En septiembre de 2011, miles de estudiantes, profesionistas y trabajadores, ocuparon el Parque Zuccotti en Nueva York. Bajo el lema “somos el 99%”, los afectados por la Gran Recesión de 2008 pedían que la política defendiera a las mayorías y no fuera el instrumento de una pequeña oligarquía que, a través de sus recursos económicos, cooptaba al Estado y a sus instituciones. Los ocupa, así como los indignados españoles y otros movimientos antisistema, denunciaron la forma en que el poder económico secuestró al poder político. Señaló el poder invisible, pero real, de aquellos que deciden sin aparecer en ninguna boleta. El “establishment” esa articulación entre poder económico y político que sirve para favorecer a un puñado de magnates.En México, dicho debate no caló tan hondo. En términos generales, las posturas antisistema han sido más críticas de los partidos políticos que del establishment. A nivel nacional, quienes han sido más señalados por la mala marcha de la economía, la inseguridad o la corrupción son los políticos y las cúpulas partidistas. Sin embargo, la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador gane la elección presidencial ha reabierto el debate: ¿hasta dónde se pueden meter los empresarios en una elección? ¿Qué tan responsables son los detentadores del poder económico de las decisiones que se toman en el país? ¿Quién manda en México, los multimillonarios o los gobernantes?Para nadie es un secreto que México es uno de los países con mayor concentración económica de la faz de la tierra. De acuerdo con OXFAM, cuatro hombres de negocios-Ricardo Salinas, Germán Larrea, Arturo Bailleres y Carlos Slim-, personas que se enriquecieron producto de la privatización de empresas del Estado, controlan poco más del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Y, de acuerdo con lo que señala la misma organización internacional, el 1% de los ciudadanos más ricos del país acaparan el 21% de la riqueza nacional. Y no sólo eso, una décima parte de la población, los más favorecidos, controlan el 64% de toda la riqueza de México. Es innegable: México es un país en donde coexiste una minoría extremadamente privilegiada con una mayoría de mexicanos-53 millones, según el último estudio del Coneval- que viven en condiciones lacerantes de pobreza.¿Qué significa la desigualdad para la democracia? ¿Cómo afecta la desigualdad a la política? Simple: unos tienen más capacidad de influir en los temas y las prioridades públicas que otros. La democracia se finca sobre la igualdad. Mi voto y tú voto valen igual. El voto de mi vecino y del dueño de la tienda tienen el mismo peso. El sufragio de Slim tiene el mismo peso que el voto del más humilde de sus trabajadores. Empero, la desigualdad social provoca que un puñado de empresarios, políticos, funcionarios públicos, hombres de negocios, activistas sociales y personalidades sean más influyentes que el resto. Dicho efecto distorsionador de la igualdad democrática fue lo que quiso corregir la reforma electoral de 2007. Es decir, impedir que el dinero defina las elecciones, luego de la intervención de cúpulas empresariales en los comicios de 2006.La mala relación entre las cúpulas empresariales y López Obrador ha supuesto un debate sobre el papel de los hombres más ricos del país en el devenir de la política, las elecciones y la democracia. Considero que el candidato de la coalición Morena-PES-PT acierta en una cosa, pero falla en otra. Comienzo con la primera.Lo dijo López Obrador en su entrevista en Televisa: “si Benito Juárez separó la iglesia del Estado, ahora toca separar al poder político del económico”. Y es cierto, y lo reproduce Oxfam en su estudio: el Estado mexicano ha sido instrumento de unos pocos por décadas. La política fiscal, social, la inversión pública y las legislaciones, han tendido a favorecer los intereses de una parte muy pequeña de la población. El Estado se recarga fiscalmente en las clases medias para no cobrar los impuestos que debiera a las grandes trasnacionales y a las grandes fortunas. Un Estado que concede privilegios a los que más tiene y es incapaz de construir un proyecto que incluye a millones y millones de mexicanos que viven en dolorosa pobreza. El empresariado debe tener todas las condiciones para generar riqueza y empleos, pero el Estado tiene que salvaguardar el interés general y velar por los más vulnerables. Sólo la separación entre el poder político y económico garantiza un Gobierno para las mayorías.Sin embargo, López Obrador se equivoca en el perfil autoritario que muestra frente a los empresarios nacionales y los inversionistas extranjeros. No se vale que el empresario compre lealtades con sus recursos y tampoco que quiera mandar sobre el interés general, pero un demócrata siempre debe reconocer el derecho de cualquiera a externar sus ideas políticas y participar activamente en la vida pública. Los empresarios no son un colectivo homogéneo y tampoco seres demoniacos sumidos en el egoísmo perpetuo. Tampoco son el anti-pueblo, como muchas veces se desprende de la narrativa lopezobradorista. Insistir en una narrativa que señala constantemente al empresariado, sin entender su heterogeneidad, sólo puede conducirnos a fracturas, división y polarización. Como pasa con los políticos, los arquitectos o los ingenieros, hay empresarios sátrapas que no dudan de cualquier estrategia con tal de beneficiarse y empresarios con sentido ético que entiende su papel social y honran su vocación.Es positivo que en México debatamos las influencias de los poderes fácticos en las decisiones públicas. Es cierto, que muchos multimillonarios utilizan sus fortunas para influir en los gobiernos y utilizar a los políticos como títeres para impedir que aprueben legislaciones o políticas públicas que los perjudican. Es cierto que el Estado mexicano necesita recobrar autonomía para ofrecer un proyecto que responda a los marginados y a los millones y millones de mexicanos sin oportunidades. Sin embargo, eso no puede normalizar el discurso agresivo contra un segmento de la población que es heterogéneo y en donde, la amplia mayoría de empresarios, honran su profesión generando empleos y riqueza. La democracia nos incluye a todos y eso López Obrador no debe olvidarlo. JA
