Entre enero y agosto de 2018, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco solucionó siete mil 307 demandas laborales, pero se presentaron 15 mil 423, arrojando un porcentaje de resolución de apenas 47.37 por ciento.En comparación con el mismo periodo de 2017, la solución de juicios laborales se ha reducido en un 12.5%, producto de la resolución de 8 mil 349 demandas.De acuerdo con especialistas en derecho laboral, más los representantes patronales y obreros de la Junta Local, la justicia laboral en Jalisco no ha sido apoyada con mayor presupuesto que les permita tener más personal para desahogar los juicios pendientes, además de faltar capacitación para los trabajadores y una mayor resolución de demandas mediante la conciliación.“Históricamente hemos demandado al Poder Ejecutivo de Jalisco mayor presupuesto para la Junta para que opere adecuadamente”, indica Ricardo Barbosa, representante de Asuntos Laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Jalisco. “Los gobernadores no han dotado de presupuesto necesario a las Juntas para operar adecuadamente… para una mayor capacitación de funcionarios”.Para el representante patronal se necesita incrementar hasta 50% más de presupuesto a la Junta Local para resolver sus pendientes. Barbosa calcula que, en Jalisco, un juicio laboral tarda de 20 a 22 meses en resolverse, a diferencia del promedio de ocho a 10 meses en las Juntas que funcionan de manera adecuada.Añade que el incremento del rezago en la Junta Local no necesariamente tiene que ver con la capacidad de sus funcionarios, sino a una serie de factores externos, como el interés de algunos abogados “talibanes” en alargar los juicios para obtener laudos más cuantiosos.Para evitar esto, la Coparmex propone la instauración de un “conciliador” que se dedique a dirimir las diferencias entre el patrón y el trabajador antes de que se llegue a un juicio.“En Jalisco, como no hay presupuesto suficiente, no hay conciliadores de tiempo completo, a diferencia de la Junta de Nuevo León, donde si hay un presupuesto adecuado, con funcionarios que se encargan de conciliar para terminar asuntos lo más rápido posible”.A lo largo del actual sexenio, se ha reducido la resolución de juicios laborales de manera paulatina. Mientras que en 2014 se habían desahogado 17 mil 822 demandas, en 2017 se resolvieron 12 mil 303 controversias, una reducción del 31 por ciento.“Algunos Gobiernos le han dado vida artificial (a la Junta) para que salga adelante, desde hace muchos años hay el interés de desaparecer las Juntas de Conciliación”, indicó Antonio Álvarez Esparza, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Jalisco. “No hemos avanzado, vamos para atrás”.Para el titular del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Miguel Ángel Álvarez, hay un control de las Juntas por el sector patronal, que ha impedido una resolución favorable a la parte obrera. “También hay complicidad del Gobierno del Estado, donde hay un total desinterés de realmente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”.ComparativoSegún los Estados con mayor densidad demográfica, el Estado de México también tiene el mayor número de conflictos laborales presentados en torno al comercio, al igual que Veracruz, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Por otra parte, la Ciudad de México lidera en servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, mientras Nuevo León encabeza las industrias manufactureras.2017De enero a agosto de 2017, un total de cuatro mil 283 demandas se resolvieron por desistimiento de un total de ocho mil 349 casos resueltos, representando un 51.29% del total. Para 2018, el porcentaje se incrementó ligeramente hasta 53%, aunque el número de demandas desistidas fue menor (tres mil 860).De los siete mil 307 juicios resueltos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre enero y agosto de 2018, 52.82% se ha dirimido a través del desistimiento; es decir, mediante la renuncia del demandante a continuar con el juicio para resolver la controversia mediante otra vía.Para especialistas laborales como Miguel Álvarez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, este tipo de datos forman parte de una estrategia del personal de la Junta Local para hacer que el trabajador no continúe con el proceso, llevándolo a aceptar un arreglo por lo general desfavorable a sus intereses.“Como hay una carga de trabajo excesiva, lo que hacen los funcionarios es presionar a los trabajadores y trabajadoras para que acepten los convenios, no sólo las Juntas sino la propia Secretaría del Trabajo”, manifiesta Álvarez.“Lo que les dicen es que es un panorama muy oscuro, con frases como ‘es muy difícil que ganes’, ‘el juicio va a tardar años’, ‘agarra ahorita lo que puedas o luego nadie te va a dar trabajo’, y bajo esta violencia velada, al trabajador terminan presionándolo de tal forma que termina por aceptar una bicoca, prácticamente nada”, complementa el abogado laboral.De acuerdo con el titular de Cereal, se necesita un mayor equilibrio entre el sector patronal y obrero, ya que observan una predominancia a resolver los juicios a favor de los intereses de los patrones.“Hace falta más personal capacitado, exámenes de control y confianza, que los presidentes de las Juntas no sean nombrados por el Ejecutivo, sino por personas honorables que tengan un prestigio”, añade Álvarez, “no basta una nueva sede más amplia, si no tienes el personal ni los recursos y la capacidad para responder a las necesidades que se generan”.Para Alfonso Librado, académico de la Universidad de Guadalajara, la falta de presupuesto de la Junta Local impide que ésta resuelva la justicia de manera pronta y expedita.