A partir de este mes habrá un recorte de personal en la Secretaría de Salud en Jalisco, confirma su titular Alfonso Petersen Farah. Precisó que en noviembre ya no requerirán de los servicios de 200 funcionarios con contratos eventuales o temporales que realizan labores administrativas, a los que se sumarán otros 100 al finalizar este año. “Se van no porque no los necesitemos, sino porque no les podemos pagar”. Y explicó que el personal de base o sindicalizado asumirá las funciones que realizan los que se quedarán fuera. La promesa es emprender los recortes en las áreas administrativas, sin afectar los servicios que proveen las áreas operativas, “es la principal responsabilidad de la Secretaría y, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el tema de contratación, por encima de la capacidad de pago, tenemos todavía enormes huecos de necesidad de personal, derivados de la ampliación de servicios y el aumento de la cobertura”. Por eso, otros 300 empleados que están en áreas administrativas serán reubicados en funciones operativas para un mejor servicio.En abril de 2016, cuando tomó posesión, el ex titular Antonio Cruces Mada confirmó la salida de 400 empleados de las áreas administrativas para generar un ahorro de 40 millones de pesos anuales. Hoy, la Secretaría de Salud sostiene una nómina de 21 mil 153 trabajadores, de los cuales tres mil 737 ocupan puestos administrativos. Esta cifra representa 17.6% del total de los empleados, mientras que el número de médicos asciende a cuatro mil 773.Como parte de los cambios, esta semana salieron 20 funcionarios que laboraban en el despacho del secretario, y se dio la llegada de tres nuevos directores generales: Lucía Aguirre, que se incorpora a la Dirección de Administración; Cristóbal Ruiz Gaytán, como director de Operación, y Mario Márquez Amezcua, como director de Salud Pública. En los próximos días habrá más cambios en la Dirección Jurídica y Comunicación Social, entre otras áreas de primer nivel. Aunque no se especificó el ahorro que generará el recorte en la nómina, se prevé que los recursos que resulten de las plazas finiquitadas se reinviertan en programas de salud.Los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara son los que presentan un mayor desabasto de medicamentos en farmacias del Seguro Popular, aceptó el secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah.“Es curioso, pero la mayor parte del desabasto lo tenemos reportado en la metrópoli, que es donde tenemos la mayor demanda de servicios”.Explicó que el promedio actual de abasto en el Estado es del 86%, con la mayor problemática en material de curación e insumos, así como medicamentos, como algunas claves de antibióticos, según lo reportado por la empresa que surte los fármacos.“No me atrevería a decir que hay un grupo de medicamentos que están en cero; sin embargo, sí tenemos material de curación que está en porcentaje bajo de surtimiento y algunos medicamentos que están presentes, a lo mejor en el 90% de las unidades de salud, pero con que estén ausentes en el 10%, generan incomodidad”.Una de las acciones que se harán para aumentar el abasto es lanzar una nueva licitación en 2018, para que más empresas participen.Zonas como la Norte, donde históricamente se ha tenido un rezago en materia de salud, tienen un abasto suficiente de medicamento y materiales, situación que comprobó el viernes pasado, cuando acudió junto con el gobernador Aristóteles Sandoval a zonas de la comunidad Wixárica.Aunque se tiene 86% en general, existen algunos medicamentos con abasto del 40 por ciento o menos.Acentuó que parte del rezago se debe al adeudo que la Secretaría tiene con la empresa que surte los medicamentos, que es de entre 650 y 700 millones de pesos, y que podría llegar a los 850 millones a finales del año.Para solventar este pasivo ya se realizan gestiones a nivel local y federal, con el objetivo de contar con los apoyos necesarios y solucionar la problemática.“El gobernador es quien está buscando, junto con nosotros, todas las puertas que se puedan abrir para encontrar algún tipo de apoyo que permita solventar estas necesidades”.“Robo hormiga”Hace dos meses, el anterior secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, denunció la desaparición de medicamentos e insumos de salud en hospitales como el General de Occidente y la Maternidad Esperanza López Mateos, a causa del “robo hormiga”, en cuyo tema entró también a investigar la Contraloría del Estado.Para atender la demanda creciente del sistema de salud, la Secretaría de Salud en Jalisco está solicitando, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, dos mil millones de pesos (MDP) más para ejercer el próximo año. En 2017, la dependencia estatal trabaja con un presupuesto de 13 mil 730.3 millones de pesos para todo el sistema de salud, que son insuficientes para costear la nómina y disminuir sus pasivos.