La propuesta de elegir a juzgadores por el voto popular en México que se impulsa en el Congreso dividió ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el primero de los foros de debate en el Congreso.Mientras unos coincidieron en cambios escalonados y asegurar la autonomía y el conocimiento técnico de los jueces y magistrados del Poder Judicial, otros mostraron su total rechazo a la polémica propuesta del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y expresaron su preocupación por su impacto en el sistema judicial.La división de las posturas entre los ministros mexicanos derivó del primero de nueve foros denominados “Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial”, luego de que la mayoría oficialista impuso en la agenda del Congreso una reforma a la Constitución tras el arrasador triunfo en las pasadas elecciones que le dieron una amplia mayoría parlamentaria a partir del 1 de septiembre.Con estos cambios, el oficialismo busca que los juzgadores sean electos en las urnas, incluidos los 11 ministros de la Suprema Corte mexicana, lo que supondría la renovación de más de mil 600 personas juzgadoras federales y cinco mil locales.A la vez, promueve un tribunal de disciplina judicial para evaluar el desempeño de los jueces en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario.El ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que remover en un solo momento a toda esta cantidad de personas generaría “un desajuste importante para el funcionamiento e integración de los órganos de impartición de justicia”.A su juicio, muchos procesos y asuntos judiciales quedarían en la incertidumbre en perjuicio de los ciudadanos usuarios de los tribunales de justicia, por lo que, al igual que la ministra Yasmín Esquivel, propuso hacer los cambios de manera escalonada.En este punto, Esquivel defendió que se impulse un comité técnico que evalúe los conocimientos y perfiles de quienes aspiren a ser juzgadores por el voto popular, aunque se posicionó a favor de la reforma.Pardo Rebolledo sopesó que la carrera judicial asegura que los perfiles tienen los conocimientos técnicos para poder impartir justicia en el país, pues defendió que cada juez o magistrado se hace merecedor de su puesto mediante concursos de oposición.En tanto, la ministra Lenia Batres consideró que los órganos judiciales han atendido agendas de intereses privados mientras han dejado de lado las resoluciones que permean la vida social.Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que la población acudió a las mesas de votación el pasado 2 de junio “no para votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un “valor primordial”. Por ello, afirmó que los cambios legales propuestos no ofrecen “una solución integral de los problemas que aquejan a la justicia”.El coordinador de los legisladores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, adelantó que algunos cambios legales son "irreductibles" como la separación del Supremo mexicano del CJF, la elección de juzgadores por el voto y los cambios al Consejo de la Judicatura.El Universal “Hoy, las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”.Lenia Batres, ministra a favor de limitar las funciones de la SCJN.“Aquellas personas que aspiren a ocupar un cargo de juez o magistrado federal, que pasen por una certificación, por un comité técnico de evaluación que determine que tiene la capacidad y los méritos, el conocimiento y la experiencia para acceder al cargo”.Yasmín Esquivel Mossa, ministra a favor de cambios escalonados. Voz del experto Claudia Ruiz Massieu, senadora de la RepúblicaLa reforma al Poder Judicial impulsada por el Presidente busca modificar la integración y organización de la judicatura federal, así como establecer la elección directa de sus integrantes. También busca limitar los alcances de sus decisiones al prohibir, por ejemplo, que un juzgador suspenda la vigencia de una ley cuando considere que su aplicación puede violentar derechos fundamentales.El oficialismo defiende la propuesta argumentando que obedece a una exigencia social de garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad; algunos voceros incluso han calificado como una reforma integral al sistema de justicia. Sin embargo, el verdadero propósito de la iniciativa presidencial no es otro que asegurar el control político de los tribunales federales: desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Juzgados de Distrito.Este objetivo es visible en lo que contempla la iniciativa; pero, sobre todo, en lo que no contempla: los temas ausentes que necesitan ser parte central de una discusión seria para mejorar sistema de justicia. De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del INEGI, al cierre de 2022 se reportaron dos millones 915 mil 899 averiguaciones previas o carpetas de investigación pendientes de concluir en las fiscalías, más de 98% en las fiscalías locales. Estos indicadores son suficientes para evidenciar que las capacidades de las fiscalías de todo el país están rebasadas, pero la propuesta presidencial no contiene ninguna estrategia para fortalecerlas.Sin contemplar al menos alguno de estos elementos, sin un diagnóstico claro, sin objetivos definidos y sin criterios de evaluación para alcanzarlos, la propuesta de reforma judicial del oficialismo es, en parte, una simulación, en parte una revancha; y, ante todo, un paso más en la concentración del poder sin contrapesos. Existen condiciones para impulsar una auténtica reforma integral al sistema de justicia, más allá de las ambiciones presidenciales. Es momento de discutirla con seriedad. CT
