Con 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM; y 41 en contra del PAN, PRI y MC, se aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial, la cual modifica el Artículo 96 de la Constitución para que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante el voto popular. Otros cambios que traerá consigo la iniciativa será la disminución de ministros de 11 a 9, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, así como la reducción de requisitos para ser magistrado o juez. La reforma logró los votos que necesitaba luego de que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN) se sumó a la aplanadora oficialista como el legislador 86, pese a las acusaciones de “traidor” de su bancada. “En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen”, afirmó el veracruzano, quien con su decisión eliminó cualquier posibilidad de impugnación al darle a Morena la mayoría calificada de 86 votos que requerían por ley. La iniciativa se avaló en una doble sesión. La segunda, donde se discutió el dictamen, fue interrumpida a las 16:15 horas por cientos de manifestantes opositores a la reforma judicial, obligando a que la sesión se suspendiera y se reanudara a las 19:00 horas en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado. Los protestantes, principalmente trabajadores del Poder Judicial en paro desde hace tres semanas y estudiantes universitarios de Derecho, se trasladaron a la casona y, tras escuchar el posicionamiento de Yunes Márquez, intentaron entrar a la sesión y se encendieron los ánimos. Los policías que resguardaron el lugar, tras no poder calmar a los manifestantes, lanzaron gas para repelerlos. “¡Son unos represores, dejen pasar!”, gritaron los inconformes. Ya en Xicoténcatl, las bancadas del PAN, PRI y MC, buscaron frenar la sesión y subieron a tribuna haciendo sus reclamos y sus pronunciamientos para que ante el ruido se suspendiera la sesión. Sin embargo, ésta continuó. El debate y posterior aprobación de la reforma también quedó marcada por la ausencia de Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano por Campeche, lo que generó suspicacias de una posible “traición” al cambiarse a la bancada del Partido Verde. Pero la coordinadora de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, confirmó que el senador y su padre, del mismo nombre, así como el diputado local Paul Arce, estaban detenidos en la sala de juicios orales de Campeche por una denuncia por peculado. Clemente Castañeda, coordinador de senadores de MC, denunció la retención de Barreda: “Se está normalizando una situación que en una democracia en Estado de derecho no se puede tolerar”, subrayó.La reforma judicial, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha recibido múltiples críticas por parte de organismos civiles nacionales e internacionales, cúpulas empresariales y los embajadores de Estados Unidos y Canadá, acusando una cooptación del Poder Judicial por parte de Morena o la posibilidad de que el crimen organizado influya en la elección de jueces. La reforma judicial es parte de un paquete de 20 propuestas que el Presidente presentó en febrero para modificar diversos aspectos de la Constitución. El dictamen en cuestión incluye tres modificaciones significativas que se detallan a continuación.La propuesta de dictamen sugiere enmendar el artículo 95 de la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como los miembros de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean elegidos por votación libre, directa y secreta por un período de 12 años, en lugar de los 15 años actuales.En 2025 se celebrará una elección extraordinaria para renovar estos cargos, y los actuales ocupantes podrán postularse, según informó en febrero la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.Para aspirar al cargo de ministro, los candidatos deben contar con un título de licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8.0 y de 9.0 en las materias relacionadas con el puesto, además de tener al menos cinco años de experiencia en el campo jurídico.Los aspirantes deberán presentar “un ensayo de tres páginas en el que expliquen las razones de su candidatura y proporcionar cinco cartas de recomendación de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para el cargo”.En el caso de los ministros de la SCJN, la duración en el cargo sería de ocho, 11 o 14 años, dependiendo de los resultados de la votación.El dictamen también prevé la modificación del tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución para reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9 y acortar el período de su encargo de 15 a 12 años.La presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de forma rotativa según los votos obtenidos en la elección, correspondiendo la presidencia a quienes reciban la mayor cantidad de votos, según el dictamen. Actualmente, los ministros eligen a su presidente.Además, se eliminarán las dos salas actuales del máximo tribunal, realizando solo sesiones en el pleno, que deberán ser públicas y transparentes para garantizar el acceso a los temas discutidos.Se contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, y un ajuste en sus salarios al límite máximo establecido para el presidente de México, que, según el Gobierno federal, es de aproximadamente 8 mil dólares mensuales.SUNLa reforma propone sustituir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), responsable de la administración y supervisión de los jueces, por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.El Tribunal de Disciplina Judicial se encargará de las funciones administrativas, la carrera judicial, el control interno y la elaboración del presupuesto del Poder Judicial.El Órgano de Administración Judicial estará compuesto por cinco personas designadas por un período de seis años. El Poder Ejecutivo nombrará a uno, el Senado a otro, y la SCJN a tres.La presidencia de este órgano cambiará cada dos años de manera rotativa entre sus miembros, de acuerdo con los resultados de la votación.Entre sus funciones estarán la recepción de denuncias de cualquier persona o autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley o a la administración de justicia.La reforma también introduce la figura de “jueces sin rostro” para proteger a quienes se encarguen de casos relacionados con el crimen organizado. “En casos de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad y proteger la identidad de los jueces”, señala el documento.Actualmente, el CJF está compuesto por siete miembros: el presidente de la Suprema Corte (que también preside el Consejo), tres magistrados y jueces de distrito designados por el pleno de la Corte, dos consejeros nombrados por el Senado y uno por el Presidente de México.Mientras los senadores debatían una controversial propuesta de reforma al Poder Judicial, todo parecía indicar el martes que el partido gobernante podría conseguir los votos necesarios en el Senado para aprobar la iniciativa. A pesar de la indignación, el plan fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados y pasó a manos del Senado.
