El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer un presupuesto de más de 13 mil millones de pesos (MMP) para las elecciones del Poder Judicial en junio de 2025.Con ello, la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte, producto de la reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo, se convertirá en la más costosa de la historia del país con 13 mil 205 millones de pesos con un promedio de 40% más de la elección presidencial pasada.Los comicios del próximo año suponen un presupuesto mayor al de los de 2022, el más alto del que se tenía registro, en los que se destinaron casi nuevo mil millones de pesos para las elecciones presidenciales, de diputados federales y senadores.En sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva del INE determinó que los proyectos específicos relacionados con las elecciones judiciales deberán integrarse “a la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) y a las bases generales del Anteproyecto de Presupuesto del INE para el ejercicio fiscal de 2025”, según informó el organismo.Asimismo, el órgano expuso que “tiene la responsabilidad legal de prever adecuadamente los proyectos específicos necesarios para llevar a cabo unos comicios ordenados y eficientes”.El 1 de junio de 2025, los mexicanos elegirán entre miles de candidatos para renovar la totalidad de los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las magistraturas vacantes de la Sala Superior y todas las magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral, así como a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.Además, se elegirán por voto popular la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito con 850 puestos judiciales, de 386 de jueces y 464 magistraturas.El presupuesto para la elección extraordinaria avalado ayer por el INE se suma al anteproyecto para 2025, aprobado el sábado pasado por 27 mil 271 millones de pesos para ejercer su administración y que también aumentó al menos un 40% más.Por otra parte, ayer la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que no hay ningún conflicto interno entre los consejeros, luego de que seis integrantes del pleno votaron a favor de presentar una controversia constitucional contra la ampliación de facultades que el Congreso de la Unión le otorgó a través de la reforma al Poder Judicial.Defendió las facultades que le otorgaron a través de la reforma judicial, que le permite designar de manera directa a titulares de área y unidades técnicas para el proceso.Agencias El diputado Aniceto Polanco Morales (Morena) propondrá una reforma constitucional para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar en la elección de jueces, ministros y magistrados, que se realizará en 2025, derivado de la reforma al Poder Judicial.El proyecto plantea modificar el artículo 96 constitucional para incluir el voto de los migrantes; cabe destacar que este mismo artículo, fue modificado recientemente en la reforma judicial para establecer las reglas generales de la elección.“Hemos luchado para votar y ser votados, y esta ocasión también haremos que se respeten nuestros derechos y jamás sean violentados”, dijo Polanco Morales.Señaló que a la iniciativa se suscribieron legisladoras y legisladores migrantes de la bancada morenista, por lo que hizo un llamado a sumarse a esta solicitud y darle voz y voto a quienes viven en el extranjero.“Exhorto a las organizaciones y a los residentes en el extranjero a que se acerquen a sus diputados de la bancada correspondientes, para que apoyen y atiendan esta iniciativa de ley”, señaló la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, quien también apoya la iniciativa.De acuerdo con la iniciativa, sí se aprueba dicha modificación a la Constitución, 40 millones de mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos, tendrían la posibilidad de participar en la elección de ministros, magistrados y jueces. La Fiscalía General de la República (FGR) inició diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial.Las carpetas de investigación se han abierto por las denuncias que ha presentado el Poder Legislativo o Ejecutivo. Fuentes judiciales refieren que la fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes sobre las suspensiones que otorgaron, a través de correos electrónicos en donde les notifican la investigación a la que están sujetos.Jueces y magistrados aseguran que son medidas con el objetivo de coaccionar y amedrentar, y que se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos cuando aún hay jueces incómodos para presionarlos a que resuelvan de acuerdo con las necesidades y criterios del sistema.En este caso el sistema considera que no deben decretarse estas suspensiones y presiona por la vía penal y administrativa.Las fuentes consultadas explican que para proceder una consignación penal en contra de un juez se necesita desaforarlo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).El Universal CT
