La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que conforma la segunda parte del “Plan B” electoral.El proyecto, bajo la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, propone declarar la invalidez de esta segunda parte del llamado “Plan B”, pues se estima que, durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo.Éstas son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de 30 asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido.En el caso que se discutirá se encuentran las violaciones adicionales graves al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior.Por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores.También se señala que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores, cuando el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras.El proyecto concluye que todas estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.El Universal La segunda parte del “Plan B”, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contiene cambios a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), que reduce los salarios de los consejeros, elimina fideicomisos, destituye al secretario ejecutivo (brazo derecho del puesto de consejero presidente) y tiene nuevas reglas para los partidos políticos. Organizaciones mexicanas presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae (amigo de la corte) con el respaldo de 360 mil firmas ciudadanas contra de la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “Plan B”.“Presentamos el amicus curiae ciudadano, que demuestra a la SCJN la inconformidad absoluta de las mexicanas y mexicanos en la aprobación de este ‘Plan B’”, señalaron en un escrito conjunto las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. Con rosas y vestidos de ese color, los participantes exclamaron su apoyo a la ministra presidente de la SCJN: “¡Norma Piña, no está sola!”.El empresario Claudio X. González y la periodista Beatriz Pagés asistieron a la entrega del documento. La ley electoral establece que para que una reforma pueda entrar en vigor debe hacerse 90 días antes del arranque del proceso, lo que ocurrirá la primera semana de septiembre próximo, por lo que expertos ven inviable la aplicación del “Plan B”.Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, dijo que de acuerdo con la legislación vigente, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no determinaba su viabilidad, la validez legal del “Plan B” antes del 7 de junio, prácticamente la “hubiera liquidado” para su aplicación en las elecciones federales de 2024.Incluso, consideró que si previo al 7 de junio la SCJN avalaba la validez de la segunda parte del “Plan B” que se encuentra suspendida, hubiera sido “un suicidio” para el INE aplicarla porque ya están avanzadas diversas tareas en la organización del proceso de 2024 que incluye la elección del Presidente de la República, renovación del Congreso de la Unión y nueve gobernadores.De acuerdo con la ley vigente, en este caso es la Constitución, según su artículo 105, el proceso electoral debe empezar en la primera semana de septiembre, por lo que si se toma en consideración que ello es del 1 al 7 de septiembre, los 90 días previos se agotaron el pasado 7 de junio y en consecuencia si no hubo una decisión de la SCJN en cualquier sentido, es decir, que revocara la suspensión que emitió el ministro Laynez o que resuelva el fondo del asunto para que el “Plan B” continúe, lo cual ve muy complicado que ocurra por la complejidad de la reforma, ésta quedaría nula.Simplemente, todo queda en una cuestión de tiempo. CT
