La iniciativa para reformar al Poder Judicial pone nerviosos a los mercados financieros internacionales, en especial, a los bancos y calificadoras de Estados Unidos (EU), principal socio comercial de nuestro país.De entrada, el banco de inversión Morgan Stanley bajó la calificación del país a underweight (subponderado), ya que considera que la reforma judicial aumentará el riesgo de México como un destino propicio para las inversiones, limitará el gasto de capital en el país y pone en dudas los beneficios reales del nearshoring o relocalización de empresas estadounidenses en nuestro territorio.Bank of America, el segundo banco de mayor tamaño de los Estados Unidos, advirtió que la reforma “tiene enormes implicaciones en cómo funciona la democracia” en México, especialmente por la pretensión de sustituir mediante el voto popular a siete mil 293 jueces en funciones y los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Por lo pronto, la compañía calificó como fundamentales los próximos 90 días en los que se podrían aprobar las iniciativas del “Plan C” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que marcarían de forma negativa la economía mexicana durante la próxima década.Además, Citibanamex, banco mexicano propiedad del banco estadounidense Citigroup, afirmó que los mercados han subestimado los cambios impulsados por Morena y aliados, especialmente la reforma judicial, y el riesgo económico que conllevan.La institución financiera advirtió que Morena tendrá una amplia mayoría para reformar las leyes, suprimir órganos autónomos y plantear la elección de jueces por el voto popular, lo que conlleva “la cancelación de la democracia liberal, asentada en el Estado de derecho y regida por el cambio electoral periódico de gobiernos sólidamente contrapesados”.Israel Macías López, académico de la Universidad Panamericana, dijo que las principales afectaciones para México será el crecimiento lento de la economía y la falta de inversión extranjera.“Lo más probable es que el país crezca mucho menos o no haya inversiones y eso signifique perder la calificación de la deuda soberana. Las inversiones extranjeras se la pensarán dos veces antes de llegar a México y si no llegan, el crecimiento económico va a ser más lento, hay menos inversión y menos generación de empleo”, aseveró.Eduardo Martínez Robles, coordinador en la Maestría en Finanzas del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, coincidió en que no habrá condiciones para el crecimiento del país debido a la preocupación de los inversionistas, así como la pérdida de competitividad.“Se van a aumentar las primas de riesgo, que son lo que ofrece una aseguradora como garantía a cambio de que inviertas en un país. Al no tener certeza en el Poder Judicial, los inversionistas perderán la confianza y al aumentar las tasas de interés, se va a encarecer el dinero en México. A largo plazo, tendría efecto en las pymes”, afirmó.Por lo tanto, el peso ya sintió los efectos de la incertidumbre por una reforma contra la cual más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial iniciaron ayer paro nacional de labores. La divisa se depreció a 19.29 pesos por dólar, una depreciación de 1.62% o 31 centavos respecto a la jornada anterior. •Reforma judicialEl Poder Judicial dejará de ser un contrapeso, se debilitará la democracia en México y el país reducirá su atractivo para los inversionistas extranjeros.•Eliminación de organismos autónomosImplicará violaciones al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el más importante para nuestro país. •Iniciativa para ampliar la prisión preventiva oficiosaVulnerará los derechos y garantías individuales de empresarios e inversionistas. •Pemex y CFE vuelven a ser empresas del EstadoEsto les dará preponderancia en los mercados del petróleo y la electricidad, afectando a los inversionistas privados.•Mayor deudaLa aprobación del “Plan C” implicará una deuda por encima del 51% del Producto Interno Bruto (PIB), debido al menor crecimiento económico y el aumento de los costos de los pasivos. Fuentes: Morgan Stanley, Bank of América, Fitch y Citigroup. La Confederación Patronal de la República Mexicana solicitó al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un reparto más equitativo de las diputaciones en el Congreso de la Unión. El presidente de Coparmex, José Medina Mora, advirtió que la sobrerrepresentación podría aumentar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, debilitando la pluralidad, la justicia y las libertades de los mexicanos.Medina Mora expresó que el reparto propuesto pone en riesgo la democracia, señalando: “Los ciudadanos ya cumplimos con nuestra parte, desde la promoción neutral del voto, la credencialización, la observación electoral, la participación como funcionarios de casilla en la organización de la recepción de los votos, su conteo y el levantamiento de las actas. Ahora es tiempo de que las autoridades electorales hagan lo que les corresponde. Por eso, hacemos un llamado a los consejeros del INE y a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF para que hagan una lectura histórica y garanticen la participación de las minorías”.Asimismo, Medina Mora exhortó a los consejeros electorales a defender el voto ciudadano, destacando la confianza que Coparmex y otros sectores de la sociedad han depositado en el INE. “Así como durante años hemos defendido al INE y nos hemos manifestado en varias ciudades de México y del mundo, ahora confiamos en que el INE tomará la decisión correcta para el país. También confiamos en la Sala Superior del TEPJF y en sus magistrados para que tomen la mejor decisión”, añadió.Durante su discurso, Medina Mora estuvo respaldado por 71 dirigentes de centros empresariales a nivel nacional, quienes pidieron que la democracia siga