La plenaria de la Cámara de Diputados, actuando como Jurado de Procedencia, respaldó el informe de la Sección Instructora que confirma la necesidad de retirar la inmunidad legal a Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos. Se le atribuye presunta implicación en delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y haber asumido el cargo sin pasar exámenes de confianza.El retiro de inmunidad fue respaldado por 230 votos a favor de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo; mientras que 22 votos en contra provinieron de Movimiento Ciudadano, y se registraron 170 abstenciones del PAN, PRI y PRD.Dicha resolución se remitirá al Congreso de Morelos, para que ponga a disposición del Ministerio Público al fiscal general del estado, para ejercer la acción penal correspondiente en el momento en que lo determine; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).El proceso de desafuero contra el fiscal inició desde el año 2020, cuando la FGR pidió retirarle la inmunidad para proceder en su contra por presuntamente asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza; sin embargo, la Cámara de Diputados determinó en 2021 que el fiscal no tenía fuero y, en consecuencia, se podía sujetar a proceso penal.Tras esa resolución, el Congreso de Morelos presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, bajo el argumento de que Carmona Gándara goza de fuero constitucional, y los ministros les dieron la razón. Por lo anterior, se le ordenó a la Cámara baja reiniciar el proceso, el cual revivió el pasado mes de octubre.En la fase de alegatos del Juicio de Procedencia realizado hoy, Juan Gabriel Hernández Morales, agente del Ministerio Público de la Federación, acompañado de Emiliano Villa Caballero, fiscal de la Unidad Especializada en Investigaciones, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la FGR, refirió que en 2018, cuando fue designado como fiscal general de Morelos, Uriel Carmona no tenía vigentes sus exámenes de control de confianza.Detalló que cuando asumió el cargo, el 15 de febrero de 2018, no contaba con la certificación para desempeñar el cargo; y designó a varios funcionarios de la Fiscalía General de Morelos que tampoco contaban con los exámenes de control de confianza."Estos hechos, señores y señoras diputadas, son constitutivos del delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionado en el Código Penal Federal", expresó en la tribuna de la Cámara de Diputados.MFMF