“Necesitamos mil millones de pesos más en lo que tiene que ver con el concepto de la Secretaría y una cantidad similar para los Hospitales Civiles”, adelantó Alfonso Petersen, quien admitió que hoy enfrentan más necesidades debido a los pasivos que arrastran de años anteriores.En este momento, la Secretaría de Salud enfrenta amenazas de paro en el Hospital General de Occidente y en el Hospital de Atención a Personas con Problemas Psiquiátricos, por incumplimiento de pago de trabajadores.En lo que se refiere a las deudas, actualizó el tamaño de los pasivos que arrastra la dependencia a mil 800 millones de pesos, aunque aún no se tiene el monto desglosado, ya que la Dirección de Administración está revisando las facturas y servicios contratados. Se solicitó a los Hospitales Civil el monto que les adeuda la dependencia, pero tampoco respondieron.Tras su salida de la dependencia, Antonio Cruces Mada señaló que luego de una reingeniería de personal y la inyección de mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado para pagos de pasivos, sólo dejó una deuda de mil 500 millones de pesos con proveedores y Hospitales Civiles.De acuerdo con Petersen Farah, el origen de los pasivos se remonta años atrás por el incremento de la cobertura de los servicios de salud, los costos de atención a la salud y las modificaciones al ejercicio de la Aportación Solidaria Estatal, “las alternativas para tratar las mismas enfermedades son mucho más costosas, los medicamentos también son más caros que los anteriores”.En lo que va de la administración, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación son las dependencias que más observaciones acumulan por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); sin embargo, la situación más grave proviene de los programas y servicios de salud.Alfonso Petersen Farah confirmó que están pendientes por solventar cuatro mil 700 millones de pesos (MDP) correspondientes a las cuentas públicas 2012, 2013, 2014 y 2015, aunque aclaró que no son faltantes de recursos. Se trata de “manifestaciones de tener información adicional para comprobar el buen uso de los recursos públicos… la información se está presentando a la Auditoría para que solvente las observaciones”.Más de la mitad del dinero observado al gasto 2014 del Gobierno del Estado provienen de programas y servicios de salud. En ese año, por ejemplo, se observaron tres mil 580 millones de los seis mil 772 millones de pesos.Lo principal es el supuesto pago irregular en el Seguro Popular, en servicios que carecen de expedientes, subcontrataciones o presuntos pagos indebidos a personal para atender servicios médicos. Además, la Auditoría solicitó que el Gobierno estatal aclare en qué se gastó mil 737 millones de pesos del programa de Cuota Social y la Aportación Solidaria, pues no hay documentación suficiente.En el caso del Seguro Popular, el secretario aclaró que la ASF alega que el gasto no se aplicó de acuerdo con la normativa vigente, pero refirió que 55% de los recursos totales del programa a nivel nacional presentan observaciones, “es un tema que hay que revisar, tiene que ver con las reglas de operación del Seguro Popular o la forma como la Auditoría interpreta las reglas de operación no está apegada a las formas de operación de la Secretaría”.También detalla observaciones relacionadas con la falta de documentos para comprobar pagos, cuestiones de carácter administrativo y personal que no debió de ser contratado en áreas administrativas con recursos del Seguro Popular, ya que sólo debe destinarse a trabajadores que realicen labores operativas. Otro monto importante de las observaciones está vinculado con las transferencias a los Hospitales Civiles. Pese a que la administración actual siempre ha culpado a la administración de Emilio González de las malas prácticas que generaron adeudos millonarios en el sector salud y la falta de medicamentos, hasta la fecha no hay ex funcionarios públicos encarcelados por irregularidades.En febrero 2015 fue detenido el ex director del Seguro Popular, Álvaro Córdova Pérez, acusado por desfalcar al erario 326 millones 545 mil pesos. Según la Contraloría del Estado, firmó contratos sin tener atribuciones legales, pero fue liberado semanas después de ser aprendido. Cuestionado sobre la presentación de denuncias penales contra ex funcionarios, Alfonso Petersen no descartó que puedan existir más casos: “El gobernador Aristóteles Sandoval lo tiene claro, en caso de que hubiera alguna irregularidad entendida como una acción realizada con fines de corrupción, por supuesto que lo vamos a denunciar”.Tras reiterar que la Secretaría de Salud se encuentra en un estado presupuestal “crítico”, Alfonso Petersen declaró que desde el año pasado se cancelaron los contratos de prestación de servicio con los hospitales privados, principalmente los partos. “Hoy no tenemos ningún hospital privado contratado con convenio vigente para otorgar el servicio, porque el recurso disponible para ese tipo de atenciones, se lo lleva 100% el Hospital Civil”. Comentó que de acuerdo con información que le brindaron, la suspensión de convenios obedece a un déficit presupuestal y con las instituciones privadas se arrastra una deuda de 60 millones de pesos, “hay muchas deudas todavía con