la Unidad de Transparencia de Tonalá.Ahora, el informe sobre la presunta responsabilidad administrativa también se emitirá antes de que finalice la actual gestión de Juan Antonio González, indica el contralor Luis Dueñas.“La autoridad investigadora que tiene el caso, que depende del órgano interno de control, emitirá su informe de presunta responsabilidad administrativa. Y con ésta se determinan las faltas y quién o quiénes son los responsables. Eso espero emitirlo antes de que concluya la administración, para que el procedimiento de responsabilidad siga su curso y la organización entrante resuelva quiénes y cuál es la sanción de cada uno de los responsables”.La cláusula décima del contrato menciona que el Ayuntamiento está facultado, cuando así lo requiera, para auditar, inspeccionar y verificar en cualquier momento los libros de contabilidad o los sistemas electrónicos implementados por el concesionario, a efecto de verificar que los ingresos que declare al municipio sean los correctos. En caso de observaciones, las notificará al concesionario, quien tendrá un plazo de “10 días hábiles para subsanarlas. En caso de no hacerlo, se considerará como causa de terminación imputable al concesionario”.Sobre el motivo por el cual no se hace válida esa cláusula, Luis Dueñas justifica que son 10 días para que respondan, “pero para poder determinar un asunto jurídico diferente, esos 10 días no me son suficientes respecto a que en ese momento no tendría la documentación en las manos para iniciar la rescisión del contrato. Y un juicio, sin los elementos, no lo ganaría”.De 23 observaciones emitidas, la empresa solamente solventó dos. En la auditoría N°009, que tuvo un alcance del 60% de las infracciones, revisaron desde el inicio de la concesión al 31 de diciembre de 2015. De siete observaciones, cinco no fueron solventadas y fueron catalogadas como graves por la falta de documentación solicitada, la falta de supervisión en la captura de las infracciones, los folios duplicados, los folios sin capturar y los folios cancelados.Mientras que la auditoría N°010, referente al manejo contable de los recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se enfocó en la evaluación del control interno y los movimientos financieros.Esa última revisión arrojó 16 observaciones y ninguna fue solventada; por ejemplo, la falta de documentación solicitada, el corte de caja de infracciones sin firma de quien lo entrega, los folios duplicados, los cortes de caja de infracciones y las hojas de control sin firmas de quienes las entregan, así como hojas de control de monedas sin firmas de Parking Control ni del municipio. Las observaciones fueron remitidas al representante legal de la empresa, Francisco Ángel Fernández Hasbun.En el contrato se estipula que el concesionario en Tonalá debía adquirir parquímetros para regular, por lo menos, mil 300 cajones de estacionamientos en las zonas previamente autorizadas por el municipio. En una solicitud de Transparencia, la Dirección de Movilidad no contaba con el dato. En entrevista, el contralor Luis Dueñas explica que se tenía el dato de que existían mil 007 piezas instaladas hasta 2014, aunque no se podía asegurar que continuaran vigentes.Este dato es relevante porque, de acuerdo con la concesión, no podrían estar sin funcionar más del 10% de los aparatos.La concesión tendrá una duración de 15 años, contando a partir de la firma del presente convenio modificatorio; es decir, terminaría hasta 2024. Al término de ese plazo, los equipos que se coloquen con motivo de la concesión pasarán a ser propiedad del municipio mediante la figura jurídica que se determine.El contrato fue celebrado el 28 de diciembre de 2009 por el entonces presidente municipal Jorge Vizcarra y por el entonces representante legal de la empresa, Juan Carlos Negrete Villalobos.A la fecha no han existido sanciones por ninguno de los conceptos que pudieran estar incumpliendo, acepta Luis Dueñas. “No podríamos, puesto que dependemos de documentos fehacientes, que no podremos determinar la responsabilidad de ninguna persona, servidor público o particular sin elementos en la mano, siendo que estaríamos violando la presunción de inocencia”. AYUNTAMIENTOEl Sistema de Alertas de Hacienda indicó que, al cierre de 2020, Tonalá tenía un nivel de endeudamiento en observación, con el indicador por el servicio de la deuda y las obligaciones sobre los ingresos de libre disposición, relacionados con la capacidad de pago.El presidente municipal Juan Antonio González explicó anteriormente que el indicador es por una reestructura de la deuda que se hizo en 2014, así como el aumento en la tasa de interés. Pero afirma que bajó el pasivo en 166 millones de pesos (el municipio debe 771.3 millones a los bancos y se ubica en el décimo lugar nacional).En septiembre de 2020, el presidente municipal de Tonalá presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable ante un presunto desfalco de más de 160 millones de pesos, erogados por la alcaldía para la instalación de luminarias en el municipio. La proveedora incumplió con la colocación de 21 mil luminarias, además de que cobró 3.2 millones de pesos mensuales desde 2014.Es otro problema que se arrastra.PUNTEOEl