La creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá como función la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, es un elemento positivo de la reforma judicial avalada ayer por la Cámara de Diputados con 359 votos a favor y 153 en contra. Así lo manifestaron expertos en Derecho consultados por este medio. El Tribunal se dedicará a vigilar las acciones de los jueces y será uno de los dos nuevos organismos que suplirán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), junto con el Órgano de Administración Judicial. Marcos Rosario Rodríguez, director de Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos del ITESO, consideró que es necesaria la existencia de un órgano que vigile las actuaciones de los jueces y magistrados, para que desempeñen sus funciones adecuadamente. “Es bueno que exista un órgano que vigile a los jueces y que su conducta, en lo personal y profesional, cumpla los mínimos éticos y que sus actuaciones se adecúen a la legalidad”. Carlos Ramiro Ruiz, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, quien se apoyó con el maestro Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público, mencionó las ventajas del nuevo tribunal. “(Sería) un órgano moderno que fortalezca el procedimiento de responsabilidades administrativas, para garantizar la efectiva investigación y aplicación de sanciones para los servidores públicos que cometan actos de corrupción”.El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial pretende subsanar los problemas que ha tenido el Consejo de la Judicatura Federal para vigilar y sancionar a sus trabajadores. Una investigación descubrió que de 2000 a 2023, la Judicatura apenas presentó 23 denuncias penales y no emitió sentencias condenatorias contra jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral, o delitos, como enriquecimiento ilícito o acoso sexual. Además de la mayor vigilancia a la labor del Poder Judicial, los tres expertos consultados por este medio destacaron otras ventajas de la reforma: la separación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura, el combate a la corrupción y el nepotismo, la reducción de 11 a nueve ministros (que permite recortar presupuesto) y la reducción de 15 a 12 años de estancia en la Corte. En medio de las preocupaciones por la inminente aprobación de la iniciativa presidencial en el Senado, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, ha bajado las tensiones y ha dicho que México seguirá siendo el socio más importante de su nación, con independencia de lo que ocurra con la reforma. “La integración económica va a seguir, llevamos una relación muy fuerte, 230 millones de consumidores en Estados Unidos y 130 millones en México, la economía va a seguir fuerte”.Además, la juez quinta de distrito en Morelos, Martha Magaña López, otorgó una suspensión definitiva contra la discusión y aval de la reforma al Poder Judicial, que busca impedir la aprobación de la misma en el Senado.Ayer, luego de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados son mayoría, validó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial y la turnó al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.En un artículo, Michael Stott, editor de América Latina del Financial Times, señaló las múltiples preocupaciones que ha generado en el sector empresarial la reforma judicial propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y avalada por los diputados.Ejemplificó que casos donde una empresa extranjera se enfrenta a un competidor estatal que compite de forma desleal y es respaldado por un juez aliado del partido gobernante, además de ser amenazada por la autoridad fiscal, pueden ocurrir en países como Rusia, pero no en una nación norteamericana que es el mayor socio comercial de Estados Unidos.Agrega que de ahí la alarma entre los líderes empresariales ante los planes del país para reescribir su Constitución para que, mediante el voto popular, se haga la elección de jueces, incluyendo el Tribunal Supremo, abolir los reguladores autónomos y otras medidas que incluye la reforma judicial.Con estas medidas, el Presidente de México tiene el objetivo de completar su proyecto llamado “Cuarta Transformación”.