los hospitales. Ya están tocándome la puerta ahora que regresé a la Secretaría, precisamente para ver cómo les vamos a pagar”. En junio pasado, el ex secretario de Salud informó que ya no sería necesario contratar estos servicios, debido a que en los nuevos convenios con los Hospitales Civiles éstos se comprometían a brindar atención al 100% de las embarazadas que solicitaran el servicio de partos. Aunque se debe buscar que la atención institucional se fortalezca lo más posible, consideró que es necesario contar con los servicios de hospitales privados, “sí es ideal que tengamos alguna opción para tratar situaciones extraordinarias, como cuando por alguna razón se contamina una unidad, hay que cerrarla, y eso implica que mucha gente se quede sin atención”. Además de las instituciones privadas, se suspendieron los convenios con las unidades de Cruz Verde. Insistió que la partida para la contratación de servicios se acabó, “está topado. Eso no ha permitido hacer nuevas contrataciones para emergencias obstétricas, o para servicios de salud en comunidades rurales, o de Cruz Verde, porque todo se va ahorita a los Civiles”. Añadió que el presupuesto para la contratación de estos servicios, es entre 850 y mil millones de pesos cada año. Aunque desde el año pasado se anunció en el Estado la puesta en marcha del Sistema Nacional de Salud Universal, con el intercambio de 34 servicios entre los hospitales del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud (Seguro Popular), Petersen Farah declaró que a la fecha el único que funciona con el concepto de universalidad es el de atención obstétrica en casos de emergencia. Sin embargo, aceptó que este último fue un compromiso que realizó en 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto, “se estableció de manera muy clara ese compromiso”. Cuestionado con relación a si la universalidad de los servicios será un reto que se herede a la próxima administración, contestó: “Es un pendiente para la administración en salud. Es la consecuencia necesaria, lógica, para los diferentes esfuerzos que se han venido realizando”. El Estado de Jalisco ya se había quedado corto en la primera fase de la puesta en marcha del Sistema, debido a que las autoridades federales establecieron que el intercambio de servicios entre las instituciones de salud, en todo el país, contemplaría 100 intervenciones médicas para atender las 700 enfermedades más comunes de los mexicanos. El secretario remarcó que se trabajará para lograr el paso a la universalidad, “¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede acudir a una unidad de salud de la seguridad social, independientemente de su afiliación, a recibir servicios de salud, lo cual es un paso obligado y necesario”. Uno de los principales beneficios, recordó, es que la gente no deberá desplazarse a grandes distancias para recibir atención en la unidad de salud que corresponde a su sistema de seguridad social, lo que a su vez, permitirá ahorrar recursos, sobre todo en infraestructura. A pesar de los problemas financieros que atraviesa la Secretaría, la meta es culminar con las obras ya iniciadas en el sexenio, como el Hospital Geriátrico, que se construye en el complejo del Hospital General de Occidente, mejor conocido como Zoquipan.La construcción de este nosocomio, que fue un compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto, inició en mayo del 2016.Además del geriátrico, hay obras prioritarias como el Hospital Multicultural de Huejuquilla, que carece de personal y actualmente se encuentra trabajando de manera parcial.Otro es el hospital de Arandas, que ya está terminado en infraestructura, pero no ha iniciado funciones por la falta de plantilla.“La intención es que queden los tres terminados, además, el hospital de Lagos de Moreno, que ya está también a punto y esperemos entregarlo en los próximos meses, y algunas obras que están comprometidas… en algunas la propuesta de la Secretaría de Salud federal es que puedan salir adelante, como el hospital de Mazamitla”.En cuanto al Instituto Jalisciense de Cancerología lleva una avance de obra del 60%, “con la obra negra completamente terminada”. No obstante, faltan los trabajos complementarios y comprar equipo. “Yo espero que, si no estamos en condiciones de operar el hospital el próximo año, sí estemos en condiciones de entregarlo ya prácticamente terminado en obra y con la gestión de los diferentes equipos”.Reconoció que sí hay proyectos que se quedarán en papel, debido al déficit financiero y la falta de presupuesto federal para iniciarlos. Además, algunos servicios nuevos no tendrán el personal suficiente.“Seguramente en algunos podremos trasladar el personal que tenemos en unas áreas, pero seguramente no tendremos la oportunidad de contratar más personas que nos permita fortalecer los servicios”.AvanceEn agosto pasado, el anterior secretario de Salud señaló que el Hospital Geriátrico se tendría terminado en abril del 2018. La construcción del hospital oscila los 220 millones de pesos, más otros 100 millones de pesos para la compra de equipamiento.
