El Instituto Nacional Electoral (INE) erogó casi un millón de pesos, al incluir gastos indirectos, para acatar la resolución del Tribunal Electoral Federal que ordenó un plazo de 10 días para que Armando Ríos Piter, aspirante a candidato independiente a la Presidencia, revisara más de 900 mil firmas de apoyo ciudadano catalogadas como inválidas.En sesión extraordinaria del Consejo General se presentó el proyecto para modificar el Acuerdo de Registro de Candidatos, que forma parte de la Programación Táctica del INE para el ejercicio fiscal 2018.En voz de Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, se solicitó lo anterior y expuso que para poder disponer de personal las 24 horas del día, por los 10 días que concedió el Tribunal a Ríos Piter, a fin de revisar los registros que presentaban inconsistencias, se tuvo que contratar personal.Explicó que para garantizar la atención y el derecho de audiencia por 10 días, las 24 horas, se tuvo que contratar a personal que ya no era parte del INE porque ya se había agotado la fase de revisión.La actividad de esos 10 días supone a la institución erogar la cantidad 799 mil 380 pesos, y con la inclusión de los gastos indirectos se habla de casi un millón de pesos."Independientemente de que el entonces aspirante haya acudido a agotar esta garantía de audiencia o no, el Instituto estuvo listo material y humanamente, y esto desgraciadamente tiene costos para la institución, y en ese sentido solicitamos su venia para poder hacer frente a estos gastos extraordinarios", expresó Ballado.Por su parte el consejero presidente Lorenzo Córdova reiteró el reconocimiento al trabajo que realizaron en esa área para el apoyo a los aspirantes a candidatos independientes para el registro y revisión de los apoyos ciudadanos.Reitero mi reconocimiento a todos y a cada uno de los funcionarios del Instituto que participaron en el proceso de verificación de apoyos ciudadanos a los distintos candidatos independientes, tanto en el plano federal como de las elecciones locales."Es un orgullo dirigir esta institución integrada por funcionarios probos, honestos, neutrales en términos políticos en su función y capacitados, técnicamente solventes en el trabajo que se realizó".Finamente, también destacó que la aplicación que se utilizó en los dispositivos móviles demostró ser una herramienta eficiente, un instrumento útil, porque no fue impugnada y servirá para el futuro.Agregó que organizaciones de la sociedad civil, convencidas de su eficiencia, han firmado un convenio para hacer la consulta ciudadana para impulsar una iniciativa de ley que propondrán para reformar la constitución y leyes relativas a la designación del fiscal general de la República. SA
