De los 32 poderes judiciales de México, de 2015 a la fecha, ninguno ha mejorado e incluso han empeorado, “porque ahora tienen incluso respaldo en la ley, que dice que la única obligación que tienen es publicar la información que es de interés público. Pero son los mismos jueces los que deciden qué es de interés público y que no”, así lo señaló Ana Pecova, presidenta de la organización feminista EQUIS-Justicia para las mujeres.En su primer informe, en 2016, todos los Estados reprobaron en transparencia. Tres años, y una ley para que cada Estado interprete el “interés público” a su manera, después, el poder judicial de Jalisco y el país siguen reprobando en materia de justicia abierta (transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la impartición de justicia). Esto de acuerdo con el estudio “I(IN)Justicia Abierta: ranking de opacidad judicial en México”.Pecova, quien presentó los resultados en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), destacó que Jalisco se encuentra entre los 20 Estados que no cuentan con un presupuesto para las unidades de transparencia. Pero también, que sólo un Estado (San Luis Potosí) cumple con la obligación de difundir sentencias e información pública tomando en cuenta la población a la que se dirigen.David Gómez Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) agregó que, para que sea realmente transparente, el poder judicial también debe “traducir” las sentencias a un lenguaje más fácil de leer para la ciudadanía sin tantos tecnicismos.La presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero, agregó que, además de publicitar poco sus sentencias, el poder está cerrado a que la sociedad pueda participar o conocer qué se está haciendo y cómo se está haciendo.Por su parte, Ricardo Suro, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reconoció el fallo en la transparencia pero también se comprometió a mejorarla: “Si queremos ganarnos la confianza la tenemos que ganar, una de las acciones es publicar las sentencias”, explicó.Como otra solución para mejorar los niveles a nivel nacional, el senador, Clemente Castañeda, destacó la reforma a la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada en el Senado con el fin de que todas las sentencias sean abiertas y que los jueces y magistrados rindan cuentas públicas sobre su desempeño.En su participación, Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) apuntó que “al visibilizar el problema, están diciendo: podemos transformar esta realidad”.NM
