En el prólogo del libro “La Estafa Maestra” (Temas de hoy, 2018), Daniel Moreno escribe que el trabajo de los auditores y los periodistas tiene algo en común: no es fácil conseguir que paguen los corruptos. “Con frecuencia, ante una denuncia plenamente documentada, un reportero se topa con el silencio de inculpados y autoridades. O, si tiene suerte, algún funcionario anuncia investigaciones ‘caiga quien caiga’ en las que, finalmente, nadie cae. Terminan guardadas en algún archivo. Son también ‘averiguaciones en integración’”, comenta el director de Animal Político.En 2011, los primeros descubrieron un “tímido” operativo para desviar recursos públicos: un hueco en la ley permitió a funcionarios entregar dinero, sin ningún tipo de concurso o supervisión, a universidades públicas para que realizaran obras o dieran servicios que necesitaban las dependencias.Sin embargo, estas instituciones educativas, que cobraron una jugosa comisión por su participación, entregaron el dinero a empresas fantasma que no debían recibir recursos públicos por falta de capacidad, personalidad jurídica o porque no existían. Moreno señala que si bien esto se destapó al final del sexenio de Felipe Calderón, en la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014, ya con Peña Nieto al frente del Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mostró que el “tímido” operativo se había vuelto un gigantesco mecanismo del que formó parte más de una decena de dependencias públicas y movió miles de millones de pesos.Tras los hallazgos de la autoridad, los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste revisaron y sistematizaron la información de 73 convenios entre dependencias públicas y universidades, presentaron más de medio millar de solicitudes de información, viajaron a seis entidades, hicieron más de 100 entrevistas e investigaron a 186 empresas. Después de esta labor pudieron identificar a los servidores públicos involucrados y fijaron el monto final del fraude en más de siete mil millones de pesos, sólo en 2013 y 2014. Los corruptos todavía no han pagado.“Ahí no acaba el trabajo. A los lectores les toca la sanción política y social. También aumentar el volumen de la exigencia de que paguen los responsables. Esos son los pasos clave para acabar con los graduados en desaparecer dinero público”, remata Moreno.Para Nayeli Roldán, la investigación, ahora convertida en libro, demostró que en el país hay un sistema de corrupción en el que están involucrados los funcionarios públicos y los rectores que firmaron los convenios, la forma en la que se desvían los recursos y cómo las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia son omisas.“Este sistema de justicia depende de quién lo encabece para que pueda funcionar. Al final lo que vemos es que, más allá de las instituciones, el sistema funciona para encubrirse unos a otros. Se supone que para eso existen los órganos internos de control de las dependencias públicas, que deberían darse cuenta de las irregularidades o ilegalidades que pudieran cometerse. Y resulta que son los mismos funcionarios públicos o los titulares de las dependencias quienes nombran a estos fiscalizadores que tendrían que ser autónomos, pero que en la práctica no lo son del todo”.Roldán resalta que algunas de las instituciones que no han hecho su trabajo debidamente son la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tendrían que investigar a las empresas fantasma y a los despachos que las crean; y la Procuraduría General de la República (PGR), que tiene al menos 20 denuncias, interpuestas por la ASF, relacionadas con el esquema de desvíos que ella y sus compañeros documentaron.“Los funcionarios públicos siguen en sus cargos, Rosario Robles sigue en la Sedatu, Emilio Lozoya (ex director de Pemex), no, pero no está siendo investigado por nada en absoluto, y (Alfredo) Del Mazo ya es gobernador del Estado de México. Digamos que la impunidad es el último punto que nosotros vemos en todo este sistema que funciona para esto: para que se desvíen recursos, pero también para que no se investigue”.Miriam Castillo considera que todas las autoridades que tendrían que investigar estas irregularidades en alguna medida tienen cierto grado de debilidad.Detalla que en el caso de la PGR, si bien tiene abiertas averiguaciones, por la forma en la que está conformada la estructura legal, la dependencia tiene que hacer de nuevo la pesquisa.“Tendría que ir a revisar los pasos que hizo la Auditoría para poder conformar un expediente. En el mejor de los casos, no tiene los investigadores suficientes para poder ejecutar eso. Si además le sumamos que no se le ve voluntad política, tienes varios factores que hacen muy complicado contar con una investigación que pueda tener algún tipo de consecuencia”.Sin embargo, Manuel Ureste afirma que ante este tipo de casos es fundamental contar con una Fiscalía autónoma que comience a hacer el trabajo que otras autoridades no han llevado a cabo.Ureste explica que el grupo que hizo este trabajo no tiene los recursos ni las facultades para investigar a qué cuentas cayeron los siete mil millones de pesos que se desviaron. Agrega que a partir de una entrevista con Luis Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, se dieron cuenta de que las empresas fantasma también son una herramienta para desviar dinero a las campañas políticas.“Una de las hipótesis que manejamos es que evidentemente estas empresas fantasma y este dinero se utiliza para financiar campañas políticas”.DR
