Socios conductores de Uber responsabilizaron al gobierno de Quintana Roo de tolerar las agresiones de taxistas y, al Congreso local, de incurrir en dilaciones para reformar la Ley de Movilidad, debido a que la clase política se ha visto beneficiada con placas de taxi."El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo tiene al gobierno del estado de rodillas", acusó Carlos Calzado, socio conductor, quien solicitó que el gobierno federal audite el estatus de las 50 mil concesiones que Erik Castillo, exlíder sindical, cuantificó como entregadas por la autoridad estatal."Que se revise en manos de quiénes están las 50 mil concesiones entregadas por el gobierno del estado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede intervenir", expresó luego de exponer que el transporte público es concesionado por el estado, por tanto, deben rendir cuentas.En conferencia de prensa, junto con Agueda Esperilla, portavoz de los socios conductores registrados en Uber, ambos coincidieron en que el gobierno estatal, de forma negligente, está jugando con el sindicato, con la plataforma y con la ciudadanía, al retrasar las reformas a la Ley de Movilidad y a su Reglamento.Estas reformas deben atender la reciente sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que declaró inaplicable a Uber la porción normativa dentro de esa Ley, que regula a las plataformas digitales. Para resolver el amparo promovido por la empresa transnacional en contra de ese apartado de la ley, los magistrados se basaron en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establecen que las plataformas tecnológicas no brindan un servicio de transporte público, sino privado. Sin embargo, aunque dejaron a Uber exenta de lo aplicable para plataformas digitales en esa ley, aclararon, literalmente, que eso no implicaba su operación inmediata y sin regulación alguna.Lo anterior ha sido argumento para que autoridades estatales sostengan que Uber no puede operar aún, hasta en tanto no se reforme la ley y se establezca una nueva regulación para plataformas digitales, como servicio privado de transporte.Discordantes con esa interpretación, Esperilla y Calzado expusieron que abogados coinciden en que aun sin las reformas a la ley, la sentencia del Tribunal no prohíbe a Uber brindar el servicio, por tanto, les está permitido.Ambos acusaron a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres y al director del Instituto de Movilidad (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar, de intentar confundir a la sociedad para buscar cómo darle vuelta a la sentencia y, a los taxistas, de tomar como pretexto el posible limbo jurídico del caso, para atacarlos."La realidad es que el gobierno debe frenar las agresiones. Lo legal no es justificación para lo que está pasando. Parece que no dimensionan la gravedad y el alcance de esto. "Esperamos que Mara (Lezama) no espere a que ocurra una desgracia mayor", dijo Agueda.CR