contrato de concesión del servicio público de estacionamiento en la vía pública en su modalidad de servicio de estacionómetros o parquímetros de Tonalá estipula que el concesionario tiene que ingresar al Ayuntamiento, por concepto de contraprestación de carácter mensual, el 40% del total de ingresos captados por el concepto de uso de estacionamiento en la vía pública, mientras que la empresa se queda con 60 por ciento.En el caso de las infracciones derivadas del servicio concesionado, el municipio debe recibir 50% de lo recaudado por ese concepto. Según información brindada por el contralor, debido a que el área de Transparencia no tenía la información, entre 2009 y 2018 a las arcas tonaltecas ingresaron dos millones 081 mil pesos por concepto de estos estacionamientos. Esto, si se divide entre los 108 meses correspondientes, da como resultado un promedio de 19 mil 277 pesos mensuales.Por otro lado, la media mensual de ingresos por ese mismo concepto fue de 12 mil 571 pesos, si se toman como referencia los 40 meses transcurridos entre enero de 2018 y el 15 de mayo de 2021. Esto significa que al municipio ingresaron menos recursos.Sobre la cantidad, Luis Dueñas contesta que es relativa porque no hay un antecedente por este concepto en Tonalá. “Lo que sí puedo comentar es que en este periodo abrieron muchos estacionamientos públicos… y mucha gente prefiere meterlo allí, que dejarlo en la vía pública”.LA VOZ DEL EXPERTOAugusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.Augusto Chacón considera que este tema se puede dividir en dos vertientes. La primera tiene que ver con el recurso de autoridad; es decir, que esos temas no se pueden dejar en la indefinición porque merman a la autoridad del municipio. Les queda mal a los habitantes.“¿No les interesa tener más recursos? Yo creo que sí. Pero invita a pensar que en este desorden y en no darle seguimiento a las cosas, son varias administraciones con un mal comportamiento. La transparencia es para inhibir la tentación de hacer cosas indebidas… y quitar sospechas. La falta de transparencia es un indicador importante, que nos da cuenta del sentido ético de una administración”.La otra tiene que ver con la importancia de que los Gobiernos locales den prioridad a la recaudación, a falta de apoyos federales o estatales. “Los municipios tienen capacidades para recaudar y prestar los servicios, entonces tendrían que prestar mucha atención en esos recursos propios. Todo lo que puedan hacer para recaudar legítimamente en favor de las arcas y el erario. Resulta claro que no quieren aclarar qué está pasando con ese dinero”.LA VOZ DEL EXPERTOAlfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público de la UdeG.Alfonso Partida Caballero opina que este tipo de concesiones se han convertido en negocios opacos porque es difícil de creer que a los Ayuntamientos se les complique conocer toda la información de los contratos. “El problema es que la opacidad se puede traducir en corrupción y un contubernio entre la autoridad y otras instancias del Ayuntamiento, porque cuando se falla en las cláusulas del contrato se puede presentar la rescisión del mismo”.Sobre de la cláusula 10, en la que se dice que a falta de información, el Ayuntamiento podría rescindir el contrato, el especialista en Derecho destaca que las cláusulas de los convenios son para cumplirse, y lo que debe de hacer es notificar de este incumplimiento a la empresa para darle la audiencia y la defensa.“Pero estamos hablando de 10 días, no 10 años. Es una situación de irresponsabilidad terrible. En todo caso, si el Ayuntamiento ejerce su potestad de rescindir el contrato, la empresa puede irse al Tribunal Administrativo (si siente que sus derechos fueron afectados), pero con los elementos que se tienen le deberían dar el gane al municipio de Tonalá”.TELÓN DE FONDOAunque tiene más del doble de espacios de estacionómetros, el Ayuntamiento de Guadalajara recauda hasta 47 más por ese mismo concepto que Tonalá.En todo 2018, en Tonalá ingresaron 49 mil 802 pesos, mientras que en ese mismo periodo el municipio tapatío informó que, a un año de la implementación del nuevo programa “Aquí hay lugar”, había recaudado 15 millones 365 mil pesos a través del contrato de prestación de servicios, con un total de dos mil 665 cajones en siete zonas. La Ley de Ingresos 2021 del Municipio de Tonalá dejó sin estimar el ingreso por ese concepto, pero remarca que la tarifa cubierta “con estacionómetros es de un peso por cada 15 minutos”, de las 8:00 a las 20:00 horas diariamente, excepto domingos y días festivos oficiales. Esto quiere decir que en un día normal, si un espacio está ocupado 12 horas, recaudaría hasta 48 pesos en ese día. Si esa cantidad se multiplica por mil 007 espacios, da un estimado de hasta 48 mil 336 pesos en un día, casi la misma cantidad que el municipio recibió en todo el 2018. La tarifa fijada en la Ley de Ingresos 2018 era de un peso con 10 centavos por cada 15 minutos, de las 8:00 a las 20:00 horas diariamente, excepto domingos y días festivos oficiales; es decir, muy parecida a la actual.Sigue #DebateInformador¿Qué opina de la concesión de estacionamientos en la vía pública?Participa en Twitter en el debate del día @informador
