Por despidos injustificados, por la exigencia del pago de horas extra y hasta por inconformarse por los resultados de los exámenes de control y confianza, 468 policías de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco demandaron a sus respectivos Ayuntamientos. 

En una coyuntura donde los delitos con violencia están en aumento, principalmente robos y homicidios, las áreas jurídicas de las cinco alcaldías pelean por generar ahorros y evitar desembolsos millonarios ante un eventual fallo contra el municipio.

De 2010 a la fecha, los Ayuntamientos han recibido 895 demandas interpuestas por sus oficiales, pero ya se revolvieron 427. Algunos de ellos incluso han denunciado que fueron degradados del cargo y han exigido un incremento del 100% en su pensión “con efectos retroactivos”.

Las demandas, según la investigadora de la Universidad de Guadalajara, María Eugenia Suárez de Garay, son una constante. “Quienes han tenido el valor de interponer juicios, seguramente lo hicieron porque tenían claridad de que le podían ganar al Ayuntamiento”.

En el periodo en referencia, esas batallas jurídicas han costado 55.7 millones de pesos en contra del erario y a favor de los demandantes. El monto es importante, pues una cantidad similar se gastó en 2016 el Ayuntamiento de Guadalajara para reforzar los patrullajes con 81 camionetas RAM y 19 vehículos tipo Charger, mediante un esquema de arrendamiento. 

El municipio de Tlajomulco, por ejemplo, erogó 9.7 millones de pesos sólo en 21 pagos, lo que significa un promedio de 460 mil pesos por cada demanda. “Imagínate cuánto valía cada uno de esos juicios (laborales). Los salarios caídos siguen contando al momento del pago, entonces, al final el presidente Alberto Uribe y nosotros, preocupados, nos hemos dado a la tarea de resolver los juicios laudados, pero en términos económicos que convengan al municipio”, remarca el director jurídico, Enrique Julián Cerda.

En cada juicio, los municipios buscan acuerdos con los demandantes para reducir el monto a pagar. Esto porque, al final, cada peso entregado en los laudos (juicios laborales que se pierden) no se invierte en trabajos de repavimentación o bacheo, renovación o compra de alumbrado,  de patrullas o cualquier otro gasto que sirva a los ciudadanos. 

Antes de arrancar las presentes administraciones municipales, los 125 Ayuntamientos de Jalisco acumulaban cinco mil 239 demandas laborales, según el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado. Aunque la gran mayoría era personal administrativo, en la estadística también se incluían policías demandantes.

Guadalajara y Zapopan, los más demandados por sus policías

Entre 2010 y el primer semestre de 2017, los Ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco han entregado 55.7 millones de pesos en pagos a policías que demandaron a sus respectivos municipios. Ese monto es 18.5 veces superior a los tres millones que, por ejemplo, invirtió a principios de 2013 el Ayuntamiento de El Salto para comprar patrullas y habilitar un centro de llamadas de emergencia.

Guadalajara es el municipio con más policías del área metropolitana, y también con la mayor cantidad de demandas a cuestas: 405. 

Zapopan tiene a la Policía mejor pagada de la metrópoli. Pese a eso, ha recibido 331 demandas de sus oficiales en los últimos siete años y medio. Ellos han solicitado su reinstalación, el pago de horas extra, que se les otorgue el nombramiento y hasta combaten resoluciones de procedimientos administrativos y de control y confianza.

Guadalajara y Zapopan son los más demandados en la metrópoli.

“El monto erogado para solventar laudos, por la vía laboral, es un monto aproximado de cuatro o cinco millones, sólo en esta administración”, detalla el director de lo contencioso de la Sindicatura de Zapopan, Édgar Gabriel Lara. Aunque esa cantidad no se suma a los 55.7 millones que reportan las unidades de transparencia de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, pues la Unidad de Transparencia no ofreció una respuesta tras una solicitud de información.

Para comparar, el Ayuntamiento de Tlaquepaque ha dado 8.6 millones en este mismo concepto. El municipio ha recibido 59 demandas desde el 2010 por parte de ex oficiales, y 45 de éstas están concluidas. Las áreas jurídicas del municipio han perdido la batalla legal en 29 de esos casos. 

Cada juicio que los municipios pagan es dinero que deja de invertirse en servicios municipales. Y cuando un tribunal o juzgado concluye que el Ayuntamiento debe resarcir el daño que se argumenta en la demanda, no hay nada que pueda hacerse. 