“El cúmulo de demandas por falta de presupuesto viene a acrecentar las demandas en la Junta, y rebasada, resuelven en fechas muy largas y orillan al trabajador a llegar a un acuerdo mediante desistimiento”, mencionó el especialista en derecho laboral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).CLAVESUn edificio incluyente, amable con el medio ambiente y con sistema de ahorro de energía se convirtió en la nueva sede de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que trasladó sus oficinas a espaldas del parque Agua Azul.La mudanza inició el 1 de junio de 2017 e inició operaciones de manera formal el 16 de junio, informó el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Tomás Figueroa. “Es una deuda que teníamos pendiente… oficinas dignas para atender a los trabajadores de nuestro Estado, a los usuarios que vienen día a día a las Juntas de Conciliación y Arbitraje”.En la construcción del edificio de 13 mil 821 metros cuadrados se utilizaron 560 toneladas de acero y tuvo un costo de 88 millones 561 mil 965 pesos, vía recursos federales y estatales.Aunque la titular de la Secretaría del Trabajo, Elke Tepper, considera que la nueva sede, con sus espacios más amplios, ha permitido “tener una atmósfera más tranquila para invitar a las partes a la conciliación, y que tengan ganas de escuchar al otro.Pero hay quejas: “Nada más cambiaron de lugar”, declara Rosendo Fregoso, especialista en Derecho Laboral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). “El personal jurídico no se ha incrementado, no se le ha capacitado, siguen los mismos vicios y costumbres en los tribunales”.RadiografíaEn la Junta Local de Conciliación y Arbitraje laboran 401 personas, pero 60 trabajan sin sueldo o como aprendices. Durante 2017 recibieron un promedio de dos mil 42 juicios por mes, pero resolvieron mil 25; es decir, 2.5 por cada trabajador. La Secretaría del Trabajo apuesta por reforzar la conciliación, particularmente en las Juntas especiales 13, 16 y 17, que son las de mayor carga en asuntos laborales.Los trabajadores buscarán acuerdos rápidos y cordiales.Los sectores obrero y patronal que actualmente tienen representación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje consideran que la reforma laboral que trasladará la justicia al Poder Judicial se ha caracterizado por su tardanza en aplicarse, por la falta de información sobre cómo funcionarán los nuevos organismos que emanarán de la reforma y sin dinero que respalde su implementación inmediata.“(La reforma) es físicamente imposible, no se ajusta a las exigencias de las partes ni los sindicatos estamos de acuerdo con ella, y menos la parte patronal”, declara Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la CROC en Jalisco. “No son más dilatados los juicios laborales que los juicios civiles, hay igual de rezago, no hay soluciones rápidas ni expeditas, y todo está a la buena voluntad de los litigantes. Y se ha victimizado al personal jurídico de las Juntas, con la finalidad de desacreditarlos y decir que la justicia laboral es mala, para justificar que la justicia civil pueda ser mejor”.La nueva reforma laboral contempla algunos cambios en la impartición de la justicia, como la creación de Centros de Conciliación, además de nuevos tribunales laborales a cargo del Poder Judicial, que sustituirán gradualmente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los Estados.“La reforma laboral está estancada debido al cambio en la legislatura y por el Poder Ejecutivo federal. No sabemos cuándo se va a aprobar, en qué términos se va a aprobar y cuándo va a entrar en vigor”, menciona Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex Jalisco. “Hay que recordar que, si se implementa la reforma, se va a tardar de tres a cuatro años para que los tribunales judiciales federales empiecen a operar, entonces no debe ser factor la próxima e incierta reforma laboral para que se les dote de mejor presupuesto a las Juntas Locales y Federales, porque éstas van a seguir operando igual dentro de los próximos tres o cuatro años”, amplía el representante patronal.Para el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el cambio de la justicia laboral al Poder Judicial es un buen paso, “pero no hay dinero, y el Poder Judicial no quiere absorber un tribunal sin dinero ni hay tantas personas para responder a la necesidad que se viene”, según Miguel Álvarez. “Tienen que sentarse los gobernadores y diputados para adecuar los tribunales del trabajo. Implementar algo sin tiempos adecuados es una tontería”.VOCESEl señor Cortés lleva 10 años esperando que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le haga justicia. En 2008 demandó a un empresario, con quien se asoció para diseñar botellas para bebidas alcohólicas. Sin embargo, un día el patrón dejó “tirados” al señor Cortés y a casi 20 trabajadores más, y aún no hay respuesta a su demanda.Casos como éste abundan en la Junta Local que, a pesar de su cambio de sede a un edificio más amplio en junio de 2017, continúa con rezagos en las resoluciones.Elke Tepper, presidenta en 2017 de la Junta Local y actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, informa que hay 81 mil 092 expedientes activos, de los cuales 47 mil 233 tienen un rezago mayor a tres años.Responsabiliza a la falta de personal y presupuesto, además de que algunos juicios son alargados de manera deliberada.Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2012 había 70 mil expedientes activos, y en 2014 se redujeron a 62 mil, por lo que hoy existe un incremento de 20 mil juicios activos desde aquella fecha.GUÍAJalisco, a media tabla Los más rápidos de resolverSobre la resolución de conflictos por actividad económica, con un 82.2% de casos concluidos, el rubro de los servicios financieros y de seguros es uno de los que presenta el mayor porcentaje de resolución, seguido de los servicios profesionales, científicos y técnicos, con el 81.6%, y del ámbito de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, con un 75% de la resolución.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina del trabajo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco?Participa en Twitter en el debate del día @informador
