A finales de este año, un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló a Jalisco como uno de los cuatro estados que evadieron aportar datos sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad. Los otros omisos fueron Aguascalientes, Durango y Nayarit.Ante esta omisión, producto de la administración de Aristóteles Sandoval, la titular de la recién creada Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fela Pelayo, destacó que una de las acciones que llevará a cabo el Gobierno de Enrique Alfaro es un diagnóstico sobre la accesibilidad que tienen los espacios públicos en la Entidad.La funcionaria explicó que el próximo año, ya que se concluya la evaluación, se emitirán recomendaciones vinculantes a otras dependencias para atender las fallas. Acentuó que también se generarán manuales, protocolos y normas que garanticen este derecho.Pelayo resaltó que otras medidas que se implementarán son revisar y aprobar el Programa Estatal para la Inclusión y el Desarrollo para las Personas con Discapacidad, que se prevé publicar en el primer trimestre de 2019; modificar el Programa Jalisco Incluyente, para que no sea sólo asistencial; diseñar, planear y desarrollar el Plan Estatal de Cultura de Discapacidad, que busca capacitar a servidores públicos y dar información a niños y jóvenes.Agregó que en materia de salud se evaluarán los protocolos de atención a personas con discapacidad y el manual de procedimientos de la Unidad de Valoración de este sector de la población.Hugo López, coordinador de Grupos Vulnerables de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), indicó que uno de los pendientes en el Estado es crear un censo sobre las personas con discapacidad que esté acompañado de un estudio situacional.El presidente de Red Ciudadana, José de Jesús Gutiérrez, afirmó que sin este listado todas las políticas públicas que se apliquen se desarrollarán con base en ocurrencias y no en la realidad.DefiniciónHugo López, coordinador de Grupos Vulnerables de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), explicó que en el marco internacional se define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interaccionar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.La secretaria de Igualdad Sustantiva, Fela Pelayo, afirmó que se realizará un nuevo padrón de personas con discapacidad que son beneficiarias de los programas estatales.Explicó que esta medida se llevará a cabo porque se desconoce bajo qué lógica entregaba los apoyos la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis).La funcionaria destacó que si bien la CEDHJ acentuó, en la recomendación general que emitió en febrero pasado, que los miembros de este sector enfrentan problemas como discriminación y carencias en acceso a la información y empleo, la dependencia a su cargo busca influir para que el presupuesto de 2020 y el Plan Estatal de Desarrollo cuenten con perspectiva de derechos humanos y de género.Dijo que además de los planes y programas que se busca poner en marcha actualmente se trabaja en la creación de un mecanismo de colaboración y participación ciudadana con representantes de asociaciones civiles, académicos, personas con discapacidad y actores clave para revisar las políticas públicas en esta materia.Agregó que contar con una Jefatura de Accesibilidad Universal permitirá evaluar las condiciones que tienen los espacios públicos y emitir recomendaciones vinculantes para atender los pendientes.GUÍAEn la recomendación general que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió en febrero de este año, asociaciones defensoras de las personas con discapacidad resaltaron problemas como invisibilidad, mal servicio en el sector salud, falta de presupuesto para atender las necesidades de esta población, desconocimiento de la Ley de Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad e insuficiente apoyo en el mercado laboral.A 10 meses, el encargado de darle seguimiento a esta medida, Fernando Zambrano, afirmó que si bien los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la aceptaron, en el caso de los municipios sólo 52 lo hicieron.Explicó que los otros 73 ayuntamientos no tomaron en cuenta la evaluación por falta de sensibilización sobre este tema o porque ya estaban por concluir su encargo.Por otra parte, destacó que las acciones que llevaron a cabo los que sí decidieron involucrarse permitieron generar avances en accesibilidad en inmuebles de Gobierno, contratar intérpretes que dominan el lenguaje de señas y e incluir, en el presupuesto del próximo año, una partida con un enfoque de derechos humanos para apoyar la discapacidad.Con respecto a este último punto, el experto acentuó que se logró que se asignara un techo presupuestal de 655 millones, 286 mil pesos que se distribuirán en programas de Educación para la inclusión, apoyos económicos para cuidadores, subsidios para transporte, terapias, capacitaciones y asesorías, dispositivos auxiliares, desarrollo cultural y estímulos para el desarrollo de proyectos incluyentes.El presidente de Red Ciudadana, José de Jesús Gutiérrez, aseguró que luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la anterior administración estatal evadió enviar información sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad, el reto para el Gobierno de Enrique Alfaro es comenzar con la realización de un diagnóstico que determine cuáles son las carencias de este sector en materia de empleo, transporte, escolaridad y salud.TELÓN DE FONDOEn octubre de 2017, este medio de comunicación publicó que de acuerdo con el último estudio de Características de las Localidades y del Entorno Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de la mitad de las vialidades de la metrópoli carece de rampa para silla de ruedas.De las 241 mil 390 calles de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, 146 mil 972 (60.8%) no cuentan con esta infraestructura para personas con discapacidad.La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) advirtió en su Diagnóstico e informe especial sobre la situación de este sector en Jalisco 2017 que, para lograr un entorno seguro para este grupo, era necesario eliminar las barreras físicas, lo cual ha tenido una “evolución lenta pero positiva” al hacer una comparación con los ejercicios anteriores.Sin embargo, el organismo señaló que 83% de los municipios en la Entidad no tiene un plan permanente de eliminación y modificación de estas barreras que impiden transitar a las personas con discapacidad.En otro análisis, el Inegi indicó que la tasa en Jalisco de personas con discapacidad era de 74 por cada mil habitantes en 2014. En este indicador, el Estado se ubicó en la cuarta posición a nivel nacional.Falta infraestructuraDe acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuatro mil 517 albergues que se registran en el país, dos mil 443 no disponen de rampas para silla de ruedas, tres mil 076 carecen de tazas de baño con adaptaciones para personas con discapacidad y tres mil tampoco tienen regaderas para este tipo de población.En el caso de Jalisco, de los 395 espacios documentados, 210 no cuentan con rampas para silla de ruedas, a 166 les faltan tazas de baño con adaptaciones y a 241 regaderas especiales.