Después de que en días recientes el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haber solicitado la intervención en asuntos judiciales del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el Colegio de Abogados calificó esta acción como una vulneración a la independencia judicial.A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, el Colegio de Abogados aseguró que lo manifestado por el Presidente constituye una conducta de intromisión inadecuada de su parte y del ministro Zaldívar en diversos asuntos del orden penal y en contradicción con el mandato y el deber impuesto a ambos en la Constitución.En ese sentido, el Colegio de Abogados exigió que la actuación de los funcionarios públicos de todos los niveles de Gobierno se realice con estricto apego a lo mandatado en la Constitución y con miras al respeto de los derechos humanos, a la presunción de inocencia, a la adecuada defensa, así como al principio de separación de poderes e independencia judicial.Además, lamentó las declaraciones del ex ministro Zaldívar vertidas en una entrevista periodística, donde señaló que los comentarios efectuados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador obedece meramente a un desconocimiento de los conceptos jurídicos, por lo que negó intervencionismo por parte del Presidente en la labor de los juzgadores.Finalmente, pidió que se realicen las investigaciones necesarias para determinar si las presuntas conductas del Presidente y el ex ministro Zaldívar constituyen una interferencia indebida en la actividad jurisdiccional y en su caso, sancionar a los funcionarios que incurrieron en contradicción con la ley y su deber constitucional. La dirigencia nacional del PRD exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrir una investigación respecto a la actuación, fallos, votaciones y casos en que participó el ex ministro Arturo Zaldívar para conocer si existen responsabilidades constitucionales, administrativas y penales por posible tráfico de influencias y actuar por consigna de otro poder.Lo anterior, aseveró la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, después de los dichos del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en días pasados durante su conferencia matutina manifestó que a través del ex ministro presidente Arturo Zaldívar intervenía para resolver asuntos presionando a jueces.Pidió a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, establecer un precedente para consultar al Pleno sobre los procedimientos de investigación que deberían iniciarse para deslindar las responsabilidades constitucionales, administrativas y hasta penales en contra de Arturo Zaldívar.“Como ministro en retiro, Zaldívar debe ser investigado por las responsabilidades en que haya incurrido, pero sobre todo para defender efectivamente la independencia y autonomía del Poder Judicial. Además, se debería solicitar al Presidente López Obrador un informe de autoridad sobre todos los asuntos que fueron cabildeados con Zaldívar”, opinó. “En una recta interpretación de nuestra Constitución, no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes”, sentenció la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.Al participar ayer en el Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), que se lleva a cabo en Querétaro, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal afirmó que debe quedar claro que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los justiciables.“La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos, la independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables, es un principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de los mexicanos”.Y añadió: “La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial siembre en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país”. CT
