El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 a esclarecer “el lamentable y triste” caso.El futuro mandatario prometió trabajar desde el primer día de su mandato para hacer justicia en un caso que representa una mancha para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.“El 1 de diciembre vamos a emitir un decreto para crear, si no se ha hecho, la Comisión de Investigación, y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y a la justicia”, dijo López Obrador, tras una reunión con los desesperados padres.“Vamos a solicitar al Poder Judicial, con todo el respeto porque se trata de un poder independiente, que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso”, dijo López Obrador.También “se acordó abrir las puertas del próximo Gobierno de nuestro país a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos que hayan ayudado, contra viento y marea, a que este asunto no fuese cerrado, y nos permitió llegar hasta este momento en que se retoma el caso”, señaló.También acordó con los padres y familiares a emitir un decreto en el que se establezca que el Ejecutivo no obstaculizará la investigación, y las instituciones gubernamentales colaborarán dentro de lo posible.En la reunión también participaron el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el ombudsman nacional, Luis Raúl González.Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos, apuntó que también se investigará al Ejercito y a funcionarios federales, “se investigará a todos y todos son todos. La verdad debe fortalecer a las institucionales, las que la debilitan es la omisión y la complicidad”.Dijo que a pesar del tiempo, se puede reconstruir la investigación. “No solo será una verdad histórica, vamos a ir a la aplicación de justicia”, manifestó el designado por López Obrador para atender el caso.Para los padres de los estudiantes, la reunión con el próximo Presidente representó “una luz de esperanza”, aseguró María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes, quien tenía 20 años cuando desapareció.“Cuatro años hemos luchado abriendo puertas y para nosotros es un honor que esta puerta se haya abierto sola”, añadió.Con la voz quebrada, Epifanio Álvarez, mostró también una renovada confianza. El futuro Gobierno “sí nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos”, dijo el padre de Jorge Álvarez, quien tenía 19 años en septiembre de 2014. “Estamos esperando con ansia poder besarlos y abrazarlos y decir ‘¡Te quiero hijo!’, eso estamos esperando”, concluyó sollozando.Los padres de los estudiantes, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, acudieron a la reunión con el Mandatario electo aferrados, como es habitual, a los carteles con los rostros de sus hijos.La lucha “nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un Gobierno que se haya preocupado por este caso, por nuestros hijos”, consideró Álvarez.“Estamos contentos, estamos con el corazón lleno de esperanza. Para los padres, sin justicia no hay paz”, expresó Álvarez.Según la hipótesis oficial, los estudiantes de Ayotzinapa estaban en Iguala apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales.Los uniformados los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.Sin embargo, Naciones Unidas, y los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Equipo Argentino de Antropología Forense y equipos extranjeros de investigación independiente han rechazado tajantemente esa hipótesis.En un último pronunciamiento, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto “se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial”.Hasta ahora hay 119 personas procesadas por el caso, 69 por secuestro y 50 por delincuencia organizada o portación de armas.