Ante esa realidad es que las direcciones jurídicas de los Ayuntamientos han optado por lograr acuerdos con la parte demandante. En términos prácticos, las autoridades buscan conciliar con los demandantes para que éstos se conformen con un porcentaje de lo que originalmente esperan recibir. Pero ellos no siempre están conformes con esa propuesta. 

“El problema de laudos es representativo, y aqueja no sólo a los municipios sino a todas las instancias”, dice Enrique Julián Cerda, director jurídico de Tlajomulco, que ha reforzado su depuración de expedientes. “En esta administración hemos concluido con 18 expedientes, ya sea por caducidad o porque hemos llegado a un arreglo con el policía”.

Los oficiales de ese municipio han demandado a su autoridad porque reclaman ceses injustificados, pago de horas extra, daños y perjuicios. La alcaldía les ha pagado 9.7 millones. 

“Son pagos que traemos del 2010 al 2016. No me parece nada descabellado”. 

Tlaquepaque presenta denuncia ante Fiscalía

Entre 2015 y 2017, el Ayuntamiento de Tlaquepaque ha pagado 8.6 millones de pesos a oficiales que demandaron al municipio. Aunque ese monto es heredado, pues de acuerdo con la Comisaría de Seguridad, durante la administración de María Elena Limón los oficiales no han interpuesto una sola demanda. 

El Ayuntamiento reconoce 49 juicios iniciados por policías, de los cuales 45 han quedado concluidos. En 29 de esos casos se falló en favor de la parte demandante. Sin embargo, la autoridad municipal en turno desconoce cuánto fue lo que se erogó en las anteriores administraciones. 

A través de su Unidad de Transparencia, el Ayuntamiento responde que los registros en los que se encontraba dicha información, tanto física como electrónica, fueron eliminados. 

“Se concluye que existen registros de que la información almacenada fue borrada, destruida y/o alterada en algunos de sus casos. Lo anterior presumiblemente con la finalidad de que no pueda ser consultada”. 

Por estas razones, desde finales de 2015, la Dirección de Recursos Humanos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado “contra quien resulte responsable”, tras el proceso final de entrega-recepción de las administraciones 2012-2015 y 2015-2018. 

Las anomalías, argumentó el municipio, “encuadran en conductas que están tipificadas como delitos”, pues el borrado de información oficial fue “intencional” y en diversas áreas del Ayuntamiento. Según las áreas jurídicas, la denuncia por la que se pidió asistencia de la Policía Cibernética aún sigue en curso. 

Óscar Miguel Ávalos Flores, titular de asuntos internos, agrega que la Comisión Municipal de Honor y Justicia ha sancionado a 61 elementos “por actos que contaminan el ordenamiento jurídico” y que fueron señalados, de entrada, por los mandos de la Comisaría.

El Salto, “sin información” 

“No es posible”, es una de las respuestas que usualmente da El Salto cuando se le pregunta cualquier duda respecto a sus finanzas.

Y en relación a las demandas de policías, “no es posible” que se entregue esa información, responde la Unidad de Transparencia.
El municipio también se reserva las razones por las que ha sido demandado, una respuesta que sí entregaron Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. El Salto simplemente “no cuenta con dicho dato”.

En septiembre, este medio publicó que dicho municipio no contestó a otra solicitud de transparencia en la que se le pedía el nivel académico de sus oficiales. Hoy contesta: “La información se entrega en el estado en que se encuentra y (…) no existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre”.

“Quiero un puesto administrativo”

Aunque la mayor cantidad de demandas interpuestas por ex policías de Guadalajara entre 2010 y 2017 van por despidos injustificados, degradación de cargo o por inconformidad con los resultados de las pruebas de control y confianza, hay quienes abrieron expedientes contra el municipio porque les ordenaron que salieran a patrullar. 

El Ayuntamiento responde que en 2010 hubo dos personas que exigieron la reubicación a los puestos de prensa y difusión, y de atención a medios de comunicación. Los nombres quedaron reservados. Incluso, el primero de ellos pidió que el nombramiento de supervisor del área fuera expedido, y que le cancelaran cualquier actividad ajena a esas funciones administrativas.

Desde que inició la década, el Ayuntamiento de Guadalajara ha sido demandado por 405 oficiales. 210 de esos casos han quedado resueltos, y algunos de ellos sí han solicitado el pago por riesgo de trabajo, de prestaciones atrasadas, declaración de incapacidad permanente. Hasta por haber sido suspendidos 15 o 45 días.

