En medio del proceso para designar a Luis Joaquín Méndez Ruiz como fiscal, distintas voces recuerdan los compromisos incumplidos y piden que en la siguiente etapa se concrete la autonomía y la depuración de la corporación.Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, afirma que en los más de tres años de la actual administración no se cristalizó ninguno de esos puntos. “Por múltiples razones, incluyendo el COVID-19, nunca se pudo llevar ese plan: buscar autonomía y depurar a la Fiscalía”.Lo anterior, luego de que en junio de 2020 el gobernador señalara que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado, tras las desapariciones forzadas de jóvenes por parte de elementos de esa dependencia, ocurridas durante las protestas para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López.Jesús Ibarra, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, acentúa que antes de asumir el cargo, la administración se comprometió a cumplir los 23 puntos de la plataforma “Fiscalía que Sirva”. “Es un ejercicio que plantea una cirugía de fondo a la Fiscalía, que rinda cuentas. Eso tampoco va a ocurrir. No hay avance”.Ayer, durante la comparecencia de Méndez Ruiz ante integrantes del Congreso, Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, anunció que presentará una iniciativa para concretar las reformas pendientes que den autonomía a la Fiscalía estatal.En el último informe de Hallazgos 2020 de México Evalúa, se menciona que la falta de autonomía y de profesionalización de las instituciones responsables de la investigación y la persecución de los delitos “puede resultar en una causa estructural de impunidad que obstruye los procesos de la investigación integrales, exhaustivos y oportunos”.Y en el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2021, de la asociación Impunidad Cero, se subraya que un elemento fundamental para el trabajo de las instituciones de procuración de justicia del país es que tengan autonomía, con el fin de que puedan investigar cualquier delito que conozcan, sin importar quién lo haya cometido, qué nivel tenga o en qué institución labore.RESPONDE A DIPUTADOSCon cuestionamientos sobre el trabajo realizado por la Fiscalía estatal y la percepción de impunidad, Luis Joaquín Méndez Ruiz, designado por el gobernador como fiscal estatal, compareció ante diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia, previo a que emitan el dictamen y voten su ratificación como titular de la dependencia.El próximo fiscal enfrentó cuestionamientos de Mara Robles y Enrique Velázquez del partido Hagamos, que criticaron los resultados en temas como las investigaciones por desaparecidos, violencia contra las mujeres, homicidios como el del exgobernador Aristóteles Sandoval, y la presunta infiltración de la delincuencia en la Fiscalía. Por su parte, legisladores de Acción Nacional, Morena y Movimiento Ciudadano, dirigieron preguntas sobre la experiencia y preparación del funcionario.Méndez Ruiz se comprometió a que no habrá represión, ni uso político de la procuración de justicia. Argumentó que, según las estadísticas, han tenido avances, aunque advirtió que no está satisfecho y que buscará seguir mejorando.“Soy intolerante a los actos de corrupción, a la impunidad, esos ya son principios, no los aprendí en los libros o en la ley, son principios que traigo. No hay tregua en actos que vayan contra el debido proceso, tenemos que seguir trabajando en las áreas que son prioridad y seguirlas reforzando, mi meta es que la percepción se pueda mejorar”, expuso.A las preguntas sobre la investigación de casos de personas desaparecidas, refirió que las áreas encargadas han triplicado su personal y la consigna es investigar para localizarlos vivos. Del caso del exgobernador Aristóteles Sandoval, dijo que la investigación sigue abierta, que identificaron a los autores materiales y que hay cuatro órdenes de aprehensión emitidas, aunque no hay detenidos. Respecto a las investigaciones por la represión a las manifestaciones de junio de 2020, precisó que el caso está en la Fiscalía Anticorrupción.Luego de que la diputada Mara Robles reiteró, al menos tres veces, un planteamiento sobre la represión, Méndez Ruiz se comprometió a que respetará la libertad de expresión y todos los derechos.“Respecto a la infiltración, tenemos que trabajar con el tema de capacitación del personal; todas las corporaciones de seguridad presentamos una problemática, estamos todos los días trabajando en ello”, añadió.Entre 2010 y noviembre de 2021, la Fiscalía del Estado acumuló un total de 13 mil 035 órdenes de aprehensión sin cumplimentar, en contra de 16 mil 159 presuntos responsables de cometer distintos tipos de delitos del fuero común. De ese total, tres mil 638 mandamientos corresponden al periodo de la actual administración (2019-2021), en contra de cuatro mil 512 personas, según datos otorgados por Transparencia. Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, calificó como “gravísimo” el rezago que tiene la dependencia en la cumplimentación de órdenes de aprehensión, lo cual atribuye al incumplimiento del plan de reestructura que le urge llevar a cabo a la Fiscalía. “Por esa falta de capacidad material y humana de la Fiscalía del Estado no se da respuesta a todas esas órdenes pendientes. Ahorita me preguntaría ¿Qué pasaría si se ejecutaran? No habría capacidad de llevar a cabo todas las audiencias y juicios que estarían pendientes respecto a esas personas que las traen”, señaló. Agregó que la Fiscalía del Estado necesita más recursos para mejorar en materia de investigación. En diciembre pasado, este medio informó que están pendientes de cumplimentar mil 371 órdenes de aprehensión emitidas por jueces en contra de mil 821 presuntos responsables de asesinatos en la Entidad. Entre éstas se encuentran las que se han girado en contra de los presuntos