avanzando. Reconoció que el pasado 2 de julio, Claudia Sheinbaum ganó con el 60% de los votos, mientras que la oposición obtuvo 40 por ciento. Ayer, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral discutió el anteproyecto de asignación de plurinominales, que perfila una mayoría calificada para Morena y aliados en la Cámara de Diputados, y se queda a dos escaños de alcanzarla en el Senado.Posteriormente, la propuesta será discutida ante el Consejo General del INE este viernes 23 de agosto.En San Lázaro, la coalición Sigamos Haciendo Historia tendría 364 curules. De estos, 236 serían para Morena; 77 para el Partido Verde y 51 para el Partido del Trabajo.En la coalición Fuerza y Corazón por México, el PAN tendría 72; PRI, 35 y PRD, uno de mayoría relativa.En el Senado, Morena tendría 60 escaños; el PVEM, 14 y el Partido del Trabajo, nueve. De parte del bloque opositor, el PAN sumaría 22 senadurías; el PRI, 16 y el PRD, dos. Mientras que Movimiento Ciudadano tendría cinco. Citibanamex dijo que los mercados financieros no parecen haber descontado completamente que sí habrá una mayoría calificada de Morena y que sí se aprobará la reforma judicial, y también parecen haber desdeñado el impacto político negativo de las reformas hacia el final del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como subestimado su riesgo económico.“En general, los mercados no otorgan mucha importancia al régimen político de un país, es decir, a la robustez de su democracia o rasgos de autoritarismo. Privilegian la estabilidad política y las políticas económicas previsibles para el corto y mediano plazo”, dijo la firma financiera.En el análisis “Sobrerepresentación y reforma judicial: los mercados parecen subestimar sus graves implicaciones”, explicó que en muchas ocasiones un debilitamiento de la democracia o su desaparición conllevan inestabilidad política e incertidumbre sobre la política pública y el marco jurídico.“Dada la moderación en las reacciones del mercado, es posible que quienes ya descuenten las reformas consideren que, aunque éstas debiliten la democracia, no implicarán políticas económicas anti-mercado ni debilitarán el marco macroeconómico. Esto es, puede ser que tengan confianza en las políticas públicas de la próxima administración, aunque se pierdan contrapesos”, dijo.En ese sentido, explicó que en el próximo sexenio hay indicios de que las condiciones serán propicias para cierto crecimiento económico, el aprovechamiento del nearshoring, y el clima de negocios.“El problema es que, sin contrapesos y un sólido Estado de derecho, la incertidumbre de que esa perspectiva se concrete crece fuertemente. Por definición, las primas de riesgos deberían aumentar de forma significativa. Todavía no ha ocurrido”, dijo.Citibanamex dijo que sus pronósticos macroeconómicos implican un debilitamiento de las variables principales, pero toman en cuenta que los inversionistas parecen estar subestimando los riesgos del nuevo escenario político.“Hasta ahora hemos sido moderadamente menos optimistas que el consenso de economistas en nuestras proyecciones de variables financieras, donde el peso se depreciará en mayor medida y el PIB crecerá menos tanto en 2024 como en 2025.“Estas previsiones incorporan que hay una significativa tolerancia al riesgo por parte de los agentes económicos. Paradójicamente, esto vuelve más frágiles a los pronósticos”, dijo.El Universal Voz del experto José Perdomo, experto en Derecho Electoral por la Universidad La SalleA favor de las reformas, José Perdomo dice: “La ley es muy clara y debe aplicarse como lo establece la Constitución... en la distribución de espacios plurinominales habla de partidos y no de coaliciones. Me parece que estaríamos entonces jugándole únicamente a que si es águila gano y si es sol pierdes. Yo creo que no es así. Me parece que este caso no debe estar sujeto a interpretaciones”, precisó.“Tenemos que entender la Constitución en su contexto, no en momentos aislados nada más. Entonces, si el artículo 41 nos hace referencia a partidos políticos, no a coaliciones, pues a quien se le da valor político y quien tiene valor constitucional son los partidos políticos”, remarcó para que quede muy claro. Voz del experto Luis Carlos Ugalde, ex presidente del ex Instituto Federal ElectoralEn contra, Luis Carlos Ugalde, afirma que el INE debe interpretar la ley y la Constitución para proteger los derechos políticos, “porque el artículo 40 constitucional dice que es derecho del pueblo constituirse en una República representativa, que no lo es cuando hay distorsiones de 20 puntos, como lo que va a ocurrir si esta propuesta prevalece. Creo que el INE tiene que hacer una lectura integral, contextual, histórica, ideológica, para poder resolver este asunto”.Recalca que no hay representatividad cuando una fuerza política obtiene 54% de los votos y puede lograr hasta 75% de las diputaciones.Fernando Dworak, politólogo del ITAM, coincide en que el INE debe interpretar la norma para permitir mayor pluralidad y representatividad de todas las fuerzas en el Congreso. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados citó a sus integrantes el próximo viernes 23 de agosto, a las 11:00 horas, para discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen que plantea la desaparición de órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).Ayer se realizó la convocatoria con dicho proyecto como único tema en el orden del día que discutirán los diputados federales. Inicialmente, en el calendario que había diseñado la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir los proyectos de dictamen de las reformas constitucionales presentadas por el Presidente López Obrador no se tenía contemplada una fecha para discutir este tema.Así, la Comisión discutirá hoy la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional; mañana, la desaparición de órganos autónomos; y, previsiblemente, el próximo lunes 26 y martes 27 de agosto discutirá la reforma al Poder Judicial.El titular del Ejecutivo planteó desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Inai, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros.Sin embargo, el proyecto podría ser modificado porque el IFT fue considerado en el dictamen avalado la semana pasada, el pasado 14 de agosto, por la Comisión de Puntos Constitucionales, en materia de áreas y empresas estratégicas, mediante una reserva que presentó el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana para establecer que las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.El Universal El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, 24 horas después de que le pidiera a las cinco personas más ricas de México su opinión sobre la reforma al Poder Judicial y la supuesta sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso, no ha recibido todavía respuesta.El Mandatario federal señaló que está planteando a los empresarios que no apuesten a violar la Constitución y que todos nos apeguemos a la legalidad, y que haya un auténtico Estado de derecho. Manifestó que “ya no es tiempo de simulaciones” y que quedará claro “quién es quién”.“¿Hubo ya respuesta de los empresarios?”, se le preguntó en Palacio Nacional.“No, pero yo lo estoy planteando a que no apuesten a violar la Constitución y que todos nos apeguemos a la legalidad, que haya un auténtico Estado de derecho, y que ya basta de estar simulando, y va a quedar muy claro quién es quién. Ya no es tiempo de simulaciones.“¿Qué queremos? Que haya honestidad, que se respeten las leyes, ¿o queremos que siga la corrupción, el influyentísimo? ¿Eso es lo que queremos para el país?”, cuestionó.El martes, el Presidente López Obrador pidió a las cinco personas más ricas de México que den su opinión públicamente sobre su propuesta de reforma al Poder Judicial y sobre la presunta sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso.El Universal La presión contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su polémica reforma al Poder Judicial que, entre otros cambios, busca elegir a los magistrados mediante voto popular, creció ayer con la decisión de los jueces federales de unirse al paro de labores ya iniciado por otros trabajadores del sector.La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito indicó en un comunicado que los únicos tribunales no afectados por la suspensión de actividades son la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, inmerso ahora en la resolución de las quejas surgidas de la elecciones del mes de junio. En el resto de tribunales, los únicos casos que serán atendidos serán los considerados urgentes.“Está el daño que se puede hacer a la sociedad porque el Poder Judicial es una institución que históricamente y por su naturaleza no debe ser politizada”, dijo Fernando Rangel, un juez de lo civil que considera que debe haber cambios para mejorar la justicia, pero que cree que los magistrados deben ser escuchados. Ayer comenzó el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zapopan. “El Poder Judicial no está renuente a hacer perfecciones porque sí se puede, pero no de esta manera tan arbitraria, que ya ni siquiera puede ser una persona preparada porque ya eres juzgado por ser preparado. Aquí los magistrados y los ministros tienen una carrera impresionante, maestrías, doctorados, participaciones en congresos, han sido maestros en diversas universidades. Y los quieres sustituir por personas de menos de calificación de ocho y que no tienen una carrera. Y se van a votar; no investigamos a 20 candidatos en las elecciones que acaban de pasar, ¿ahora vamos a investigar a 81 candidatos nada más para los ministros? Pues claro que no”, comentó Giselle Arroyo, oficial judicial del Poder Judicial de la Federación.La reforma judicial entre los 20 cambios plantea elegir a jueces y magistrados por voto popular por un periodo de 12 años, contrario a los 15 como es actualmente. En el caso de los ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los elegidos durarán en el cargo ocho, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de las votaciones.En caso de aprobarse, esta reforma entraría en vigor el 2025, por lo que se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar estos cargos. “El llamado es hoy a los académicos y asociaciones civiles, únanse, por favor. Despierten, atiendan nuestro llamado porque puede ser el último llamado del México independiente, del México de derechos y libertades que les queremos heredar a nuestros hijos. Estamos aquí para ustedes, estaremos aquí demostrándoles diario”, agregó Karina Ibarra, Jueza federal.El paro de labores será indefinido mientras no se llegué a un acuerdo con el Gobierno morenista, indicaron los trabajadores que tomaron parte de una vialidad en la circulación sobre la lateral de Periférico que dirige a Ciudad Judicial y que permanerá con cierre parcial a la circulación. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que laboran en Centro Penitenciario de Puente Grande clausuraron, de manera simbólica, las instalaciones que tienen en el lugar como parte del paro nacional en contra de la reforma al poder judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.Pese a que se pronunciaron en contra de la iniciativa del Presidente y del partido en el poder, algunos funcionarios que trabajan en el reciento prefirieron no entrar en paro por la excesiva carga de trabajo y por ello el cierre de sus espacios sólo fue con una conferencia y la instalación de pancartas que visualizaron su rechazo al paquete de 20 reformas constitucionales que propone el partido oficialista y que se mantendrán a la par del paro general. CT
