Después de pasar siete años y cinco meses en prisión por falta de un intérprete, Mardonio, chinanteco originario del Valle Nacional, región Istmo de Tehuantepec, fue liberado del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, en el estado de Campeche.Mardonio, cuyo nombre completo se omite por su seguridad, fue acusado indebidamente de transportar marihuana en diciembre de 2014 y encarcelado desde entonces, con una serie de inconsistencias en el proceso y violaciones a sus derechos como persona indígena sujeta a un proceso penal, desde su detención y durante el juicio, afirma su abogado Juan Pablo Zavala Zavala, de Diálogo y Movimiento A.C. (Dimo).“Al revisar su caso y después de aplicar algunos test o protocolos, eran evidentes las violaciones a sus derechos humanos; el Ministerio Público no le brindó un intérprete al momento de rendir su declaración, la que le fue tomada en español, pasando por alto que es un idioma que no dominaba, ya que su lengua materna es chinanteco central bajo; intentaba defenderse en su lengua, pero sin entender el español. Tampoco se le respetaron sus derechos culturales y de cosmovisión”, explica.Mardonio salió de su comunidad en busca de trabajo, como muchas otras personas indígenas que a falta de empleo se ven obligadas a desplazarse; en ese entonces tenía 55 años.“Mi patrón me pidió llevar una camioneta cargada de chatarra, del municipio de Champotón a la ciudad de Campeche. Me dio 100 pesos para la caseta y de regreso me daría para los refrescos. Me dijo que sólo llevara la camioneta y que alguien pasaría por ella”, declaró en un testimonio recogido por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A. C. (Cepiadet).En una revisión, elementos de la Secretaría de Marina encontraron un paquete de marihuana escondido en el vehículo que manejaba Mardonio.Mardonio obtuvo su libertad gracias a la aprobación de la Ley de Amnistía, que entró en vigor el 23 de abril de 2020; sin embargo, fue hasta un año después que pudieron inscribir su caso.El lunes 23 de mayo, en una sesión que inició a las 12:00 horas y terminó a las 15:13, obtuvo el fallo a favor; alrededor de las 5:00 horas, Mardonio finalmente salió de la cárcel.“Por ahora, estamos trabajando en la parte posterior de la libertad, como dónde se va a quedar; estaremos revisando sus derechos políticos electorales; su documentación para que no tenga problemas en caso de un filtro comunitario, entre otros detalles”, sostiene.Irma Pineda alzó la voz ante la ONU para garantizar la propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas.Por los más de siete años de encarcelamiento que injustamente vivió no habrá una reparación de daños, debido a que salió bajo la Ley de Amnistía, por lo que el Estado únicamente le otorga la libertad.En un rastreo en los centros penitenciarios de Oaxaca, Cepiadet localizó ocho casos similares al de Mardonio. Sólo cuatro fueron aceptados por la Comisión de Amnistía, tres de ellos fueron resueltos y los otros están en litigio.En la entidad existen mil 232 personas que se reconocen como indígenas bajo un proceso judicial; 51 de ellas, mujeres.Del total de personas procesadas, 679 permanecían sin sentencia hasta agosto de 2021, de acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), elaborado y entregado al Centro Profesional Indígena.Sin embargo, la cifra no puede contrastarse en relación con el número de intérpretes para auxiliarlos, pues no existe un padrón único para saber cuántos hay en la entidad, explica Eduardo Ezequiel Martínez Gutiérrez, joven oaxaqueño que lleva un proyecto de investigación sobre el acceso a la justicia de las personas indígenas, becado por la fundación alemana Konrad Adenauer.Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) tiene su padrón de intérpretes, quienes no están en nómina y reciben por audiencia 500 pesos, explica.Mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cuenta con un registro de 130 intérpretes; las organizaciones civiles, señala Martínez Gutiérrez, también tienen personal, pero no existe un número preciso.“El tema no es tenerlos, sino profesionalizarlos, para que sean útiles no sólo al estado, sino también a las comunidades. La perspectiva impide que los intérpretes sean formados para servir a sus comunidades”, afirma el maestrante en Derechos Humanos y Democracia.Los resultados de su investigación revelan que sólo 1% de los jueces a cargo de procesos que involucran a personas indígenas cuentan con la preparación necesaria para ello.“Esto es el supremacismo lingüístico que atribuye privilegios a una lengua, discriminando a los hablantes de la lengua no oficial”, apunta.Benedicto Salinas, del Cepiadet, coincide en que el Estado está obligado a garantizar a las personas indígenas un traductor y un defensor con conocimiento de su lengua y cultura.“Cuando las personas están en conflicto con la ley, el Estado debe garantizar ese derecho para que la persona indígena comprenda su situación, de qué se le acusa y esté en posibilidades de defenderse, lo que no pasó con Mardonio”, expresa.
