Ante la gran expectativa que han generado promociones en redes sociales de comercios ofreciendo hamburguesas, pozole, cervezas, helado, picaditas y hasta un privado gratis, si el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador gana la contienda electoral; surgió la pregunta de que si esto es legal o se podría estar incurriendo en un delito electoral.En entrevista con El Universal, Germán Castillo Banuet, director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), comenta que sí puede generar una vulneración en la contienda electoral, pero directamente no se puede decir si es un delito, hasta recibir una denuncia formal para realizar las investigaciones."Sin una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral o la Fepade, no se puede considerar un delito las promociones que están realizando los establecimientos, aunque sí generan extrañeza", dijo.Germán Castillo platica que se puede mostrar el apoyo a un candidato de acuerdo al principio de libertad de expresión, pero el problema recae en que se genere alguna recompensa por el triunfo de un candidato, aunque se haga por medios indirectos."Puede ser un beneficio que genere inequidad en la contienda", manifestó.De acuerdo con Castillo, el proceso para realizar la investigación y determinar si se trata de delito o no, sería el siguiente: realizar la denuncia, el ministerio publico inicia la investigación del hecho para comprobar si es verdadero o falso, determina si el hecho tiene las características de la prohibición penal; en caso de que las tenga, el ministerio público manda el caso a un juez de control quien define si hay elementos para llevar un proceso penal.Ante la posibilidad de que los establecimientos incurran en un delito electoral, los partidos políticos a los cuales pertenezca la candidatura, como en este caso es la coalición Juntos Haremos Historia, tendrán que demostrar que no están al tanto de estos apoyos ya que van en contra del derecho electoral.De acuerdo con el director de Averiguaciones Previas, la Ley General en Materia de Delitos Electorales en el Artículo 7 fracción VII señala que se impondrán sanciones a quién: "Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato", las cuales serán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años.Castillo señala que las campañas de prevención de delito electoral son de manera genérica, por lo que no hay un precedente y el INE tendrá que señalar el proceso que se debe seguir en estos casos, como el que se presentó en el que aparentemente negocios darán beneficios si Andrés Manuel gana las elecciones.Debido a que no hay delito que perseguir ya que no se ha recibido denuncia alguna, se espera que estas promociones continúen.SA