El municipio informa que entre 2010 y 2014 ha pagado 8.4 millones por estas demandas. No revela datos del 2015 a la fecha.

El precedente tapatío

En julio pasado, el comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, reveló que desde que tomó las riendas de la corporación “cientos” de oficiales le han solicitado trabajar en la oficina, y no en la calle. “Somos policías. No podemos estar en la oficina”, declaró. Sin embargo, la solicitud para hacer labores de oficina no es privativa de esta administración.

LA VOZ DEL EXPERTO

Urge el servicio civil de carrera

María Eugenia Suárez de Garay (académica de la UdeG)

Sin un sistema profesionalizado para los procesos de ingreso, de capacitación y, especialmente, de evaluación al desempeño en las instituciones de seguridad pública, ninguna estrategia reducirá la “legítima” inconformidad de los oficiales de Policía, una inconformidad que se traduce en demandas y en millones de pesos de los municipios destinados al pago de juicios.

La académica explica que, históricamente, los agentes han padecido faltas graves, como la degradación de cargo y hasta acoso, pero poco o nada hacen por denunciar, pues perderían su empleo. 

“La falta de la institucionalización de un servicio civil de carrera es grave. Las consecuencias no sólo irían en términos de beneficios laborales, sino en la cultura interna del mundo policial, que tiene enormes repercusiones”. 

Defiende que si hay una gran cantidad de demandas de oficiales es porque saben que pueden vencer al municipio en tribunales. Los exámenes de control y confianza y su lógica de aplicación, agrega, tampoco dan certeza a los oficiales, pues “es un muy buen recurso para que sean liquidados a meses de ser jubilados”.

Por eso la ausencia de un servicio civil de carrera arrastra a los oficiales en la lógica de los cambios de cada administración municipal; es decir, en la renovación de mandos y estrategias cada tres años, y con ausencias graves que pocas veces se atreven a denunciar.

Tendrán más sueldo, capacitación y equipo

No sólo los sueldos de los oficiales de Policía en el área metropolitana quedarán homologados para inicios del próximo año. La Agencia Metropolitana de Seguridad, los ayuntamientos y el Gobierno del Estado han acordado que la inyección presupuestal también se irá a los rubros de capacitación y equipamiento.

De esta manera, los oficiales de municipios con rezagos evidentes, como El Salto o Tonalá, tendrán vehículos, armamento y capacitación dignos, además de un sueldo que, se estima, reducirá las probabilidades de incurrir en actos de corrupción (17 mil pesos en promedio).

Las nuevas prestaciones también reducirán la inconformidad de los oficiales con su empleo. Y, a la distancia, la cantidad de demandas interpuestas por éstos tenderá a reducir, estima la autoridad.

Eduardo Almaguer, fiscal del Estado, afirma que también se cumplirá uno de los requisitos elementales de la Ley Nacional de Formación del Consejo Nacional de Seguridad Pública: los estudios mínimos de preparatoria. “Quien quiera alcanzar ese sueldo va a tener que prepararse”.

Para finales de diciembre, la Policía del Estado tendrá 137 nuevos elementos, y las municipales 363. Serán 500 nuevos oficiales con exámenes de control y confianza aprobados que reforzarán el patrullaje en la ciudad. 

Otra consecuencia de la homologación salarial es que cada plaza de policía se volverá atractiva, situación que nunca ocurrió con corporaciones como El Salto o Juanacatlán. “Cada policía que lograba acreditar sus exámenes de control y confianza se iba a buscar un espacio a Zapopan o a Guadalajara, y por obvias razones: ganan más. Entonces, tanto las corporaciones de Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, se fueron quedando sin elementos”, acota el fiscal.

En la actualidad, dice, hay 45 oficiales de El Salto patrullando de manera efectiva. “Tienen un promedio de 180 elementos, de un total de 258 plazas (…) El policía prefería hacer un esfuerzo y emplearse donde ganara más”. De ese tamaño es el problema. 

La expectativa para el próximo año es alta. Eduardo Almaguer apunta que serán “policías de primera” en toda la ciudad. Y eso, sumado a la instalación de cámaras de videovigilancia, el “patrullaje inteligente”, la restricción de horarios de venta de alcohol y las aplicaciones con datos georreferenciados de delitos, cambiará la realidad actual en materia de delitos.

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¿El aumento salarial para los policías mejorará su labor contra la delincuencia en la metrópoli? 

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