responsables del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. El presidente de México SOS Capítulo Jalisco precisó que se tiene que cambiar de origen la estrategia de seguridad de Jalisco, “parece haber una tormenta perfecta para que el crimen siga manejándose y siga estando presente en el Estado de Jalisco”.Lo anterior, dijo, porque además de las fallas que presenta la Fiscalía, en el Poder Judicial se tiene también un rezago importante porque hay muy pocas salas funcionando. “Están atiborrados de trabajo por tantos cierres por el tema de COVID-19 y pues también seguimos teniendo una terrible corrupción con los jueces”.De estos últimos, añadió, no se han logrado vinculaciones a proceso y por lo tanto tampoco hay sentencias. TELÓN DE FONDOEntre los problemas que enfrenta el Estado para dar resultados en materia de seguridad, se encuentran la poca participación que ha tenido la Federación en materia de presupuesto. Recordó que se eliminó el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), un fondo federal a través del cual se apoyaba a las policías municipales. “Ahora, con los pocos recursos que tiene el Estado, pues se hacen malabares para dar esa atención, lo cual no es suficiente. El Gobierno federal ha apostado por la militarización del país, cada vez le da más recursos a la Guardia”, remarcó. Insistió en que esto ha pegado a las policías de los Estados. “Esa falta de coordinación y de falta de apoyo del Gobierno federal para Jalisco nos tiene tronados”. García comentó que hay policías que están muy avanzadas, como es el caso de Guadalajara y Zapopan que ahora están trabajando de forma coordinada, y ya se observan algunos aciertos, pero el resto de las corporaciones, principalmente del interior del Estado, “están prácticamente abandonadas”. Lo mismo sucede, dijo, con la Policía Estatal que también opera con pocos recursos. “Que es el resumen de todo el problema entre la Federación y el Gobierno del Estado”. De acuerdo con el Análisis de Incidencia Delictiva, de la organización Causa en Común, “en los últimos tres años, la seguridad pública se ha militarizado aceleradamente, y se han reducido los fondos destinados a las policías locales”.SABER MÁSDe acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la cifra negra es de 92.9 por ciento. “Esto quiere decir que 9.29 de cada 10 eventos criminales pasaron sin repercusiones legales para el presunto delincuente”. Aunque el gobernador ha señalado que el combate a la delincuencia organizada es competencia de la Federación, como candidato sí incluyó el tema en sus promesas de campaña.PROMESASEn 2018, durante su periodo como candidato, el Gobernador del Estado argumentaba que los problemas que se presentan por narcotráfico y narcomenudeo, entre otros delitos, “sólo son posibles cuando se tiene una expectativa de impunidad garantizada”.Lo anterior, de acuerdo a lo que se documentó en la propuesta en materia de seguridad que presentó en campaña. A la fecha, Jalisco se mantiene con un alto índice de impunidad. De acuerdo con el estudio Hallazgos 2020 de la organización México Evalúa, en la Entidad se quedan sin resolver 94.5% de las carpetas de investigación abiertas. Aunque se tiene una ligera reducción con respecto al ejercicio del año previo, en el que el indicador se ubicó en 96.2%, al actual nivel de impunidad se suma otro problema, el de la cifra negra; es decir, los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna estadística.Aunque durante la actual administración estatal se reporta que se han reducido los homicidios dolosos, Jalisco se ubica entre las Entidades que concentran la mayoría de los asesinatos que se registran en el país, según se reporta en el Análisis de Incidencia Delictiva, elaborado por la organización Causa en Común. En el informe que fue presentado esta semana se analiza “la evolución de la criminalidad durante el presente sexenio y comparativo de los primeros tres años de los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador”. Además de asesinatos, se revisaron las cifras de feminicidios, secuestros, trata de personas, extorsiones, robos a transeúnte con violencia, robos de vehículos con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. Se destaca que, durante el trienio 2013-2015, la violencia homicida se concentró en el Estado de México, seguido de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Michoacán.Mientras que en el trienio 2019-2021, ésta se concentró en Guanajuato, seguido de Baja California, Estado de México, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.Durante 2019, en Jalisco se registraron dos mil 673 víctimas de homicidios dolosos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2020 se reportaron dos mil 622, y el año pasado se cerró con dos mil 380. En los últimos tres años en el país se registraron 105 mil 508 víctimas de asesinato.ESTRUCTURAFiscalía General: En la Fiscalía recae el Ministerio Público. Entre sus atribuciones se encuentra ejercitar la acción penal, la petición de medidas de protección, precautorias y cautelares ante la autoridad judicial, así como investigar todos los delitos del orden local y concurrente.Secretaría de Seguridad:Es responsable de la seguridad pública. Es fundamental proteger la integridad y el patrimonio de las personas e instituciones, reducir la comisión de delitos y las conductas violentas, a través de una política criminal con respeto a los derechos humanos, el abatimiento de la impunidad, la seguridad vial y el proceso de reinserción social.Poder Judicial:Está integrado por el Consejo de la Judicatura, el Instituto de Justicia Alternativa y el Supremo Tribunal de Justicia. Es responsable de la impartición y administración de justicia.Sigue #DebateInformador¿Qué espera del trabajo de la Fiscalía del Estado?Participa en Twitter en el debate del día @informador
