Pese a los niveles de violencia que se registran en el país, el presupuesto de este año para cumplir con las funciones de seguridad pública es de 144 mil 809 millones de pesos, lo que representa una reducción con respecto a la bolsa de 2018, cuando se etiquetaron 159 mil 75 millones.Siete de cada 10 pesos para este rubro se destinarán a justicia, mientras que el resto será para atender asuntos del orden público y seguridad del interior.De los más de 144 mil millones de pesos, 137 mil millones se destinarán a servicios personales (cinco mil millones menos de los presupuestados en 2018).Durante el mensaje que brindó el pasado lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador para informar sobre sus primeros 100 días de Gobierno, reconoció que los índices de inseguridad se han mantenido prácticamente en los mismos niveles de la pasada administración, pero confió en que la entrada en vigor de la Guardia Nacional “tranquilizará” al país.De manera general, la incidencia delictiva se elevó en el país: pasó de 148 mil 152 ilícitos a 160 mil 712 entre enero de 2018 y el mismo mes de 2019.En el tema de los homicidios, por ejemplo, de enero a noviembre de 2018, el promedio diario fue de 91.3, mientras que, entre diciembre y los primeros días de marzo pasados, se ubicó en 88.2.En ese periodo, el robo de vehículos fue de 669.6 diarios contra 636.1, respectivamente.En el robo de combustible sí hay reducciones importantes, pues pasó de 81 mil barriles diarios a 15 mil.Aunque la Policía Federal es la responsable de llevar a cabo acciones de combate a la delincuencia y el narcotráfico, se le etiquetaron mil 665 millones de pesos menos (tendrá 26 mil 521 millones este año).Lo mismo sucede con el Sistema Nacional de Seguridad Pública: se encarga de coordinar a todas las instituciones de seguridad pública de la Federación, Estados y municipios, pero su presupuesto se redujo en 903 millones para quedar en alrededor de 12 mil millones.GUÍAPara este año, el apartado de justicia tiene 10 mil millones de pesos menos con respecto a 2018. El presupuesto pasó de 113 mil 328 millones de pesos a 103 mil 135 millones de pesos en 2019.Las tres instancias que integran el Poder Judicial presentan recortes significativos: el Tribunal Electoral de la Federación con una reducción de 37.2%, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una baja de 20.4% y, el Consejo de la Judicatura Federal, con un recorte de 12.1%.En materia de procuración de justicia, la disminución es de 932.2 millones de pesos, de los cuales 859 millones corresponden a la ahora Fiscalía General. Esto, a pesar del rezago que existe en la materia y que se arrastra desde 1984. El fiscal Alejandro Gertz afirma que se tienen 205 mil averiguaciones previas en trámite y en reserva.Los 932 millones de pesos menos que tiene como presupuesto la Fiscalía General para este año impactan a los principales programas en materia de investigación.De acuerdo con el Presupuesto 2019, para investigar y perseguir los delitos del orden federal recibirá nueve mil 447 millones de pesos; es decir, 116 millones menos respecto al año pasado.Para investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada tendrá 216 millones de pesos menos (etiquetaron mil 786 millones para este año).Los 15 mil 351 millones de pesos que recibirá la Fiscalía General en su primer año, tras sustituir a la Procuraduría General de la República, representa el presupuesto más bajo de los últimos seis años, a pesar del rezago que presenta en materia de carpetas de investigación y averiguaciones previas.Durante 2013, que fue el primer ejercicio presupuestal completo del sexenio pasado, se le etiquetaron 15 mil 760 millones de pesos. Y en los dos años siguientes, la entonces Procuraduría General contó con un presupuesto superior a los 17 mil millones de pesos.Congelan plazasNo se contempla la creación de nuevas plazas para la Fiscalía General de la República en este año.En 2018, la dependencia contaba con 22 mil 332 trabajadores.El proyecto para crear la Guardia Nacional indica que las Fuerzas Armadas de México tendrán un límite de cinco años para intervenir en las tareas de seguridad del país. Después, los elementos deberán regresar a sus cuarteles. La iniciativa sufrió modificaciones tras las observaciones realizadas por la sociedad civil, pero es la gran apuesta del Gobierno federal para mejorar la seguridad.Los cambios se aprobaron en la Cámara de Diputados el pasado 28 de febrero. Ahora, el Artículo 10 remarca que los mexicanos tienen derecho a contar con armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. Anteriormente se especificaba que las personas podían tener armas que no estuvieran prohibidas por el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.El Artículo 16 acota que se puede detener al indiciado en el momento en que cometa un delito o inmediatamente después de haberlo realizado, poniéndolo a disposición de la autoridad civil más cercana y, con la misma prontitud, presentarlo ante el Ministerio Público. Ahora existirá un registro inmediato de la detención (el cambio fue para especificar que el indiciado se debía remitir a una “autoridad civil”).También se remarca que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género”, se destaca en el mismo artículo.Y el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de Gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública.Entre las reformas constitucionales más polémicas para la creación de la Guardia Nacional destacan las que daban facultades exclusivas a la Cámara de Diputados y al Senado.Sin embargo, se derogó la fracción XV del Artículo 73, que mencionaba que el Congreso podía dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar a la Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de los jefes y oficiales.En la fracción XXIII del documento se añade que el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir las leyes, con respeto a los derechos humanos, que marquen las bases entre los tres niveles de Gobierno en el país. Así como organizar a “la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de esta Constitución”.Mientras que en la fracción IV del Artículo 76 se mencionaba que los senadores tenían que dar su consentimiento para que el Presidente de la República dispusiera de la Guardia Nacional, “y fuera de sus respectivas Entidades federativas, fijando la fuerza necesaria” para su operación. Pero la reforma modificó la fracción y estableció que la competencia del Senado solamente será la de analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. En la fracción XI se reforma que, además de aprobar, el Senado puede analizar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley. También se derogó la fracción I del Artículo 78, donde se ordenaba que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión prestara su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos relacionados al ya mencionado Artículo 76 fracción IV.Prevén que, en breve, se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación.Sigue: #DebateInformador¿Cuál delito se ha incrementado en su colonia?Participa en Twitter en el debate del día @informador
